AFJP: mayoría oficialista en el Senado

Hay entre 39 y 47 votos comprometidos para sancionar en dos semanas el proyecto de ley tal como lo aprobaron los diputados.Por Gustavo Ybarra

El Gobierno se encamina a obtener una cómoda victoria en el Senado que le permitirá coronar con éxito su decisión de estatizar la jubilación privada y hacerse de una fuerte inyección de fondos frescos para enfrentar 2009, un año clave en el que se jugará parte de su futuro político en las elecciones legislativas de mitad de mandato.

A pesar de someter al Congreso a la marcha forzada de sancionar una reforma en menos de un mes, la Casa Rosada cuenta en estos momentos con amplia mayoría, algo que se consolidó aún más después de la holgada votación favorable al proyecto en la Cámara de Diputados (ver aparte).

Según un sondeo realizado por LA NACION, de no mediar ningún escándalo o error político de proporciones, la estatización de las AFJP sería sancionada por la Cámara alta con por lo menos 39 votos a favor (tres más que la mitad de la cámara). El número podría extenderse a 47, si se cuenta el posible respaldo de un grupo de oficialistas críticos que parecen propensos a acompañar el proyecto, al menos en general. Hay 18 legisladores que ya anticiparon su rechazo. Y sólo seis seguían ayer sin definir su voto. Por último, Carlos Menem no podrá votar, a su pesar, en contra de la iniciativa oficialista, por encontrarse en uso de licencia médica.

Esta amplia mayoría se explica en el hecho de que muchas fuerzas opositoras coinciden con el concepto de que debe haber un único sistema previsional, estatal y solidario, aun cuando disienten en cuestiones particulares del proyecto kirchnerista.

Es el caso de los legisladores de ARI de Tierra del Fuego y del socialista Rubén Giustiniani, que actuarán así en espejo a como lo hicieron sus bloques en la Cámara baja.

La situación se repite con el radical santiagueño Emilio Rached (Frente Cívico), cuyo voto en contra en las retenciones móviles permitió el desempate final del vicepresidente Julio Cobos, y el grupo de peronistas que se permitió desobedecer al Gobierno en aquella histórica madrugada del 17 de julio.

Al respecto, la chaqueña Elena Corregido (PJ) se manifestó de acuerdo "con un sistema provisional solidario y de reparto", pero le dijo a LA NACION que "la ley debería dar claras garantías de que los fondos van a estar a resguardo de un uso incorrecto".

El mismo argumento sostendrán los peronistas santafecinos Carlos Reutemann y Roxana Latorre, y la riojana Teresita Quintela, quien pedirá que los fondos "sean usados para tratar de llevar las jubilaciones al 82% móvil".

La cantidad de votos positivos con disidencias en particular tampoco alcanzarían para forzar alguna modificación al proyecto, lo cual suma otro elemento de tranquilidad para el Poder Ejecutivo.

La clave está en el hecho de que el kirchnerismo tiene asegurado el voto de por lo menos 39 legisladores. En este escenario cualquier intento de obligar al oficialismo a ceder cambios en el proyecto parece imposible. Esto es en parte producto de la dispersión que el debate de la statización de las AFJP generó en la oposición (como ya se vio en la Cámara baja) en la que partidos, como el socialista, fuertemente enfrentado con el estilo político de los Kirchner, terminarán avalando una de las medidas más controvertidas impulsadas por el matrimonio presidencial.

Por esta razón, la oposición cerrada al proyecto quedará reducida a cerca de una veintena de legisladores. El caso más extraño es del radicalismo, que se opuso a la creación del sistema previsional de capitalización en la década de los 90, pero ahora se ve obligado a bajar esa bandera para priorizar su rol de fuerza opositora.

Una dualidad parecida asumirá Hilda González de Duhalde (Buenos Aires): "Siempre estuve a favor del Estado, pero no puedo votar este manotazo para hacer caja", se justificó. Sus compañeros del peronismo díscolo Roberto Basualdo (San Juan), Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso (San Luis) también rechazarán el proyecto.

El único peronista miembro que integra la bancada kirchnerista que rechazará de plano la iniciativa es el salteño Juan Carlos Romero. También votarán en contra los dos representantes porteños de la Coalición Cívica -tal cual lo ordenó Elisa Carrió-, y Carlos Rossi (Partido Nuevo-Córdoba).

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