El gigante petrolero Chevron, asociado en Loma Campana con YPF, presionó fuerte para lograr modelar aspectos centrales de la nueva Ley de Hidrocarburos, sancionada días atrás en el Congreso.  

Así se desprende de un informe presentado ayer por el diario La Nación, que accedió a documentos que hasta ahora permanecían secretos.

Entre las condiciones planteadas por la petrolera estadounidense figuran que “las concesiones deberán otorgarse por un plazo mínimo de 35 años con una autorización asociada para ceder, en totalidad o en parte, una o varias concesiones a terceros”, y que “la tasa de regalías total por la explotación de recursos hidrocarburíferos no convencionales en el marco de las concesiones no superará el 12 por ciento”, según consignan las “condiciones suspensivas” o “precedentes” citados por el matutino porteño en su edición de ayer, y que forman parte del texto sancionado en Diputados.

“Las leyes federales, provinciales y municipales deberán ser eficaces para ofrecer estabilidad impositiva y en las regalías”, señala otra de las pautas fijadas, de acuerdo con la publicación.

Según consigna el mismo diario, altos ejecutivos de YPF confimaron la autenticidad de los documentos dados a conocer.

“Chevron no tiene ninguna garantía: corre el ciento por ciento del riesgo petrolero y reclama las condiciones habituales de la inversión petrolera en el mundo”, cita el diario a fuentes no identificadas de la empresa nacionalizada.

En una primera etapa, Chevron acordó invertir 1.240 millones de dólares en Vaca Muerta y otros 360 millones para la exploración en 26 pozos nuevos.

Junto con YPF opera el área Loma Campana, que este año se convirtió en el segundo productor de petróleo en el país, con una producción del orden de los 31.000 barriles equivalentes de petróleo diarios.  

“El plazo para la o las concesiones y la cesión del título sobre los activos a Cofel [por Chevron Overseas Finance II (Exploration) Limited] se regirán por términos y condiciones que resultan aceptables para Cofel (Chevron), lo que, entre otras cosas, puede requerir la realización de modificaciones a la legislación existente o la promulgación de nuevas leyes dentro del marco regulatorio federal y provincial”, señala el documento citado por el diario.