La agenda pública de una nueva etapa

Por Nicolás Ducoté

Director general de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento)

La convocatoria de la Presidenta a un nuevo diálogo poselectoral, la invitación a los diversos actores políticos para iniciar una reforma política, y la configuración de un nuevo Congreso de la Nación con una conformación partidaria más equilibrada, presentan una oportunidad especial para que la Argentina avance en el diseño y la implementación de políticas públicas fundamentales para fortalecer la democracia y retomar una senda de crecimiento con equidad

Por ello, sería muy bueno que la agenda de consensos y la tarea legislativa del próximo semestre y del próximo Congreso incluyan el debate de una serie de propuestas y reformas estructurales relacionadas con la transparencia, el equilibrio de Poderes, la independencia de la Justicia, y la distribución de los recursos federales.

En materia de transparencia, es imprescindible contar con una ley nacional de acceso a la información pública que garantice el derecho constitucional de todos los argentinos a buscar y recibir datos de calidad. Además, el Estado tiene la obligación de brindar información estadística confiable y, por ello, resulta imprescindible terminar con la equivocada intervención del Indec, y reconstruir la confianza en una de las principales fuentes de información que el país necesita y merece tener.

En lo que respecta a las reformas para atenuar el hiperpresidencialismo argentino, esta nueva etapa presenta al sistema político (debido a la nueva configuración de fuerzas que se vislumbra), la oportunidad de limitar las facultades del Ejecutivo en los ámbitos que exceden a sus funciones. Por un lado, el Poder Legislativo debería minimizar las facultades delegadas, y eliminar o reducir definitivamente los superpoderes presupuestarios que facultan al jefe de Gabinete a hacer y deshacer a su antojo el Presupuesto Nacional. Complementariamente, resulta clave fortalecer el trabajo de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, encargada de controlar la emisión de los decretos de necesidad y urgencia.

En cuanto a la distribución de recursos federales, el Parlamento tiene, desde la modificación constitucional de 1994, una deuda con el mandato constitucional de reformar la Ley de Coparticipación que, hasta hoy, permanece incumplido. Por eso, es necesario avanzar en la conformación de un sistema de distribución que termine con la dependencia económica que las provincias tienen con la Nación y que, además, desalienta el comportamiento fiscal responsable en las provincias. Para empezar esa reforma, hay que reconsiderar una mayor o total coparticipación del impuesto al cheque, revisar el reparto del impuesto a las Ganancias, reintegrar los aportes provinciales a la seguridad social posteriores a la estatización del sistema previsional, y saldar la deuda de los ATN pendientes de pago, entre otros temas.

A su vez, también en términos fiscales, la Argentina necesita una reforma del sistema tributario, que nos lleve a un sistema más progresivo de impuestos, y no regresivo como el actual, que grava tributos al consumo y, por ende, recae con más fuerza sobre los sectores más desfavorecidos. Por ejemplo, hay que bajar el IVA a la canasta básica, además de dirigir subsidios a los sectores que más los necesitan en lugar de asignarlos a quienes tienen más voz y peso en el sistema político. Además, el Parlamento y el Poder Ejecutivo podrían tomar medidas más fuertes en pos de lograr una mayor transparencia presupuestaria, necesaria para asegurar la confianza de la ciudadanía y reducir todo lo posible los índices de evasión impositiva.

Otro de los debates imprescindibles de esta nueva etapa, se refiere a la independencia de la Justicia. Si bien durante el gobierno de Néstor Kirchner se conformó una Corte Suprema más fuerte e independiente, la reforma del Consejo de la Magistratura redundó en un organismo en el que las fuerzas políticas (esencialmente oficialistas) tienen mayor peso de decisión en el nombramiento de los jueces, lo cual debe revertirse mediante una nueva modificación en la composición y funcionamiento del Consejo.

Finalmente, será clave que el Parlamento garantice la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, que establezca metas de inversión en educación tanto para la Nación como para las provincias para los próximos cinco o quizás 10 años. Y luego hay que hacerla cumplir, como ocurrió con la Ley que se aprobó en 2005 y estableció que los distintos niveles de gobierno aumenten progresivamente la inversión en Educación, Ciencia y Tecnología hasta alcanzar una participación de 6% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2010.

El nuevo escenario poselectoral presenta al Poder Ejecutivo y al Congreso una coyuntura política única para avanzar definitivamente en la sanción e implementación de reformas estructurales que garanticen un sistema democrático más fuerte y equitativo, y un país verdaderamente federal.

El equilibrio de fuerzas políticas resultante de las elecciones de junio y el llamado de la Presidenta al diálogo, dan a la Argentina una nueva oportunidad. Del compromiso de todos los dirigentes -políticos y sociales-dependerá que nuestro país pueda saldar muchas de las deudas que tiene desde hace años. Esperemos que nuestros líderes estén a la altura de las circunstancias.

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