Advierten sobre la intervención federal a la Justicia

Regino Amado, cuando estaba a cargo del Ejecutivo, había dicho que una judicialización de la Ley 8.136 puede causar graves consecuencias.
Una advertencia formulada por la cuarta autoridad política de la provincia enrareció aún más el contexto en el que el Gobierno puso en marcha la cobertura de vacantes judiciales (son 31) mediante el sistema de subrogancias. “Las consecuencias no están en nuestras manos, pero tememos que pueda haber una intervención federal a la Justicia. Esperemos que ello no ocurra”, alertó el legislador alperovichista Regino Amado.

El sugestivo aviso fue lanzado por el parlamentario ayer, justo en momentos en que se encontraba a cargo de la gobernación por el viaje a Buenos Aires del titular del Poder Ejecutivo, José Alperovich; del vice, Juan Manzur; y del presidente Subrogante de la Cámara, Sergio Mansilla. Mientras supervisaba obras de refacción en el Hospital Padilla, Amado respondió con ese tenor frente a una consulta sobre la judicialización de la Ley 8.136, anunciada por el Colegio de Abogados. Según los letrados, la norma desconoce el procedimiento que fija la segunda parte del artículo 101, inciso 5 de la Constitución provincial, que exige la celebración de concursos y que no distingue entre jueces definitivos y provisorios.

“Creemos que estamos en el camino correcto; así lo avalan los más de 100 abogados que se inscribieron para ocupar alguna de las vacantes, si ellos no supiesen que esta es una ley acorde con lo que opinó algún magistrado miembro de la Corte, no se hubiesen anotado. Ellos mismos la están avalando”, insistió Amado.

Pero las apreciaciones del legislador respecto de la postura asumida por el Colegio de Abogados no se quedaron allí. Luego, deslizó que hay motivaciones políticas. “No sabemos qué quieren ellos, yo calculo que la participación directa y la designación (de jueces) por parte de ellos. A nosotros lo que nos preocupa es agilizar la administración de justicia”, añadió.

Además, a criterio del vicepresidente primero de la Legislatura, la opinión institucional del colegio profesional no representa a la de la mayoría de los letrados. “Sólo el 30% de los afiliados en condiciones de votar lo hizo a favor de ellos (en alusión a la reciente elección interna en el colegio), así que hay muchos abogados más que están sin poder resolver sus juicios; habría que preguntarles a ellos cuál es su opinión, que son la gran mayoría. Habría que preguntarles qué opinan a todos los que están esperando una resolución donde no funciona un juzgado o una fiscalía (sic) y a los abogados que no pueden cumplir su trabajo y no pueden cobrar los juicios que iniciaron porque no se resuelven los pleitos”, reforzó el legislador alperovichista.

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