Aferrados:Intendentes acusados de malgastar las regalías se niegan a dejar sus cargos

Tanto el intendente de Recreo, Daniel Polti, como la jefa comunal de San José, Santa María, Mónica Hernández se niegan a enfrentar los cargos realizados por sus respectivos concejos deliberantes, y se niegan a cumplir las órdenes emitidas por los órganos deliberativos.
Mientras Polti enfrenta un proceso de juicio político, Hernández fue suspendida provisoriamente por el CD por el término de 60 días hasta tanto se aclare su situación en relación con el uso de los recursos de regalías mineras, situación por la que debe responder ante el Tribunal de Cuentas que -al igual que Polti- le inició un sumario de responsabilidad por las aparentes irregularidades en el manejo de esos recursos.

Polti, con abogados

Acompañado de dos de sus asesores, el fiscal municipal Contreras del Pino y el abogado Jorge Díaz Martínez se presentó el pasado sábado al mediodía, 15 minutos antes de que se cumplan los 5 días que establecía la notificación oficial enviada por la Comisión de Juicio Político del CD recreíno.

La concejal Ingrid Barrera, integrante de esa Comisión, comentó a Radio Unión que "el intendente Polti se presentó con sus abogados haciendo filmaciones, tomando fotos en el Concejo, haciendo preguntas que no venían al caso y afirmando que los concejales no tenían conocimiento de la Carta Orgánica, además se negaron a firmar el libro de actas en donde se deja asentado el trabajo de la Comisión de Juicio Político".

La edil dijo que "el intendente y sus letrados presentaron un escrito en donde piden que se rechace todo" y que "en uno de los ítem aseguran que la denuncia del concejal Gómez carece de los requisitos formales y sustanciales para su tratamiento en el CD".

La concejal del PJ opinó que el jefe comunal "no tendría que haber presentado ningún escrito, la denuncia fue como corresponde. Lo que sucede es que el intendente no quiere dar parte de su actos porque en realidad lo que se está tratando es el mal desempeño de sus funciones, entonces lo que tendría que haber hecho es ir y hacer la descarga correspondiente, que podría haber sido escrito u oral o a través de sus representantes ante la Comisión de Juicio Político".

La nota presentada por Polti dirigida a la Comisión de Juicio Político "sólo autoriza a sus apoderados y funcionario de gobierno a retirar documentación".

"Sin presentar ninguna documentación se negó a realizar su descargo y pretende la nulidad del Juicio Político", resumió Barrera, que aseguró que el jefe comunal kirchnerista "está faltando a lo que dice nuestra Carta Orgánica y nuestras leyes. No reconoce al CD como institución, y desvaloriza cada vez más a las instituciones", añadió.

Asimismo, informó que la Comisión ahora analiza el escrito presentado por el intendente y evalúa los pasos a seguir junto con asesores que pagan los mismos concejales, porque según dijo "el intendente hace 5 meses que no gira los fondos que son para gastos de funcionamiento del Concejo". Finalmente, la concejal Barrera confirmó la entrega de documentación que estaba en poder del CD al fiscal Roberto Mazzuco que investiga de oficio la supuesta malversación de las regalías mineras por parte del jefe comunal.

Senador y concejal denuncian que San José está "sitiado con patovicas"

El senador provincial por el departamento Santa María, Jesús Albarracín, denunció que la intendente de San José, actualmente suspendida en sus funciones, Mónica Hernández, "tiene sitiado el municipio con patovicas"

"Es lamentable lo que está sucediendo en San José donde por ejemplo, en el municipio se encuentra gente foránea, patovicas que andan amenazando a la gente durante todo el día", señaló el legislador provincial, que aseguró que el descontento es extensivo a todos los habitantes de la localidad, que -según dijo- rechazan el "apriete" al que son sometidos por parte de la custodia privada de la jefa comunal kirchnerista.

"Es una situación gravísima que no podemos tolerar los sanjoseños", remarcó el senador Albarracín, a la vez que agregó que "se trata de custodios que también prestarían servicio a la Gobernación de Tucumán. Seguimos preguntándonos quién pagará esos gastos de custodia y demás", añadió.

El senador cuestionó también a la policía departamental por no controlar la custodia de la intendente Hernández, la cual dijo que hasta "debe tener armas de fuego dentro del edificio comunal". "Ellos están generando esta situación de apriete en vez de defender los derechos del pueblo".

El concejal Pedro Lagoria también se refirió a la presencia de una seguridad privada contratada por Hernández. "Se ve que no confía en al seguridad pública", ironizó, a la vez de informar que hablaron con el comisario y les confirmó que "no es una agencia de seguridad conformada, ni oficialmente registrada, pero son "conocidos" en la vecina provincia de Tucumán. No se sabe quién está al frente ni quién financia", al tiempo que denunció que "esta gente anda apretando, investigando y dando mensajes de que uno por uno la vamos a pagar. La gente quiso sacarle fotos y antes que pudieran hacerlo les quitaron la cámara y le rompieron la lente".

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