Agüero se retiro como docente de la provincia

La resolución del gobernador es retroactiva a octubre de 2007, cuando todavía no había sido condenado por el desfalco al IPAV. Si finalmente la Justicia lo declara culpable será exonerado de la Administración Pública.

JUAN JOSE REYES

A los 61 años, Hugo Nelson Agüero, un ícono del marinismo, decidió seguir el camino de otros ex funcionarios provinciales, como Elsa Labegorra, Cristina Hidalgo y Enrique Romero Oneto. El otrora ministro de Obras Públicas y vicepresidente primero del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV) decidió acogerse al retiro voluntario especial previsto en la Ley 2341, un salvo conducto que llevó al retiro a varios políticos en problemas con la ley.

El gobernador Oscar Mario Jorge firmó el 17 de noviembre el decreto 3076 por el cual le aceptó la renuncia, aunque en forma condicionada al resultado del sumario administrativo iniciado por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). Es que luego de ser encontrado culpable del delito de enriquecimiento ilícito por la Cámara del Crimen 1 de Santa Rosa, Agüero está a la espera de un juicio oral por la Megacausa del IPAV que podría mandarlo otra vez a la cárcel.

A pesar de todo, parece haber logrado una jubilación especial como profesor docente titular de Diseño en el Colegio Polimodal “Ciudad de General Pico” y Mantenimiento de Obra Fina en la Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) Nº 2, de aquella ciudad. Lo sospechoso de la decisión gubernativa es que el retiro fue aceptado hace 15 días pero con retroactividad al 16 de octubre de 2007, sugestivamente dos meses antes de su condena por la Cámara 1.

El juicio oral y público será decisivo para lo que todavía queda de las cenizas de su larga carrera política. Si el fallo de la Justicia es contrario a sus intereses, la FIA deberá actuar en consonancia con aquella, por tanto debería exonerarlo de la Administración Pública.

La estrategia del retiro voluntario ya fue utilizada antes por quien en su momento debió juzgarlo, el ex titular de la FIA, Enrique Romero Oneto. El ex fiscal solicitó derechos jubilatorios antes de los resultados judiciales. Tal mecanismo, previsto por la legislación, también fue usado por otras ex funcionarias marinistas con causas por dilucidarse, como Cristina Hidalgo (ex directora de Familia y Menor) y Elsa Labegorra (ex subsecretaria de Asistencia y Promoción a la Comunidad) procesadas en la causa penal de los “viajes fantasmas”.

Allá lejos y hace tiempo.

El decreto, publicado en el Boletín Oficial N° 2815 dado conocer el viernes pasado, expresa en su acápite primero que la renuncia es dada en forma condicionada a las resultas del sumario administrativo iniciado por la FIA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 94 de la Ley N° 1124. El desagregado del Decreto nada dice sobre a qué año se remite el ejercicio de la docencia, pues, que se sepa, el ex hombre fuerte del organismo de Vivienda estuvo en el gobierno provincial durante 20 años (desde diciembre de 1983 hasta el mismo mes de 2003).

Salvo cuando el fiscal Jorge Amado terminó de investigar su evolución patrimonial, aquel buscó un atajo para demostrar su estrechez financiera retornando como profesor a la EPET de Pico. Fue por muy poco tiempo. La realidad es que pasó mucha agua bajo el puente desde que ejercía la docencia en 1981 y su patrimonio, según su declaración jurada de bienes, era el de un pobre.

Si bien sólo en cuentagotas se hace Justicia en La Pampa: varios ex funcionarios corruptos siguen libres, algunos ejerciendo la función pública, otros “triunfando” en la actividad privada y en este caso en particular solicitando una jubilación especial por si llegase a escapar de las garras de la Justicia. Es de esperar que si la justicia falla en contra de los intereses de Agüero, el nuevo titular de la FIA, Juan Carlos Antonio Carola, cumpla con lo que estipula la ley: exoneración.

Retroactividad preocupante.

Lo llamativo del retiro voluntario de Agüero es la fecha de retroactividad que tiene (16 de octubre de 2007) ya que ahí todavía no había sido condenado en primera instancia en la Megacausa del IPAV. Recién fue condenado el 14 de diciembre del año pasado a 5 años de prisión e inhabilitación perpetua. La Cámara lo castigó por peculado y cohecho menor. Agüero –que enfrentó acusaciones por asociación ilícita y peculado por más de 900 mil pesos de dos cuentas bancarias, cometido a través de las operatorias Banco Hipotecario– zafó del peculado de servicios y de la asociación ilícita.

También fue procesado por los gastos de inspección y la figura de cohecho impropio o menor al contador fiscal Rubén Naval entre 1994 y 2003. No era la primera vez que Agüero estaba en el banquillo de los acusados: en 2006 fue condenado a prisión efectiva de 3 años por enriquecimiento ilícito. Estuvo 15 meses preso y los jueces le aplicaron una multa equivalente al monto del enriquecimiento, medio millón de pesos, e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Si bien resta el juicio oral y público sobre la otra causa que pesa sobre él, la fecha del decreto de retiro voluntario especial llama a suspicacias.

Condenas varias

En toda la catarata de juicios que afrontó, incluida la cárcel el 27 de agosto de 2004, tuvo que enfrentar además respecto de su patrimonio la denuncia realizada por los diputados de la UCR (abril 2002), a raíz de una serie de notas del jefe de redacción del diario LA ARENA por enriquecimiento ilícito. Pero la causa del IPAV, aún inconclusa, es vital para saber qué suerte correrá con su jubilación y con las rejas.

La fiscal de instrucción, Susana Alvarez, dijo en la acusación que sus hijos no tenían “capacidad económica” –de acuerdo a lo que “pagaban como monotributistas”– para adquirir un automóvil Audi 3, una camioneta Mitsubishi Montero, un departamento en Buenos Aires, otro en Mar del Plata y un terreno de su madre. Por eso llegó a afirmar que esos y otros bienes fueron adquiridos por Agüero (este además tenía otro Audi, casas, terrenos y numerosos viajes al exterior). También puso en "tela de juicio" que hubiera comprado un departamento en la calle Talcahuano, en Buenos Aires, en 1992, con lo que recibió por la venta de la mitad de una vidriería, ocho años antes.

La pena más dura impuesta por la Cámara conformada excepcionalmente en aquella oportunidad por los jueces civiles Carlos Perdigués, Graciela Martín y Jorge Cañón fue la de 5 años de prisión efectiva por peculado, cohecho menor e inhabilitación absoluta perpetua. El tribunal dio por probado que entre 1999 y 2003 se desviaron fondos públicos por $960.456,21 a través de las operatorias del Banco Hipotecario Nacional y gastos de inspección. ¿Se jubilará como docente? ¿Se lo exonerará? ¿O irá nuevamente a la cárcel?

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