La agenda económica de la oposición

Medidas para solucionar la crisis del campo y el retorno de estadísticas creíbles son las principales propuestas en que coinciden los antikirchneristas que salieron fortalecidos en las recientes elecciones nacionales
La normalización del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la eliminación o reducción de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, la ayuda universal a los menores y una mayor coparticipación para las provincas son las medidas que aparecen en los primeros renglones de la agenda económica que plantean los partidos de la oposición.

Estas fueron las principales coincidencias que recogió LA NACION por medio una consulta realizada a referentes de los distintos partidos políticos que integran la oposición y que fueron convocados a la mesa del diálogo por el ministro del Interior, Florencio Randazzo.

Francisco de Narváez, diputado electo por Unión Pro, dijo que se debe terminar de inmediato con la intervención en el Indec y la manipulación de las estadísticas. "Presentamos en julio de 2007 un proyecto para normalizar el organismo e ir hacia su reforma integral. Se debe transparentar el proceso de designación y remoción de sus directores y crear un Consejo Federal de Estadística para garantizar su total autonomía técnica, financiera y administrativa", explicó. Y consideró que en 60 días se debe cumplir con ese objetivo, porque no se puede formular ni gestionar "en forma responsable" ninguna política pública sin contar con estadísticas serias y creíbles.

Margarita Stolbizer, diputada electa por el Acuerdo Cívico y Social, sostuvo que frente a la inflación, lo que hay que hacer es combatirla y no mentirla. "Hay que recuperar las estadísticas oficiales confiables porque con eso mejora la crediblidad, la economía y el empleo. Y es la mejor fórmula de contención de la inflación", dijo. Para "recuperar" el Indec, Stolbizer propuso terminar con la intervención, restituir personal de carrera y concursar los cargos de manera trasparente.

Por parte del macrismo, el diputado Federico Pinedo remarcó la necesidad de que los cargos se cubran por concurso, que participen las universidades en la metodología y haya pena de prisión para los que falseen las estadísticas.

Lisandro Viale, diputado nacional por el Partido Socialista de Entre Ríos, sostuvo que es fundamental normalizar el funcionamiento del organismo. "Hay que trasparentar su funcionamiento y lograr que vuelva a ser independiente del gobierno de turno", señaló.

El diputado electo de Proyecto Sur, "Pino" Solanas, opinó que se debe reponer a los funcionarios cesanteados y terminar con la influencia del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

La palabra "retenciones", término que pasó a formar parte del vocabulario diario de los argentinos en los últimos tiempos, fue el disparador para que cada uno de los consultados expresara su opinión sobre esta polémica imposición. A un año del rechazo en el Congreso del proyecto que fijaba las retenciones móviles, nadie en la oposición opinó que se debe mantener el statu quo .

La diputada nacional por la Coalición Cívica, María Fernanda Reyes, sostuvo: "Se tiene que revisar toda la legislación existente, terminar con la delegación de facultades y derogar el artículo 755 del Código Aduanero, que da la facultad al ejecutivo para manejar las exportaciones. Vamos a establecer que las retenciones de maíz y trigo desaparezcan y que las de la soja sean del 25 por ciento".

Desde el espacio político Proyecto Sur, el diputado Claudio Lozano opinó que se deben aplicar retenciones segmentadas y móviles, que se adecuen en función de los precios internacionales y de los costos internos de producción. "Esto sería un paso transitorio hasta la constitución de un organismo estatal que se encargue de la comercialización de granos", aclaró.

De Narváez rechazó la política actual en esta materia y propuso eliminar la imposición en el caso del trigo, maíz y girasol. Y en el caso de la soja, segmentarlas y liberar el tributo para las primeras 500 toneladas. Además dijo que es necesario transparentar las cadenas de comercialización, dejando sin efecto todos los controles o acuerdos de precios distorsivos.

El manejo de los fondos de la Anses fue cuestionado por la discrecionalidad del organismo para disponer de ese dinero.

Los representantes de Proyecto Sur Claudio Lozano y "Pino" Solanas propusieron la "democratización" de la Anses mediante la conformación de un directorio con representación de jubilados, empresarios, trabajadores y de manera minoritaria del Estado. Además, advirtieron que dada la disponibilidad de recursos de ese organismo, habría que emplear ese dinero para recomponer los haberes jubilatorios.

El triunfador de las últimas elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires opinó que el debate jubilatorio debe comenzar cuanto antes. "Debemos ir a un nuevo régimen que preserve los fondos que todos los meses aportan los trabajadores al sistema. Proponemos un sistema público pero con cuentas individuales de capitalización, administradas por organismos estatales y por inversores privados", especificó.

Reyes señaló que con los fondos jubiliatorios que están en poder de la Anses se podría hablar en el corto plazo de un 20% de aumento a los jubilados, porque hay 15.000 millones de pesos que ingresan por año a las arcas de este organismo.

Stolbizer afirmó que esos fondos deben ser orientados prioritariamente a atender a la inclusión de los jubilados y la satisfacción de sus necesidades básicas, y a inversiones que aseguren de manera absoluta la preservación de los recursos para sus fines específicos. "Se necesita extrema prudencia y transparencia con férreos mecanismos de control", indicó.

El aumento de la coparticipación que el Estado distribuye entre las provincias es otro de los puntos que tiene en vista la oposición. Para Stolbizer, lo primero que hay que hacer es cumplir con la actual ley de coparticipación que impone que el Poder Ejecutivo debe dar a las provincias un piso mínimo del 34% de la totalidad de lo que recauda (hoy sólo se coparticipa el 24 por ciento).

Desde Unión Pro, en tanto, sostuvieron que no debería haber impuestos no coparticipables. "Debemos volver a una ley de coparticipación en la que las provincias reciban el 57% y la Nación el 43%; éste es el verdadero concepto de país federal", afirmó De Narváez. Y añadió: "Hoy las provincias pierden $ 8800 millones. Debemos ir hacia un esquema más integral, transparente y justo para la distribución de los recursos fiscales entre los tres niveles de gobierno".

Pinedo remarcó la necesidad de que el impuesto al cheque se redistribuya en su totalidad entre las provincias.

Reforma tributaria

En materia impositiva la propuesta de Proyecto Sur es avanzar en un tratamiento de mayor progresividad para capturar las rentas petroleras, mineras y agropecuarias. Para Lozano reducir las rentas que se obtienen de la extracción de recursos naturales es el camino para que el Estado tenga una mayor disponibilidad de recursos.

Además, Proyecto Sur propone utilizar US$5000 millones de las reservas para sostener un relanzamiento de la producción con inversión pública en tres actividades prioritarias: Transporte y reconstrucción de la red ferroviaria; infraestructura energética e Industria Naval.

Viale propugnó por la eliminación del el IVA, por lo menos en los productos esenciales de la canasta básica, ya que se trata de un impuesto distorsivo que perjudica a quienes tienen menores recursos.

Desde la Coalición Cívica, contó Reyes, se propondrá una reducción de dos puntos del IVA y la coparticipación del impuesto al cheque (pero que no sea aplicado a monotributistas y pymes y que sea progresivamente suspendido el impuesto, porque es bastante distorsivo y sólo sirve en momentos de crisis). "Otra de las propuestas es quitar a la renta financiera de las exenciones al impuesto a las ganancias", destacó.

Una propuesta en la que coincidieron Stolbizer ,Reyes y Solanas es en la instauración de un beneficio universal a la niñez, mediante una asignación mensual que varía según cada propuesta entre los 135 y 300 pesos. Esta medida, sostienen, sería la principal acción de reforma política, porque se terminaría con el clientelismo político. "Como contraprestación se pediría la concurrencia al colegio y el certificado de salud", explicó Reyes.

En materia laboral, Proyecto Sur propuso suspender los despidos sin causa por 180 días mientras dure la emergencia laboral.

Otra de las propuestas en la que concordaron todos los consultados fue la eliminación de los superpoderes, que devolvería al presupuesto el papel que perdió como hoja de ruta para el destino de los fondos del Estado. De Narváez propuso la inmediata derogación de los "superpoderes" y la creación de una Oficina de Seguimiento del Presupuesto Nacional en el ámbito del Congreso de la Nación.

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