Se agrava el conflicto entre el Gobierno y la Justicia

La jueza que restituyó a Redrado en el Banco Central se negó a recibir la apelación del Poder Ejecutivo y denunció presiones; la Casa Rosada logró que un juez de la cámara de feria aceptara la presentación oficial
El gobierno de Cristina Kirchner redobló ayer su presión sobre la jueza María José Sarmiento, que había dispuesto el viernes la restitución de Martín Redrado al frente del Banco Central (BCRA) y que suspendió el uso de las reservas para pagar la deuda pública.

La ofensiva oficial tuvo dos flancos. Por un lado, la magistrada denunció la presencia de un móvil policial en la puerta de su domicilio, lo que a su entender era intimidatorio, además de haber recibido dos llamadas telefónicas durante la madrugada.

La otra respuesta del Gobierno se centró en el plano judicial: convenció a un juez de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de que aceptara recibir la apelación oficial en pleno fin de semana y durante la feria judicial. El tribunal de alzada lo hizo después de que la magistrada se hubiera negado, por la mañana, a recibir las apelaciones en su domicilio particular, ante una delegación de la Policía Federal.

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijo que "la disposición de la jueza tiene una raíz política evidente" y la acusó de haberse negado a recibir la apelación.

En diálogo con LA NACION, la magistrada confirmó que no recibirá los recursos de apelación hasta mañana, a partir de las 7.30, ni aun luego de que la Sala de Feria de la Cámara habilitara días y horas inhábiles para recibir la apelación oficial. "Esta decisión no tiene precedente", dijo la jueza Sarmiento, con asombro.

Desde Santa Teresita, el ex presidente Néstor Kirchner denunció: "Estemos atentos. Hay una conspiración permanente. Y si no vean qué vergüenza lo de la jueza que en sólo dos horas resolvió una situación [la restitución de Redrado] y después no la podíamos ubicar para poder tener la misma oportunidad".

La jueza señaló que resolverá las apelaciones, apenas las reciba, con la misma premura que dictó la medida cautelar que restituyó a Redrado, dijo a LA NACION mientras navegaba por el los brazos del Delta del Tigre. "La decisión de habilitar las apelaciones es mía. Me voy a atener a las normas del Código", afirmó Sarmiento. "Apenas lo reciba resolveré con la misma rapidez que con el amparo del presidente del Banco Central", señaló.

El Gobierno pretende que la apelación tenga un efecto suspensivo para que Redrado deje de ser presidente del BCRA cuanto antes. "Eso lo resolveré en el momento de recibirla; puede tener efecto suspensivo o devolutivo", explicó.

Aníbal Fernández anunció a media tarde de ayer que presentó las dos apelaciones "ante la Cámara de Feria" y que ésta "habilitó día y hora" y "permitió que quedaran interpuestos los recursos". Según pudo saber LA NACION, la estrategia del Gobierno "es absolutamente judicial para dar vuelta esos dos fallos".

El primero es el que suspendió el decreto 2010/09, por el cual la presidenta Cristina Kirchner dispuso usar 6569 millones de dólares de las reservas del BCRA para garantizar el pago de la deuda este año. Esa medida cautelar de la jueza rige hasta que se pronuncie el Congreso.

La segunda medida cautelar es la que suspendió el decreto 18/10, por el que se destituyó a Redrado sin consultar al Congreso. Si la Cámara falla en favor de los recursos presentados por el Gobierno, Redrado apelará ante la Corte Suprema, que debería definir ambos pleitos.

Presión a domicilio

El primer intento de apelación de Fernández había sido por la mañana temprano. Envió a las 7.30 una delegación de la Policía Federal, a cargo del subcomisario Marcelo Méndez, de la comisaría 19», al domicilio particular de Sarmiento, en avenida Santa Fe al 2900 de esta Capital.

Pareció un intento de presión. Previamente, la jueza había recibido allí dos llamadas telefónicas, una a las 2 y otra a las 4 de la madrugada de ayer. En ambas nadie se dio a conocer y cortaron. Se supo que a esa hora la Casa Rosada hacía inteligencia -pero no con la policía- en el domicilio de la magistrada.

Una vez chequeado el domicilio, Méndez entró en escena. Con amabilidad, el subcomisario le dijo: "La superioridad necesitaría saber en qué momento puede recibir un oficio de parte de la Presidenta".

"No sé de qué se trata; no puedo responderle", respondió Sarmiento. Méndez se retiró al patrullero y consultó, según fuentes oficiales, con el subjefe de la Policía Federal, Jorge Oriolo, ya que el jefe, Néstor Valleca, está de vacaciones. Oriolo pidió directivas a Aníbal Fernández.

"Se trata del recurso de apelación del fallo del Banco Central", informó Méndez. La jueza replicó: "Yo acá no puedo recibir nada. No tengo jurisdicción en mi domicilio". El oficial regresó al móvil.

En pocos minutos, la orden de Aníbal Fernández a Oriolo fue tajante: "Que vaya a su despacho". La magistrada rechazó gentilmente el pedido ante el subcomisario y le confirmó que recibirá el oficio mañana.

Luego, el patrullero siguió a Sarmiento, que se dirigió a desayunar a lo de su amiga Aída Pawlak. Cuando la jueza retornó a su casa, el móvil regresó a su puerta y estuvo hasta las 12.30. "Permaneció allí para vigilancia general y para que no hubiera escraches", explicó una fuente oficial. La magistrada partió al mediodía hacia el Tigre, donde salió a navegar con amigos hasta la noche.

Comentá la nota