El lunes pasado se habrían cumplido los 10 días hábiles con los que contaba el Gobierno provincial para plantear un recurso extraordinario sobre un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) por el 82% móvil. Así, el autor de la demanda, el jubiladoFrancisco Ismael Saleh, respiró aliviado, al observar cómo el amparo planteado en 2014 para obtener el pago íntegro de sus haberes está llegando a la recta final.

Ahora, el alto tribunal deberá remitir el expediente a la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, con el fin de que los vocales Salvador Ruiz y Horacio Castellanos efectúen el cálculo de redeterminación de los ingresos correspondientes al demandante.

El 13 de octubre, los vocales de la CSJT, Antonio Gandur (presidente), René Mario Goane y Daniel Posse -por encontrarse excusada Claudia Beatriz Sbdar- dictaron un fallo que habilitó la vía del amparo para que un jubilado obtenga el pago de sus haberes con el beneficio del 82%. El alto tribunal ratificó lo dispuesto en 2015 por la Sala I del fuero contencioso, que ya había condenado a la Provincia a abonarle a Saleh su jubilación de manera íntegra. La misma suerte corrió otro demandante, José Ricardo Mattassini, también integrante del Movimiento Jubilados de la Plaza. Ambos actuaron patrocinados por los abogados Arnaldo Ahumada y Roberto Toledo.

El 17 de octubre, la CSJT notificó al abogado de la Fiscalía de Estado, Luis Albornoz, representante de la Provincia en la causa. La ley nacional 48, que regula los plazos del recurso extraordinario, otorga 10 días hábiles a las partes para solicitar la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El lunes habría caducado esa instancia sin que la Casa de Gobierno objetara la sentencia, por lo que Saleh y Mattassini confían en que, por fin, podrán cobrar con el 82%.

La decisión de la Corte fue considerada “histórica” por los demandantes, ya que consagra la vía del amparo para estos casos y sienta un precedente. “Esperamos que después de 13 años de lucha, el gobierno adopte una medida general y disponga el cumplimiento irrestricto del porcentual que a cada jubilado corresponde conforme a la ley de cese en su actividad”, indicaron Saleh y Mattassini.

Remarcaron que en estos años más de 20.000 jubilados murieron “sin que les reconozcan sus derechos” de gozar del pago de sus haberes con el 82%. “El daño producido por el gobierno anterior (de José Alperovich) y la aparente indiferencia del actual (a cargo de Juan Manzur) han producido daños irreparables en los bienes y en la vida de muchos que ya no están”, agregaron. Según ellos, es hora de que el Gobierno provincial se ocupe, entre otras cosas, “de reparar este enorme perjuicio ocasionado y que los jubilados puedan gozar de sus derechos en los pocos años de vida que le quedan”.

Los jubilados contaron que a medida que veían cómo varios “compañeros” de lucha perdían la vida en el reclamo es que comenzaron a estudiar qué otro camino existía. Así, plantaron una acción de amparo en 2014. Caso dos años después, la Justicia les dio la razón.