La advertencia del TC

En reiteradas oportunidades, el Tribunal de Cuentas advirtió las dificultades que se le presentan para fiscalizar porque el Gobierno no reglamentó el artículo quinto de la ley correspondiente al destino de las inversiones.
En una nota enviada a legisladores del kirchnerismo en marzo de 2006, aclaró que "ante la carencia hasta la fecha de la respectiva reglamentación de la ley, este organismo ha efectuado el análisis de los fundamentos que se presentaran en cada proyecto, aplicando un criterio de razonabilidad en la consideración de los mismos".

Según la acordada 5551/05 del Tribunal de Cuentas, los municipios deben consignar en el expediente del proyecto la "necesidad que se resuelve, población beneficiada, requerimientos materiales y emplazamiento físico". Como se ve, nada que permita evaluar objetivamente el potencial de desarrollo de la inversión.

Incluso el departamento de control de rendición de las regalías mineras debió desarrollar su propio marco teórico para "bajar" el concepto desarrollo. Aún así se presentan intensos debates con los proyectos presentados por los municipios.

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