Advierten que la Justicia podría declarar nula la ley de medios

Especialistas consultados por lanacion.com coincidieron en que hubo irregularidades y en que, de ser aprobado por el Senado, el proyecto podría caer; no obstante, mostraron diferencias sobre el éxito de eventuales planteos; los antecedentes
Las denuncias que ayer dominaron el largo y crispado debate que derivó en la media sanción de la ley de medios en la Cámara de Diputados podrían terminar en la Justicia.

Juristas consultados por lanacion.com coincidieron en que las irregularidades sobre las que ayer advirtió la oposición a lo largo de toda la sesión -y por las que finalmente se retiraron del recinto antes de la votación-, efectivamente existieron y que podrían servir de base para llevar el tema a los tribunales. En lo que no coincidieron es en el éxito que podrían tener eventuales planteos judiciales.

Las instancias sobre las que se ciernen las dudas son tres: las condiciones en las que se dio dictamen de comisión al proyecto, el tiempo transcurrido entre la emisión de ese dictamen y la sesión en el recinto, y las circunstancias en las que se inició el debate.

El constitucionalista Félix Loñ repasó cada una de ellas. "Las denuncias se sustentan en el reglamento de la Cámara de Diputados, que es muy claro. El régimen para sesiones especiales indica que transcurrida media hora desde la convocatoria, si no se logra el quórum, la sesión se tiene que levantar", indicó.

Regla y costumbre. Respecto del dictamen de mayoría, -que el oficialismo firmó tras una maratónica reunión, después de haber introducido más de 200 cambios al proyecto original sólo unas horas antes, y sin la presencia de todos los diputados que integran las tres comisiones-, aclaró: "En la práctica, está permitido que las firmas de un dictamen se terminen de juntar aún después de la reunión de comisión. Eso ocurre con frecuencia cuando hay consenso sobre un proyecto. Pero en este caso estamos ante una ley muy importante y polémica y lo correcto hubiera sido ceñirse estrictamente al reglamento".

Por último, apuntó a la "gravedad" de que no hayan pasado los siete días hábiles que debieron haber transcurrido entre el despacho de comisión y la discusión en el recinto. "Ese lapso es clave, no sólo para que los legisladores puedan conocer y analizar lo que van a votar, sino también para que la opinión pública pueda informarse sobre el tema, que en este caso es particularmente delicado", opinó.

Para Loñ, las fallas no sólo alcanzan para recurrir a la Justicia sino que son lo suficientemente graves como para derivar en una eventual anulación de la ley de medios, si fuera aprobada, claro. "Las irregularidades formales que vician el proceso de nulidad están clarísimas. Cualquiera que se sienta afectado, sea un particular o un medio de comunicación, podría presentar una demanda al Estado por incumplimiento de las disposiciones reglamentarias", precisó.

Antecedentes. En este punto, citó dos fallos de la Corte Suprema: uno que en 1998 determinó la nulidad de una ley contra Nobleza Picardo porque había diferencias entre el texto aprobado en Diputados y el que se sancionó en el Senado y otro un año más tarde, cuando aceptó anular una reforma que había hecho la Convención Constituyente respecto de la edad de jubilación de los jueces. "Son dos antecedentes válidos y podrían sustentar una presentación judicial en este caso", concluyó.

Para Gregorio Badeni, sólo una de las tres irregularidades denunciadas por la oposición es lo suficientemente grave como para terminar en la Justicia. "El que haya habido legisladores que ayer no habían siquiera recibido el proyecto que debían analizar es una arbitrariedad grosera", planteó.

Judialización. A diferencia de Loñ, Badeni consideró que las otras dos fallas (los problemas con la firma del dictamen y el retraso en el comienzo de la sesión) debieron haber sido subsanadas en la Cámara. De hecho, ayer, en la primera parte del debate, varios diputados de la oposición advirtieron que correspondía levantar la sesión. Ninguno de los planteos prosperó.

El constitucionalista insistió en que la Justicia no debería intervenir por estas falencias. Por el contrario, opinó que, de ser así, "se estaría judicializando una cuestión que debería haber resuelto el Congreso", por lo que consideró que un planteo judicial sobre esos puntos "no prosperaría fácilmente".

Presión política. Según Daniel Sabsay, las irregularidades y "violaciones" al reglamento de la Cámara de Diputados registradas ayer son "sumamente graves" y podrían dar lugar a presentaciones judiciales, aunque puso en duda su éxito.

Coincidió con Badeni en que esos planteos difícilmente prosperarían, aunque atribuyó su eventual fracaso a motivos distintos. "Es cierto que los antecedentes son pocos y que la tradición jurídica de nuestro país es más bien tendiente a no intervenir en casos cono este. Pero la barrera real es la presión política", indicó.

Para el jurista, la falta de antecedentes sólo sirve como explicación parcial. "El que no haya antecedentes no quiere decir que nunca se los pueda iniciar. Esta es una excelente oportunidad para hacerlo porque las irregularidades fueron muy groseras", razonó.

Hacia el final, volvió sobre el argumento del "freno político". "Mientras el Consejo de la Magistratura funcione como funciona, veo realmente muy difícil que un planteo como el que ayer hizo la oposición avance en la Justicia", concluyó.

A lo largo de la historia judicial argentina, la Corte no admitió que legisladores y ciudadanos impugnasen las leyes haciendo hincapié en la irregularidad del trámite legislativo. Para el máximo tribunal, el deber político debe agotarse en el recinto; los legisladores no tienen legitimación para llevarlo a la Justicia. Admitir la intervención de la Justicia en ese debate político podría afectar la división de poderes. No obstante, tal como recordó Loñ, a partir de 1998 la Corte aceptó intervenir en dos casos.

"Absolutamente legal"

Como era de esperar, el jefe del bloque kirchnerista en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, defendió la media sanción de la ley de medios. "Quiero dejar claro que todo lo que hicimos es absolutamente legal. El despacho de la comisión que obtuvimos el martes tuvo mayoría en cada una de las comisiones. Nos sobraron ocho firmas sobre el total de los miembros del plenario", afirmó en declaraciones a radio 10.

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