La creación de la controvertida Agencia de Bienes del Estado está en riesgo de quedar en camino a partir de la rebelión de diputados del kirchnerismo duro que se niegan a levantar la mano, en contraposición al rechazo que tuvo la iniciativa en la audiencia pública, y luego en comisiones.

Aun pese a los cambios, la Agencia de Bienes sigue haciendo ruido. El único bloque con capacidad de garantizarle a PRO la aprobación es el propio Frente para la Victoria. La iniciativa requiere 40 votos y el oficialismo cuenta con 28 voluntades propias.

En ese escenario, la bancada K, presidida por Carlos Tomada, con 12 legisladores es indispensable. A ellos se suma el vivianista Claudio Palmeyro que forma parte del interbloque K, pero que tiene un espacio y juego propio.

Fuentes legislativas confiaron a RevistaQué.com que por ahora no hay acuerdo, pero el PRO trabaja incansablemente en la necesidad de salvar el proyecto, una de las prioridades de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

La vicepresidenta I Carmen Polledo, el titular del bloque PRO, Francisco Quintana, junto a los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Planeamiento Urbano, Alejandro García y Agustín Forchieri, respectivamente, se calzaron la negociación al hombro con Tomada.

Se da una particularidad en el bloque porteño. En la composición actual, la mayoría responde a lo que se conoce como kirchnerismo duro.

En la composición actual, la mayoría del bloque K porteño responde a lo que se conoce como kirchnerismo duro, en el que se cuentan Paula Penacca y Javier Andrade (La Cámpora), los sabbatelistas José Cruz Campagnoli y Andrea Conde,  Lorena Pokoik (Unidos y Organizados), Magdalena Tiesso (Peronismo Militante) y Pablo Ferreyra en el nuevo Movimiento Proyecto Popular.

Desde este sector se manifestó resistencia a votar el proyecto de la Agencia de Bienes del Estado, aún con los cambios que el mismo kirchnerismo planteó en la reunión de comisiones de este lunes y el PRO aceptó. Entonces hubo, de todas maneras, rechazo para un proyecto que también avanza sobre el Tiro Federal y el predio “El Dorrego.

La resistencia de este grupo de legisladores que no quieren quedar pegados bajo el mote del “pacto PRO-K” abrió un escenario de complejidad en las negociaciones, que obligó a reposicionarse a Tomada, quien está al frente de las distintas negociaciones.

Desde el otro sector “más pejotista” se planteó sostener el acuerdo del proyecto con modificaciones sustanciales, de las que el PRO sólo tomó algunas. La posición de diputados como Gabriel Fuks, María Rosa Muiños, Claudio Heredia, Silvia Gottero buscaba forzar al PRO a aceptar modificaciones más de fondo: como garantizar que el Parque de la Innovación sea público.

Pero el PRO se negó a ceder en muchas cosas, en un contexto donde los votos no estaban garantizados al 100%. Según trascendió, Carlos Tomada se recostará en el ala mayoritaria, al momento de decidir qué hacer. Una señal es que en labor parlamentaria el proyecto no se introdujo para el orden del día de este jueves.

Aun así nadie se anima a descartar nada. El PRO quedó salpicado por las divergencias dentro del bloque kirchnerista y quedó más que comprometido para lograr los votos necesarios. Aún así en el kirchnerismo repiten desde distintos sectores que el bloque “vota todo junto o no vota”.

En frente, todo el resto de los espacios ya se manifestaron en contra del proyecto y señalaron que –aún con los cambios introducidos el lunes- el proyecto sigue siendo “inconstitucional”, dada que hay una transferencia a la  Agencia de Bienes de los bienes, y por tanto, la Legislatura pierde la facultad de disponer al respecto.

Sólo el bloque Confianza Pública, de tres miembros, y el monobloque del Frente Renovador no expresaron su posicionamiento todavía, aunque en la aprobación inicial se abstuvieron. Aun así, parece una certeza que el macrismo no llevará el proyecto sobre el recinto a no ser que tenga abrochado un acuerdo.

La jornada del jueves se prevé caliente. Las organizaciones integrantes del colectivo Buenos Aires No Se Vende iniciaron una convocatoria para marchar a la Legislatura a las 10 de la mañana en contra del proyecto que, según sus fundamentos, pone en riesgo el patrimonio de la Ciudad.