La adquisición debe satisfacer el bien común de los habitantes

En su obra "Derecho Administrativo", el jurista Cassagne precisa los alcances de la definición del concepto de utilidad pública.
La utilidad pública, garantía exigida por la Constitución nacional (artículo 17) para que el Estado pueda expropiar los bienes de un particular, es un concepto jurídico indefinido, cuya determinación en los casos concretos se otorga al Congreso (o, en el caso de las provincias, al Poder Legislativo) en la medida en que la finalidad que se persiga con tal acto sea la satisfacción del bien común.

El principio se encuentra establecido en la Carta Magna, en tanto que, tras fijar que la propiedad es inviolable, agrega que "la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada".

En conexión con este mandato, la Ley 21.499, en el orden nacional, y la Ley 5.006, en el ámbito de nuestra provincia, contienen una definición prácticamente idéntica: "la utilidad pública comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común, sea este de naturaleza material o espiritual", fija la norma local.

Del mismo modo, el artículo 67, inciso 17 de la Constitución de Tucumán reformada en 2006 fija, entre las atribuciones de la Legislatura, la siguiente: "declarar los casos de utilidad pública para la expropiación".

Los alcances

Entre los especialistas en Derecho Administrativo que han estudiado el tema, Juan Carlos Cassagne aclara los alcances de la definición de utilidad pública receptada por la Ley 21.499. "Este concepto legal importa, en rigor, una ampliación tanto del primitivo criterio que limitaba el objeto de la expropiación a la finalidad de realizar obras o servicios públicos, como del criterio que concebía la utilidad pública sobre la base de una idea economicista, puramente material, que no incluía la satisfacción de intereses de tipo moral o espiritual", enseña.

En su texto Derecho Administrativo, este jurista precisa que la amplitud de la definición consagrada permitiría, a modo de ejemplo, la expropiación de un conjunto de obras de arte con el objetivo de que estas sean exhibidas en un museo. "Esto, aun cuando no satisface una necesidad material, sino de naturaleza espiritual o cultural de los habitantes, se encuentra enmarcada en el concepto legal de utilidad pública", puntualiza.

Razonabilidad

Independientemente de la elasticidad del concepto de utilidad pública, la referencia al bien común funciona como un tope contra la discrecionalidad legislativa o administrativa.

Por este motivo, Cassagne advierte: "la razonabilidad (de la expropiación) precisa hallarse fundada en un interés comunitario que beneficie a todos los habitantes o a un sector de estos y que sea compatible con el sistema constitucional, concebido sobre la base de que los derechos fundamentales, principalmente la propiedad y las distintas libertades, han sido instituidas a favor de los particulares y no del Estado. Es indudable que estos límites operan sobre el Congreso cada vez que procede a la calificación legislativa de la utilidad pública, por imperio de lo prescripto en el artículo 28 de la Constitución nacional (principio de razonabilidad)".

Comentá la nota