Afirman que el gobierno pidió el juicio político a los camaristas que avalaron la paritaria bancaria

Afirman que el gobierno pidió el juicio político a los camaristas que avalaron la paritaria bancaria

El pedido lo habría impulsado el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

El Gobierno de Mauricio Macri se encaminaba esta noche a protagonizar un nuevo escándalo: trascendió que presentó un pedido de juicio político contra dos camaristas del fuero laboral que en su momento avalaron la paritaria del gremio de bancarios.

Uno de los argumentos del gobierno sería que tomaron esa decisión en medio de la feria judicial.

En su falló los camaristas consideraron válida la paritaria firmada por Adeba (bancos privados de capital nacional) y Abappra (bancos públicos) y a la que se oponía el Gobierno, influenciado por el lobby del presidente del HSBC, Gabriel Martino, que arrastró a toda la banca extranjera a un conflicto que perdieron de punta a punta. 

Es más, sobre el filo de un paro de 72 horas, la Casa Rosada tuvo que apelar a la mediación del presidente del Banco Macro, Jorge Brito, para que se cerrara el conflicto con La Bancaria, como reveló LPO.

Al parecer todavía furiosos con esa derrota, ahora en el Ministerio de Trabajo decidieron acusar por mal desempeño, falta de idoneidad, negligencia grave, incumplimiento de la Constitución Nacional, arbitrariedad y falta de imparcialidad a los camaristas Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, que integraron la sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. 

Esa fue al menos la versión que logró confirmar El Cronista de fuentes de la cartera laboral, que hablaron resguardando el anonimato. Llama la atención la cerrazón informativa del Gobierno con el tema. LPO consultó a fuentes de la Casa Rosada y el Ministerio de Trabajo y ninguna quiso confirmar o desmentir la información.

En tanto que fuentes consultadas en el Consejo de la Magistratura, afirmaron a LPO que "hsta ahora acá no entró nada". No está claro si se trata de un globo de ensayo o es que recién mañana se presentará el pedido de juicio político.

En el Ministerio de Justicia tampoco tenían información y aclararon que el ministro Germán Garavano se encuentra "de licencia".

"De confirmarse esa noticia estaríamos ante un hecho de inusitada gravedad institucional que merece nuestro repudio a quienes hubieran adoptado tan torpe decisión, y toda nuestra solidaridad activa con los jueces que indudablemente estarían sufriendo un hostigamiento que violenta el orden constitucional", escribió Palazzo esta noche en un comunicado de su gremio. Y agregó: "Es más, de ser así, máxime que la decisión judicial a la que se alude ha sido consolidada por un acuerdo superador suscripto por las partes en el Ministerio de Trabajo, estaríamos ante un nuevo absurdo que comprometería la propia investidura de quien intentara tal represalia y denotaría disturbios de conducta incompatibles con el ejercicio de la función pública", agregó.

La decisión del Gobierno, apenas trascendió empezó a generar intensos repudios y fue leída como un intento de coerción a la justicia hacia adelante, ya que el acuerdo paritario que por instrucción del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, se resistió durante más de dos meses, finalmente fue aceptado el viernes pasado casi en sus términos originales y ya es efectivo.

Es verdad que esta paritaria que terminará acumulando un aumento del 24,28%, afectó la estrategia del Gobierno de fijar un techo para las renegociaciones salariales en torno al 17 o 18 por ciento. Pero en todo caso el daño ya está hecho y este pedido de juicio político sólo puede leerse como un intento de amedrentar a los jueces que fallen contra el Gobierno. 

Así al menos lo leyeron tanto el líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, como el dirigente de los abogados Jorge Rizzo, rechazaron la decisión y prometieron resistirla.

"De confirmarse esa noticia estaríamos ante un hecho de inusitada gravedad institucional que merece nuestro repudio a quienes hubieran adoptado tan torpe decisión, y toda nuestra solidaridad activa con los jueces que indudablemente estarían sufriendo un hostigamiento que violenta el orden constitucional", escribió Palazzo esta noche en un comunicado de su gremio.  

Y agregó: "Es más, de ser así, máxime que la decisión judicial a la que se alude ha sido consolidada por un acuerdo superador suscripto por las partes en el Ministerio de Trabajo, estaríamos ante un nuevo absurdo que comprometería la propia investidura de quien intentara tal represalia y denotaría disturbios de conducta incompatibles con el ejercicio de la función pública", agregó. 

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