El bloque de la Unión Cívica Radical estimó la deuda del Estado provincial con el Instituto de Seguridad Social y Seguros en más de 1.200 millones de pesos al cierre del ejercicio 2010.
En la sesión legislativa del último jueves, Carlos Lorenzo advirtió sobre el incumplimiento de la obligación legal de actualización contemplada para el caso de morosidad de los pagos de aportes previsionales y consideró que “de esta grave irregularidad es más responsable el Tribunal de Cuentas que el Instituto de Seguridad Social”.
Por su parte Javier Touriñan, desde el FPV, valoró positivamente el accionar de los representantes de los trabajadores como vocales del organismo de seguridad social.
El presidente del bloque del FPV se limitó a afirmar que la deuda del Estado provincial con el Instituto de Seguridad Social y Seguros “tiene un responsable y hay que buscarlo. Fue muy importante la investigación que hicieron los vocales Aldo Griffiths y Juan Bisócoli porque representan a los afiliados; esta es una visión no oficialista con lo que se han encontrado y ha sido una importante definición. Si la deuda la tiene el Estado, el responsable es uno o dos, nada más”, dijo al recordar los términos de la denuncia que expresa que la deuda del gobierno asciende a los 730 millones de pesos.
APORTES A LA DEUDA
Tras la denuncia pública del Frente de Gremios Estatales, el presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros, Máximo Pérez Catán, publicó una solicitada --que firmó en su calidad de intendente electo de Trelew--, donde no solo cuestionó a los sindicalistas y calificó de “opinólogos” que no reclamaron hasta hoy las deudas generadas y la situación de los jubilados, sino que además apuntó directamente contra Carlos Maestro --candidato a diputado nacional por la UCR-- y a Roberto Risso --diputado provincial UCR--, de quienes dijo que “dejaron una deuda monstruosa” y “descontaban a los jubilados el 13%”.
El funcionario también se refirió a los periodistas “escandalizados” que informaron sobre las denuncias vinculadas al tema y en cuanto a la conciliación de aportes adeudados afirmó que se solicitó al gobernador Mario Das Neves “se pague con inmuebles estatales bien ubicados y ociosos, más otros 80 millones en acciones del Banco Chubut, además de acciones en Futaleufú, más participación en áreas petroleras”, aunque evitó dar cifras en torno a la misma.
RECUPERAR LA DEUDA
La reacción del radicalismo fue la emisión de una gacetilla donde los números presentados por los gremios fueron ampliamente superados.
Según el diputado Carlos Lorenzo, la deuda ronda los 1.200 millones de pesos al cierre del ejercicio 2010, y apuntó al Tribunal de Cuentas de la Provincia. “Tendría que haberla observado y no lo ha hecho”, puntualizó Lorenzo, planteando la necesidad también de incluir la cuestión de los montos destinados a los fideicomisos, “en los que hay que aplicar la misma morosidad y no al final, sino desde el principio”.
El legislador se refirió a esta situación al exponer los fundamentos de un proyecto de ley tendiente a recuperar la inversión realizada en el marco del contrato “Fideicomiso Gasoducto Patagónico”, aspecto que forma parte de los pagos incumplidos en detrimento del instituto previsional provincial.
Al respecto, el bloque radical presentó una iniciativa para derogar la ley firmada a mediados de 2006 por la que se aprobó el convenio entre el gobernador Mario Das Neves y el entonces presidente del organismo, Alberto Schulman (ley XXVI N° 1.119 – antes ley 5.502).
“Cuando uno hace un fideicomiso es para ganar plata. La Provincia lo hizo pero no le devolvieron un solo peso. Por eso tiene ahora que denunciar el convenio”, sostuvo.
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