AFECTA AL GOBIERNO EL FRENO JUDICIAL A AUMENTO DE TARIFAS

Por: Silvia Peco

El escándalo que producen en el público las facturas de gas de los hogares para los dos primeros meses de temperatura invernal y los amparos judiciales, que ya llegan a más de una decena de distritos del país, son una nueva fuente de complicación para el Gobierno. El motivo es que está amenazada seriamente la continuidad del cargo fijado por el Decreto 2.067 para cubrir el costo de las importaciones del producto y bajar subsidios.

De nada sirvió, por ahora, el anuncio del Gobierno de que compartirá en un 50% los fondos recaudados con las petroleras para aumentar el precio interno del gas y las regalías de las provincias productoras. En éstas, que en su mayoría son patagónicas y tienen las temperaturas más extremas del país, el mal humor social se acentúa por la impuntualidad de los sueldos públicos y por la declinación de la actividad.

El Gobierno afirmó en las últimas semanas que los aumentos en el gas rigen desde noviembre pasado y no son noticia. Sin embargo, como el consumo de gas es claramente estacional en los hogares, el público no llega a advertir la magnitud de los ajustes hasta que recibe la factura.

Aun cuando las facturas de gas para los usuarios residenciales se habían mantenido congeladas desde 2001, la forma de salir decidida por el Gobierno peca en primer lugar por la falta absoluta de gradualismo, de modo que hay hogares que deben pagar el 200% o más que el invierno de 2008.

En segundo lugar, se trata de un cargo adicional en la factura para que el Estado afronte las importaciones de gas, sin que se haya informado hasta ahora cuánto se recaudó desde el 1 de noviembre y cuánto se gastó ya en comprar gas al exterior. Otro problema es que el cargo Decreto 2.067 se suma a los castigos por mayor consumo con respecto a 2003.

Los fondos del PURE, programa racional de uso de la energía, son también recaudados por el Estado, aunque podrían haberse destinado a la importación. Otro punto no menos conflictivo es que la ley de marco regulatorio del gas garantiza el suministro del producto sólo a los hogares. Por esta razón, hay quienes piensan que primero debió usarse todo el gas local para los residenciales, y después entregar el importado al resto de los consumidores.

El Gobierno dijo en su momento que debía superarse la inequidad de los que calefaccionan piletas de natación en invierno con tarifa subsidiada. Pero la aplicación efectiva del cargo muestra otra realidad: un jubilado de Avellaneda con una casa abierta y húmeda está pagando más gas que una familia que vive en un departamento en Caballito o Barrio Norte y que está poco en el hogar.

Tampoco el Enargas aprobó por ahora los criterios para las excepciones. Ni siquiera respondió a las distribuidoras si los beneficiarios de planes sociales están excluidos, y las empresas no dan exenciones porque temen que sin la autorización del organismo deben ellas afrontar los cargos impagos.

Por otra parte, los números no cierran. El ministro Julio De Vido planteó una baja de subsidios por el Decreto 2.067 de $ 1.400 millones, que luego redujo a $ 1.200 al atenuar el impacto en los meses invernales. Esta semana prometió a las provincias productoras que percibirán u$s 130 millones por regalías. Como éstas representan el 12% del valor del gas que perciben las petroleras, los fondos totales para productoras y regalías sumarían u$s 1.083 millones, lo que significa más de $ 4.100 millones. Entonces, la recaudación del cargo es mucho mayor a la presupuestada o el Gobierno está habilitando más subsidios de los que querían bajarse.

El tema ya es un problema político, en primer lugar por los pronunciamientos de senadores del Congreso que están pidiendo un detalle de los ingresos y egresos por el cargo tarifario. Dicen que éste es un impuesto que trató de soslayar al Congreso, y que debería volverse a la ley de marco regulatorio del gas que permita mejorar la situación de todos los actores (petroleras, transportistas y distribuidoras, siendo que estos dos últimos sectores no tuvieron suba).

En segundo lugar, se nota cada vez más un aval de los intendentes a los recursos de amparo presentados por las defensorías locales, lo que también es un dato político. El hecho de que en Avellaneda se haya resuelto en 24 horas el pedido de amparo sería un indicio de que el intendente recién licenciado, Baldomero «Cacho» Alvarez, referente del kirchnerismo en la provincia y desde esta semana ministro de Daniel Scioli, no trató de desacelerar a la Justicia.

Esto empujaría a otros distritos, entre ellos el de Capital Federal. Mientras, sigue pendiente que la Cámara en lo Contencioso Administrativo se expida sobre un pedido de amparo del defensor del pueblo de la Nación, que de concretarse tendría vigencia en todo el país. Además de los amparos, la Justicia debe pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del decreto, lo que puede llegar hasta la Corte Suprema si antes no lo revoca el Parlamento.

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