Advierten el "seguro costo millonario que se demandará al Estado", por la Ley de Canteras

Se lo advirtió la Cámara de la Piedra al Senado "por la afectación al derecho e intereses que tanto la Suprema Corte Provincial como la Corte Suprema Nacional han protegido y avalado reiteradamente".
Mientras el ex senador del Frente para la Victoria, Néstor Auza, indicó que la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires esperaría "un dictamen de comisión para tratar el proyecto en sesiones extraordinarias", se conocieron los términos de la presentación que realizó la Cámara de la Piedra en el Senado, que ya dio vía libre a la reconversión compulsiva o traslado futuro de las canteras que trabajan dentro de la denominada poligonal.

El documento ingresado por la entidad manifiesta su "oposición al Proyecto de Ley de Paisaje Protegido contra las canteras de Tandil", cuestión que alarma a los empresarios del sector.

La mencionada cámara hizo la presentación en el Senado para "transmitirle la alarma que ha provocado entre los empresarios mineros bonaerenses, (porque) bajo la apariencia de protección del paisaje, en verdad discrimina puntualmente a algunas canteras de un área determinada del partido de Tandil".

Indicaron por eso que "nos oponemos a dicho intento y lo hacemos con fundamentos que, de ser desarrollados, llenarían informes, así de viciada y lesiva resultaría la ley si se aprobara según la versión del proyecto".

Los canteristas anticipan que el "proyecto es políticamente incorrecto para la provincia de Buenos Aires, porque tomó un compromiso con la política de Estado minera nacional" desde que se dictaron todas (sin excepción) "las normas mineras que sancionó el Parlamento nacional".

"La Provincia altera su compromiso, deja de lado su propia legislación y sobrepasa las leyes federales, a cambio de aplicar una norma (que está aún sin dictarse) basándose en una ley provincial no minera (la de Paisaje Protegido 12.704) y de ese modo, por atender a una inquietud municipal, incumplir con el pacto federal y el resto de las normas de fondo enunciadas que representan un compromiso político institucional a largo plazo", argumentan en su favor.

Además, agregan que esa interpretación ha sido muy bien definida y descripta por la Corte Suprema nacional en su doctrina sobre el "derecho intrafederal" con alcance de "compromiso político de los estados miembro de la República" y la ha ratificado recientemente en materia precisamente minera, al extender la aplicación de aquella normativa incluso a la interpretación de la "estabilidad fiscal", según el reciente fallo "Cerro Vanguardia".

También la rechazan por "ocuparse de un caso puntual, pero en un sitio neurálgico en cuanto a la naturaleza y calidad de los productos mineros involucrados (en especial la piedra partida), se cae en el desconocimiento de la importancia económica y social de la actividad en la región y sentaría un peligroso precedente para el resto del territorio provincial".

Advertencias millonarias

Entre otros atenuantes, mencionan que es "también jurídicamente inviable por quedar descalificado, en términos técnicamente más precisos, de ilegítimo, ilegal e inconstitucional, al menos porque tratando de evitar las disposiciones constitucionales, pretende aplicar a la minería (regida por legislación de fondo federal), una legislación no minera (para colmo, local). Eso es pura inconstitucionalidad" completan.

Por último, los empresarios se expresaron ante "la posible futura generalización de esta iniciativa, que permitiría prohibir actividades similares (y luego tal vez otras) arbitraria e inequitativamente, tras este peligroso precedente".

Y también por el "seguro costo millonario que se le demandará al Estado, por la afectación al derecho e intereses que los superiores tribunales de Justicia (tanto la Suprema Corte Provincial como la Corte Suprema Nacional) han protegido y avalado reiteradamente, con reconocimientos de valores muy importantes en los casos de explotaciones mineras".

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