"Advertimos que el acuerdo era contrario a las leyes"

Lo dijo el ex diputado Javier Bielle, miembro informante de la oposición, cuando se prestó acuerdo para designar al Dr. Espinoza en el cargo de Agente Fiscal. "Aquella ley fue inconstitucional y todo lo actuado de ahí en adelante es nulo", afirmó a TiempoSur.
El Caso Sosa -por el procurador general Eduardo Sosa, separado de su cargo en 1995- sigue tan vigente como hace 14 años. En las últimas horas, quien ocupa uno de los cargos que se desdobló tras la reforma judicial, el Dr. Claudio Espinoza, presentó un pedido de nulidad al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que exige restituir a Sosa como Agente Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia.

Sin embargo, no todo el mundo recuerda cómo nació uno de los casos judiciales más emblemáticos del país. TiempoSur entrevistó ayer al miembro informante de la oposición en la legislatura, el arquitecto Javier Bielle (UCR), quien recordó que en esa sesión donde se prestó acuerdo a Espinoza, advirtieron que se estaba violando la Constitución.

El antecedente

Para el ex diputado Javier Bielle, el principal antecedente no es la sesión de Cámara de Diputados donde se discutió el acuerdo a los doctores Cabral y Espinoza; sino cuando se modifica el régimen judicial a fines del año 1995.

En ese momento se suprime el cargo de Procurador General ante el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz y se desdobla en dos, el Fiscal ante el Tribunal y el Defensor ante el Tribunal.

"Con la supresión, el Gobierno encuentra el argumento para dejar cesante a Sosa", sostuvo Bielle, al tiempo que indicó que en ese momento el diputado Horacio Lafuente advierte que esa resolución ordenada por esa ley era inconstitucional, "porque el cargo de Procurador es inamovible, tiene garantías constitucionales, no pueden ser separados de su cargo, sólo por un juicio político".

También aclaró que la disolución del cargo no era motivo para separarlo del sistema judicial, en tal caso, Sosa "debería haber ido al cargo de Fiscal".

La Cámara contaba con algunos miembros después ilustres como la actual presidenta de la Nación, Cristina Fernández y el ex gobernador Arturo Puricelli.

"Lafuente les hace la salvedad que se estaba promulgando una ley que tenía vicios de inconstitucionalidad", manifestó el arquitecto.

Después del trámite administrativo tras la sanción de la ley, Sosa inicia una demanda por inconstitucionalidad, "hubo inclusive recusaciones a los miembros del Tribunal Superior de Justicia por perjuicio y hay todo un proceso que participan conjueces; y al final, el Tribunal establece que esa ley es inconstitucional y se da una vía que es seguir el proceso en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que termina convalidando esa inconstitucionalidad y ordenando la reposición de Sosa en el cargo", afirmó Bielle.

El pliego de Espinoza

Ya corría el año 1996 y con el camino libre, con los dos cargos vacantes y Sosa separado, se presentan los pliegos de los doctores Cabral y Espinoza.

"Los diputados de la oposición advertimos que se estaba cometiendo un acto que después se podría considerar nulo", sostuvo Bielle, quien además aseveró que de prosperar el juicio de inconstitucionalidad que estaba llevando adelante Sosa, "podría pasar que se ordenara su reposición y consecuentemente la nulidad de todo lo hecho".

En cuanto al argumento del oficialismo, el arquitecto indicó que fue el mismo para llevar a cabo la reforma, que era que se trataba de un acto estrictamente administrativo. Pero Bielle advirtió que "lo que no puede ser un acto administrativo, es la remoción o dejar cesante a un juez o un magistrado que cuenta con Acuerdo de la Cámara, tal cual lo dice la Constitución".

Pero lo más grave está por venir. El ex legislador radical sostuvo que Espinoza "dice que también tiene acuerdo, pero lo que queda claro es que aquella ley fue inconstitucional y consecuentemente no es válida, y todo lo actuado de ahí en adelante es nulo".

"No creo que en este caso haya mucho que discutir, nosotros lo advertimos en ese momento, este acuerdo que se estaba dando a Espinoza era contrario a las leyes y consecuentemente podría ser considerado como nulo, que es lo que hoy la Corte Suprema sostiene", puntualizó.

Después de más de una década de reclamos, "parece ser que a pesar que ni yo, ni (Carlos) Pérez Rassetti que ninguno era abogado, ambos informantes de los bloques de la oposición (UCR y FREPASO), sabíamos más que los abogados que estaban en la Cámara", subrayó Bielle.

"Lo lamentable de todo esto y que hay que empezar a remarcar, es que esto cuesta plata al Estado, estos errores le están costando muy caro a los ciudadanos de la provincia, porque a Sosa le cabe la indemnización, y probablemente también le cabe una indemnización a Espinoza", dijo.

También informó que el Dr. Lafuente "les hace cargo a los diputados (oficialistas) que estaban votando, que deberían hacerse responsables con su propio patrimonio, porque se tomó una decisión que claramente era percibida como inconstitucional" expresó, y para finalizar indicó que de declararse la nulidad, hasta aquellos que se vieron perjudicados por algún fallo de Espinoza podrían pedir la nulidad del acto, dando a entender sobre la gravedad de lo que se está discutiendo.

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