Advierten sobre el costo de una ola de juicios por la ley de medios

Legisladores de la oposición hablan de un escenario de "alta litigiosidad". Anticipan un impacto millonario para el Estado. Y prevén que la norma podría no aplicarse. El punto más conflictivo es el que pone plazo de un año para la desinversión.
Alto precio. Como consecuencia de los vicios constitucionales detectados en la ley de medios sancionada ayer a la madrugada por el Senado y promulgada en tiempo récord por Cristina Kirchner, referentes de todo el arco opositor advirtieron sobre el costo millonario que significará para el erario público la ola de juicios que se desataría con la puesta en marcha de la norma.

A los reiterados pronunciamientos que formularon en esa dirección numerosos diputados y senadores durante el trajinado debate del proyecto oficial en el Congreso, se sumaron ayer nuevas expresiones, una vez consumada la votación celebrada sin ahorro de euforia por las huestes kirchneristas.

"Ha salido una mala ley, que va a generar una alta litigiosidad", afirmó Ernesto Sanz, jefe de los senadores radicales (ver página 4). Su bloque intentó hasta el final, sin éxito, corregir los aspectos de la ley más cuestionables jurídicamente, por medio de un dictamen de minoría.

El vice de la bancada y mandamás del partido, Gerardo Morales, había calificado durante del debate de "inaplicable" el artículo 161 del proyecto, por entender que quedaría atrapado en una red de conflictos judiciales. Es el que emplaza a las empresas a desprenderse en un año de las licencias obtenidas legalmente y que no encuadren en la nueva norma. "Es un mamarracho que dejaron y genera inseguridad jurídica. Entonces los medios van a ir a Tribunales, a la Corte, a la cámara, a juzgados inferiores y el Gobierno va a perder y la ley no se va a poder aplicar", sostuvo ayer, al cerrar un acto en Rosario.

En la discusión de ese artículo en particular fue donde el oficialismo obtuvo la ventaja más reducida: logró su aprobación por 38 votos a 28, más la abstención de la cobista correntina María Dora Sánchez, quien apoyó el resto del proyecto oficial en un escandaloso cambio de postura en relación a su rechazo inicial. Merced al canje de votos con otros senadores, como el bussista tucumano Carlos Salazar y los dos fueguinos que responden a la gobernadora Fabiana Ríos, más la "contención" con un menú de promesas de sectores críticos de su propia tropa, el kirchnerismo consiguió imponer la ley en general por 44 a 24 votos.

Desde el PJ disidente fue descargada también una andanada de críticas por los flancos débiles del texto. Ya el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, había anticipado -durante su exposición en el debate en comisión, en el Senado- su voluntad de recurrir a la Corte para impedir lo que considera una violación del artículo 32 de la Constitución Nacional, donde se establece que el Congreso "no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal".

El diputado Francisco de Narváez tomó ayer el guante y aseguró, en un alto de su recorrida por Mar del Plata, que "sin duda se trata de una ley hecha a los apurones que terminará judicializándose, ya que varios de sus artículos son abiertamente inconstitucionales".

Similares argumentos esgrimieron a lo largo de la maratónica sesión de casi 20 horas los senadores del peronismo anti K Carlos Reutemann, Juan Carlos Romero, Chiche Duhalde y Adolfo Rodríguez Saá. Lo mismo que la rionegrina María José Bongiorno, ex aliada del oficialismo, a quien la actitud le costó un pedido de expulsión del Frente Grande que dirige a nivel nacional el funcionario de Cancillería Eduardo Sigal.

Además del plazo de desinversión, los juristas ponen el ojo en las cláusulas sobre incompatibilidades y control de contenidos incluidos en la ley K. "Esta es una ley con demasiados defectos que va a tener mucha contienda judicial", explicó la abogada constitucionalista María Angélica Gelli.

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