La AFIP denuncia maniobras de evasión por más de $400 millones

Se habrían realizado en las provincias de Córdoba, Neuquén y Río Negro. En caso de ser culpables los acusados podrían recibir penas de hasta 10 años de prisión
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a cargo de Ricardo Echegaray, detectó tres casos de evasión impositiva que en total provocan un perjuicio al fisco nacional por 400 millones de pesos.

El último hecho investigado ocurrió en Neuquén y Río Negro, donde la AFIP presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Federal de Neuquén contra diversas empresas y personas físicas porque estarían constituyendo una asociación ilícita para emitir facturas apócrifas con el objetivo de proveer de crédito fiscal ilegítimo a diferentes contribuyentes. Con esta operación, habrían evadido $40 millones en concepto de IVA y Ganancias.

Además el organismo recaudador investiga dos casos más en Córdoba. Uno de ellos involucra a una firma que estaría realizando operaciones a nombre de empresas inexistentes por montos que superarían los 300 millones de pesos en los últimos dos ejercicios anuales. Esta maniobra habría dado lugar a la generación de créditos fiscales a favor de la firma, presuntamente apócrifos.

En otro caso denunciado por la AFIP se descubrió que en Córdoba se estaría realizando operaciones a nombre de empresas inexistentes por montos que superarían los 50 millones de pesos en los últimos ejercicios comerciales.

En dicha investigación, las tareas desplegadas por el organismo recaudador permitieron revelar que se estaría liquidando operaciones de compraventa a nombre de estas sociedades "fantasmas" o inexistentes generando créditos fiscales apócrifos.

En tanto, las empresas denunciadas en Neuquén son lo que se denomina "sociedad pantalla o de cartón" y se las utiliza para encubrir o simular negocios efectivamente realizados o bien para aparentar su realización.

Para eludir el pago de los impuestos, los contribuyentes (usuarios de facturas apócrifas) adquieren en el mercado clandestino facturas por diversos servicios y montos, que no son realmente prestados por el proveedor (librador de la factura), o son prestados por otros conceptos y montos o, incluso, por otros contribuyentes.

La maniobra investigada habría consistido en la creación, la compraventa y el empleo de facturas apócrifas de un modo organizado y sistemático con la finalidad de que terceros, denominados "usuarios" procuren o logren evadir impuestos nacionales.

No sólo se habrían negociado comprobantes presuntamente apócrifos sino que, además, se habrían emitido comprobantes a nombre de sociedades comerciales que poseían una actividad real, cuyos titulares habrían accedido a facturar prestaciones inexistentes a cambio de una comisión porcentual del monto de los importes netos facturados.

La misma vendría siendo realizada durante los últimos cuatro años, están involucradas empresas vinculadas a la extracción y servicios de petróleo, hotelería y de transporte y logística.

En este tipo de denuncias la AFIP pretende demostrar que se conformó una asociación ilícita y por eso la maniobra podría quedar encuadrada dentro de la ley Penal Nº 24.769 que en el artículo 15 inc. c) prevé: "el que a sabiendas formare parte de una organización o asociación compuesta por tres o más personas que habitualmente esté destinada a cometer cualquiera de los delitos tipificados en la presente ley, será reprimido con prisión de 3 años y 6 meses a 10 años. Si resultare ser jefe u organizador, la pena mínima se elevará a 5 años de prisión…"

Procesamiento por evasión

El juez a cargo del Juzgado en lo Penal Económico I, Ezequiel Berón de Astrada, dispuso el procesamiento de Jorge Luis Couto, por considerarlo "prima facie" autor penalmente responsable del delito de evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El procesado se desempeñó como vicepresidente y apoderado de una empresa de transporte que, mediante la utilización de facturas apócrifas, simulaba la adquisición de combustible a una empresa inexistente o "fantasma", con el consiguiente cómputo de créditos fiscales inexistentes que disminuyeron la base imponible del IVA, generando un perjuicio fiscal de 132.921 millones de pesos.

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