La agenda parlamentaria del Grupo C

La agenda parlamentaria del Grupo C
Decidieron no sumergirse en el Grupo A opositor, ni en el Grupo B del kirchnerismo y sus aliados. Pueden desequilibrar la votación con una reñida paridad en la Cámara de Diputados, y piden nuevas normas laborales, económicas y sociales para discutir en 2001.
Sin vacilar, esta vez la centroizquierda decidió no dejar pasar la oportunidad de hacer valer el poder que hoy tiene en sus manos. Con la certeza de que el oficialismo y el resto de los sectores opositores se disputarán sus votos para conseguir mayoría en el Congreso, los 11 diputados de los cinco bloques progresistas que conformaron un espacio legislativo conjunto ya tienen una estrategia para marcar una agenda común y romper con el discurso binario de los debates parlamentarios.

Tres de sus exponentes, Claudio Lozano, de Proyecto Sur; Eduardo Macaluse, de Solidaridad e Igualdad (SI); y Victoria Donda, de Libres del Sur, le contaron a Crítica de la Argentina algunos de sus principales proyectos, aseguraron que apuestan a sumar a otros legisladores afines y aclararon: "No queremos ser la izquierda del kirchnerismo pero tampoco de la oposición".

Tras los resultados del 28 de junio, tanto el oficialismo como parte de la oposición empezaron a sacar cuentas de la cantidad de votos que cada uno necesitaba para aprobar sus propias iniciativas dentro de la Cámara de Diputados y, rápidamente, tuvieron que mirar a la centroizquierda. "Si votás una buena ley del Gobierno, dicen que te vendiste a los K. Si acompañás al radicalismo, la Coalición o el PJ disidente, dicen que le hacés el juego a la derecha. Nosotros no somos ni una cosa ni la otra. Queremos crear un tercer lugar y ser el fiel de la balanza", anticipó Macaluse.

"A este grupo lo podemos bautizar ‘equipo de primera’", bromeó Lozano, en referencia al número de miembros de este "tercer polo". "Las mayorías se construirán ley por ley. Vamos a otorgar mayorías en función de lo que pensamos que es mejor para la sociedad", añadió el economista de la CTA.

El nuevo espacio legislativo progresista está integrado por los diputados de SI Verónica Benas y Macaluse; Cecilia Merchán y Donda, de Libres del Sur; Fernando "Pino" Solanas, Alcira Argumedo, Jorge Cardelli, Liliana Parada y Lozano, de Proyecto Sur; Miguel Bonasso, de Diálogo por Buenos Aires; y Graciela Iturraspe, de Instrumento Electoral.

Sin llegar a confluir en un interbloque, los 11 diputados lograron consensuar una batería de propuestas parlamentarias que intentarán instalar el próximo año en el recinto. "Vamos a tratar de que se debata una ley nacional de juventud, de modificar la ley de contrato de trabajo y de establecer un mecanismo nacional contra la tortura", explicó Donda. La joven legisladora aseguró que también insistirán con la reforma de la legislación de entidades financieras, y especificó: "Si el Gobierno decide avanzar en eso, lo apoyaremos; pero si es otra fuerza política la que lo lleva adelante, también".

Entre las principales preocupaciones de la bancada de SI está la necesidad de reformar la Ley de Educación Superior, promover un proyecto general de salud, reinstalar el debate sobre la protección de glaciares, crear una comisión bicameral que revise la legitimidad de la deuda externa y conseguir la aprobación de una Junta Nacional de Granos y una ley de arrendamiento.

Mientras tanto, Proyecto Sur apuntará a los proyectos vinculados a los recursos naturales, como prohibir la explotación de la minería a cielo abierto; y en cuanto al bloque social, la prioridad será impulsar una asignación universal por hijo, prohibir los despidos sin causa, crear un seguro de empleo y formación, y transformar la ANSES en un organismo autónomo.

Además, este espacio de centroizquierda procurará que el Parlamento vuelva a ocupar el rol de fiscalizador de las cuentas públicas y promoverá una reforma integral del impuesto a las Ganancias. "Tal vez lo más difícil sea conseguir que el resto de la oposición apoye los proyectos que tenemos para la creación de una petrolera argentina o la construcción de una empresa estatal de ferrocarriles. Pero seguro van a estar de acuerdo con normalizar el INDEC o revisar la reforma política", apuntó Lozano.

El grupo de los 11 no descarta extender sus fronteras y convertirse en un espacio compuesto por 25 integrantes. Los posibles candidatos son los cinco diputados del GEN, los seis del socialismo y los tres del Frente Cívico liderado por Luis Juez. Más allá de los acuerdos implícitos con los bloques del progresismo, el partido de Margarita Stolbizer y los socialistas antes deberán resolver su situación dentro del Acuerdo Cívico y Social.

Aunque la flamante sociedad de centroizquierda está alejada del bloque filo K de Martín Sabbatella, Vilma Ibarra, Ariel Basteiro, Jorge Rivas y Carlos Heller, no pierde las esperanzas de achicar las diferencias y confluir en un mismo lugar. En palabras de Donda: "Además del pensamiento común, tenemos que tener una práctica común".

OPINIÓN

Menos encuestas no es más transparencia

Daniel Cabrera (Lic. en Ciencia Política, docente e investigador, UBA)

La ley denominada pomposamente de "Democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral" restringe la publicación de encuestas desde los ocho días previos a los comicios, bajo el supuesto de que dicha divulgación interferiría la transparencia y el carácter democrático del voto. También obliga a las empresas encuestadoras que deseen hacer públicos sus trabajos a inscribirse en un registro especial.

El rebuscado texto contiene un par de incongruencias, sea cual fuere la posición asumida respecto de la cuestión de fondo. En primer lugar, no está claro cuál será el destino del artículo 71 del Código Electoral Nacional, que permanece inalterado, que impedía la publicación de resultados de encuestas desde sólo 48 horas previas a los comicios. ¿Cuál de las dos normas aplicarán los jueces ante una eventual transgresión? En segundo término, la ley dice que "aquellas empresas que no se encuentren inscriptas en el Registro no podrán difundir encuestas por ningún medio…", y prescribe que quienes incumplieran serán sancionados con la prohibición de anotarse en el referido padrón. ¿Qué sucederá con una empresa que no se registró porque no desea difundir sus resultados, pero éstos llegan a los medios de todas formas y, finalmente, se divulgan? El castigo está previsto para la empresa, pero el que publica es el medio, y para éste no hay pena.

El argumento más importante de quienes pugnan por limitar la difusión de encuestas electorales se basa en la creencia de que constituiría una influencia que operaría como manipulación: una contaminación externa al libre albedrío del individuo, principalmente de los indecisos.

La influencia de los medios tiene sus bemoles. Su poder se viene estudiando en las ciencias sociales desde hace casi un siglo. Quedó atrás la etapa en que se creía que los medios influían directa e inmediatamente en el público, obligando a una única lectura y forzando unanimidad de respuestas frente al estímulo mediático: el consenso actual reconoce a los medios su capacidad para imponer temas y operar sobre la cognición a mediano y largo plazo, pero no para decirnos qué pensar sobre cada tema. La práctica del voto es un proceso sumamente complejo, imposible de reducir bajo la idea de estímulo-respuesta, por más que aquél se repita hasta el cansancio. Prohibir la publicación de encuestas no suma transparencia ni democracia sino que resta información, divide aguas y multiplicará picardías: estarán por un lado los que posean la información –los candidatos, los medios, los expertos– y, por otro, los que carezcan de ella, el público.

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