El ARI advirtió que no se puede convocar a elecciones antes de lo estipulado por ley .

Lo explicó a DiarioChaco.com la representante legislativa del partido en la provincia, Alicia Terada, sobre el decreto mediante el cual el Gobernador convoca a elecciones para este 28 de junio. Según explicó la diputada, si bien es facultad de Gobernador convocar al acto eleccionario, no puede hacerlo antes de la fecha estipulada por el artículo 48 de la ley electoral, es decir 90 días antes de la caducidad de los mandatos. No obstante el decreto establece que una copia de este decreto vaya a la Cámara de Diputados para su ratificación, siendo uno de los temas de la sesión del próximo miércoles.
En la misma sesión también se tratará la Ley de Lista Única, y el proyecto de Ley de unificación de elecciones enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura provincial. Desde un primer momento los diputados habían manifestado que esperarían a que se determinara a nivel nacional para dar tratamiento en el Chaco, hecho que no se concretó este viernes en una sesión extraordinaria que se había propuesto. Pero este sábado se supo que el Gobernador firmó un decreto en el que estipula el propio adelantamiento de las elecciones, planteándolo como una excepción al plazo fijado por ley, de 90 días antes de la finalización de los mandatos. Por ello desde el ARI advirtieron que por decreto se puede convocar a elecciones, pero no saltear lo establecido por la Ley electoral en su artículo 48, sin que se haya dado el tratamiento legislativo cuando menos.

"No puede un decreto suspender la aplicación de una ley", explicó a DiarioChaco.com la diputada Alicia Terada, expresando en ello la preocupación dentro del partido por esta determinación. No obstante tampoco descartó que se fuera a tratar este miércoles en la próxima sesión ordinaria de la Legislatura, junto con el proyecto de Ley del adelantamiento. Y mencionó además, en relación a la ley que ya fue aprobada en el Congreso Nacional, que no es otra cosa que una contradicción más del kirchneirsmo, puesto que fue la propia Presidenta quien dispuso no modificar las normativas con fines políticos.

"Fue la crónica de una muerte anunciada", significó Terada, considerando que ya sabían que contaban con los votos antes de anunciar la medida y enviarla al Congreso.

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