La decisión se tomó luego del censo que realizó el Ministerio de Desarrollo Social para determinar la cantidad de trabajadores del Plan que continuaban percibiendo el beneficio y la dependencia en la que cumplían tareas.

Luego, la cartera decidió repartir a dos mil de los trabajadores en Ministerios y dependencias gubernamentales, que tras el cumplimiento de una serie de requisitos a lo largo de casi un año pasarían a la categoría de contratados.

El resto deberá realizar capacitaciones para poder ser incluido en alguna de las empresas que tiene convenio con el Gobierno para incorporar trabajadores del PIS.

El caso de los cooperativistas es diferente. Costa remarcó que en medio de la protesta que realizaron los afectados este miércoles por la mañana en la ex Colonia Hogar, un funcionario se acercó al lugar y les dijo que ellos “no son más trabajadores, son empresarios”.

“La situación es dramática. La gente de las cooperativas hasta el momento estaba cobrando una especie de subsidio, que era la remuneración del Plan de Inclusión. Para el actual Gobierno, tienen una empresa propia y no tienen vinculación con el Estado”, señaló el gremialista.

Costa cuestionó esta determinación porque “fue el mismo Gobierno que impulsó a los trabajadores a formar las Cooperativas”. Esos grupos de trabajadores prestaban diferente tipo de servicios al Estado, como el monitoreo de las cámaras de seguridad, limpieza de establecimientos educativos, entre otros.

“Las cooperativas son formas de precarizar al trabajador del Estado. El Gobierno se va desentendiendo de los trabajadores, a lo sumo les da un subsidio para que comiencen a trabajar. Es lo que hizo el Gobierno de Poggi y ahora con el cambio de gobernador, se desentenderían del todo”, protestó Costa.

La CTAA, ATE, ADU y APTS acompañaron este miércoles la protesta de los trabajadores de Inclusión que formaban parte de las cooperativas o quedaron afuera de la selección de beneficiarios que podrán ser contratados y anunciaron más medidas de fuerza para los próximos días.