Advierten a la Caja que deberá respetar medidas cautelares

Tres jueces civiles se pronunciaron en ese sentido / Uno de los magistrados hasta alertó sobre posibles sanciones a funcionarios que incumplan órdenes judiciales.
Tres jueces civiles de la Capital comunicaron a la Caja de Jubilaciones de la Provincia, que deberá cumplir las medidas cautelares dictadas en juicios de amparo en favor de jubilados, a pesar del polémico decreto 1.830, convertido ahora en ley Nº 9.722, que fue publicada ayer en el Boletín Oficial.

Además, uno de los magistrados, Claudia Zalazar, de 51ª Nominación, advirtió a las autoridades de la Caja, que el incumplimiento de órdenes judiciales los haría incurrir en resistencia o desobediencia a un funcionario público, penada por el artículo 239 del Código Penal, con prisión de 15 días a un año.

La magistrada destacó que el régimen republicano de división de poderes vigente, implica que otro poder de igual grado que el Judicial, "en modo alguno puede modificar lo ya resuelto por este órgano, ya que tal tesitura implicaría un avasallamiento por parte del poder político, sobre el cual recae recae la orden de este Tribunal, ya que la Caja de Jubilaciones es una entidad autárquica".

Paralelamente, la CGT Córdoba dio a conocer ayer un comunicado, con duras críticas al gobierno provincial por su política previsional.

En la Justicia, la situación tuvo más repercusiones, a partir de las decisiones de los jueces civiles y comerciales Clara María Cordeiro, Aldo Novak y Claudia Zalazar, de 6ª, 31ª y 51ª Nominación, respectivamente, que notificaron a la Caja que deberá cumplir las medidas cautelares oportunamente ordenadas, en cuanto al pago en efectivo de la totalidad de los haberes comprendidos en esas medidas.

Esas comunicaciones surgieron a partir de reclamos de jubilados que temen ver modificada su situación con las nuevas normas legales y plantearon la inconstitucionalidad del decreto 1.830.

Por su parte la jueza Zalazar, además de advertir sobre la eventual comisión de un delito por parte de funcionarios de la Caja, en caso de incumplimiento, dispuso aplicarle a ese organismo una multa de 200 pesos, a favor del jubilado, por no responder un emplazamiento que se le efectuó en abril pasado.

A su vez, el Juzgado de 20ª Nominación, a cargo de Viviana Yacir, aclaró que su decisión en la causa "Mecchi", de la que informamos ayer, se limitó a dar trámite al planteo de inconstitucionalidad del decreto 1.830, sin disponer nada con respecto a la medida cautelar que dictó en noviembre en favor de la parte actora.

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