La agitación y hostilidad social en el norte causan peleas e inquietud

Por: Eduardo van der Kooy.

Algunas cuestiones de la política parecieran salirse de carril. Veamos: la comisión de Labor Parlamentaria del Senado se reunió ayer con el propósito de definir la polémica sobre la fe de erratas introducida subrepticiamente en la ley de medios sancionada hace diez días.

Ese debate, sin embargo, fue desplazado de la médula por otro: la sucesión de episodios violentos, en especial en el norte argentino, que empezaron a conocer la luz pública desde la agresión que sufrió el viernes pasado en Jujuy el jefe del radicalismo, el senador Gerardo Morales.

La oposición, en especial la UCR y la nueva agrupación de Elisa Carrió, suponen que aquellos hechos forman parte de la lógica que Néstor y Cristina Kirchner le han impreso a la política después de la derrota electoral del 28 de junio. El peronismo disidente está todavía a un paso de distancia de ellos, pero no piensan muy distinto que sus colegas antikirchneristas.

La oposición copó la iniciativa en el encuentro de ayer y resolvió someter en la sesión de hoy en el recinto del Senado un pedido de informe al Poder Ejecutivo sobre diferentes sucesos conocidos en Jujuy, Salta y Santiago del Estero. Miguel Angel Pichetto, el jefe del bloque oficialista, ya anticipó su negativa a considerar aquella solicitud.

La cuestión tiene diversas aristas. Luego de remar durante mucho tiempo contra la corriente, la oposición pareciera haber hallado un curso favorable. Un tema que, al menos, tiende a invertir posturas en la escena pública: la iniciativa puede quedar en manos de los opositores; el Gobierno estaría condenado sólo a la defensa.

La oposición pretendería saber por qué razón el Gobierno guardó silencio después de las agresiones sufridas por Morales en Jujuy. Tres días le llevaron al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, articular alguna explicación que, por lo demás, resultó escasamente convincente.

La incipiente ofensiva opositora apunta contra un flanco flojo y siempre cuestionado del kirchnerismo: la relación con organizaciones sociales, con núcleos piqueteros; el manejo indiscriminado de fondos destinados a aquellos sectores. No se trata de una cuestión menor: todas aquellas organizaciones son las que acostumbran, en las buenas y en las malas, a darle presencia callejera al Gobierno. Casi todas, por ejemplo, se sumaron a la celebración cuando el Senado sancionó la ley de medios.

El control de la calle es un aspecto clave en la lógica de los Kirchner. Sobre todo, a medida que han perdido el favor popular. La oposición no logró contrarrestar esa estrategia, ni siquiera cuando obtuvo la victoria en las urnas.

Los episodios en Jujuy fueron los que alcanzaron mayor repercusión. Dominaron, de hecho, las consideraciones en el encuentro de Labor Parlamentaria del Senado. Pero representantes de Salta y Santiago del Estero también quisieron decir lo suyo: los amedrentamientos y las acciones directas suelen ser una característica de la agrupación barrial Tupac Amaru, la misma que bajo el mando de Milagro Sala, produjo los desmanes jujeños en presencia del jefe de la UCR.

La oposición sabe que los Kirchner fueron los autores de ese sólido tramado social pergeñado desde que llegaron al poder, cuando la gran crisis aún no había sido superada. Pero la carga política y administrativa recaería, desde hace tiempo, sobre un burócrata silencioso: Oscar Parrilli, el secretario General de la Presidencia. El funcionario que responde a las órdenes de Kirchner y lleva la agenda cotidiana de la Presidenta. Sobre él pensaría la oposición descargar la andanada.

Parrilli ha sido brazo ejecutor de las políticas con los piqueteros y las organizaciones sociales. De hecho, participó en la organización del acto en el cual los piqueteros de Luis D'Elía, los intelectuales de Carta Abierta y la ultraizquierda de Quebracho repudiaron a Morales y celebraron los dichos de Diego Maradona, después de la victoria de la Argentina en Montevideo.

La organización que está en la mira es Tupac Amaru, inserta en la CTA, dedicada en sus orígenes a la construcción de viviendas económicas pero que, con el tiempo, extendió la participación en áreas de educación y salud. A raíz de los episodios en Jujuy, se supo que Milagro Sala recibe mensualmente para sus quehaceres sociales casi 8 millones de pesos mensuales. Se construyen viviendas pero esas construcciones dejarían ganancias para financiar actividades políticas y sociales.

El objetivo de la oposición es que el Gobierno explique la cantidad exacta de fondos destinados, sus objetivos y los controles a los cuales estarían sometidos.

Salteños y santiagueños informaron que las actividades de aquella agrupación en esas provincias también causan profunda preocupación. En Santiago del Estero, por caso, se habría producido la toma de tierras a mano armada. Con revólveres y palos. Ninguna autoridad política logró evitarlas y ahora temen que cualquier intento de desalojo derive en un escándalo El problema de la agitación y hostilidad social creciente se enhebra con otro tema en boga: el plan de ayuda social para niños, que coloca al Gobierno en una vereda y a la Iglesia y la oposición en la otra.

El Gobierno se había comprometido, luego de la derrota, a implementar la asignación universal a la niñez. Pero evitó incluir cualquier referencia en el Presupuesto 2010 que la semana pasada tuvo media sanción de Diputados. Frente a las críticas de la oposición e incluso de los aliados adoptó una medida repentina: el aumento de la asignación por hijo a las familias pobres. La oposición y la Iglesia la consideran insuficiente y dentro del mismo esquema clientelista que propicia el Gobierno.

La cuestión social no es sólo un escollo ocasional: también un laberinto del cual le costará salir indemnes a los Kirchner.

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