AFJP: aceptarían cambios en el proyecto

El kirchnerismo admite que debería hacer correcciones para que la iniciativa de estatizar las jubilaciones sea votada.

Por Laura Serra

Tranquilo y confiado, el oficialismo en la Casa Rosada y en la Cámara de Diputados comenzó a estudiar desde ayer eventuales modificaciones al proyecto de ley del Gobierno que propicia la eliminación del régimen privado de jubilaciones. No son cambios sustanciales los que hoy se analizan sino más bien retoques, ya que el kirchnerismo está convencido que existe una mayoría social y legislativa que acompaña el corazón del proyecto: la vigencia de un único sistema, el público.

Entre las modificaciones en estudio figura la prohibición del uso de los fondos jubilatorios para afrontar gastos corrientes y el pago de la deuda externa. Se trata de un reclamo de varios diputados oficialistas, entre ellos del ex gobernador Jorge Obeid (Santa Fe). Asimismo, se estudian más medidas de protección de los fondos, como crear un órgano público no estatal a cargo del control. Esta propuesta se conversó ayer por la tarde entre el presidente de la Anses, Amado Boudou, y los diputados María América González (SI) y Claudio Lozano (CTA).

Según supo LA NACION de fuentes gubernamentales, ambos legisladores le plantearon a Boudou la necesidad de reformular el reglamento de la Anses para acotar y precisar qué inversiones puede realizar el Estado con el superávit previsional. Sucede que el actual reglamento autoriza al Estado a usar hasta el 100% de esos excedentes a operaciones de crédito público (colocación de títulos públicos, letras del Tesoro y préstamos), si el Anses demuestra que tendrá superávit en los próximos tres años.

"Nosotros proponemos que, en primer lugar, se conceda una suba en los haberes previsionales como también se atienda el pago de las sentencias pendientes en la Justicia por actualización de haberes. Con el resto del fondo se podrían encarar obras de infraestructura social", afirman en el bloque SI, comandado por Eduardo Macaluse (Buenos Aires).

Estas mismas sugerencias llegaron ayer, al caer la tarde, al despacho del jefe de bloque de diputados oficialistas, Agustín Rossi. "Las vamos a estudiar; no nos comprometimos a nada todavía", confiaron fuentes de la bancada, que no descartaban que antes de fin de año el Gobierno anuncie un aumento en las jubilaciones. De todas maneras, cualquier cambio en el proyecto será consultado con el matrimonio presidencial; nada se hará sin una señal de la Casa Rosada.

El oficialismo se mueve con la tranquilidad de saber que cuenta con la mayoría de los votos para aprobar, en general, la iniciativa. El único problema, admite, es el debate en particular de algunos de sus artículos, pues no precisan qué destino tendrán los fondos jubilatorios públicos y privados, que confluirán en la Anses tras la aprobación de la ley.

"Los votos los tenemos. Lo único que podría frenar este proyecto es un golpe de mercado. Y eso no se está viendo; no hay margen", susurró un importante legislador oficialista.

Este temor explica el porqué del apuro oficialista para darle media sanción al proyecto apenas 15 días después de presentado en el Congreso. De hecho, Rossi solicitó ayer una sesión especial para el jueves próximo. En rigor, este pedido surgió luego de un pequeño traspié de los diputados oficialistas que pretendían sesionar ayer y pedir una preferencia de tratamiento. Dieron marcha atrás cuando vislumbraron que no tendrían quórum, pues la oposición se niega a convalidar el apuro oficialista.

Quienes tampoco avalan tal apuro son los diputados peronistas "rebeldes", que anticiparon a LA NACION que presentarán una propuesta alternativa. Estos legisladores, entre los que se cuentan Felipe Solá y Enrique Thomas, trabajan con los diputados de la Confederación Federal del vicepresidente Julio Cobos.

CONTRA LA ANSES

El fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, pidió ayer a la justicia federal que determinara si la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) había cometido algún delito en el conflicto suscitado por el envío de fondos previsionales de la Nación a Córdoba. La controversia surgió a partir del reclamo del gobernador peronista Juan Schiaretti, que está enfrentado con la Casa Rosada.

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