La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, admitió en el Congreso que los secuestros crecieron un 25 por ciento en la Capital en lo que va del año, pero aseguró que ese tipo de delito disminuyó en la provincia de Buenos Aires respecto al mismo período de 2015.

Citada por la Comisión Bicameral de Fiscalización de Órganos y Actividades de Seguridad Interior, que preside Sergio Massa, la funcionaria dijo que en los primeros cinco meses del año se registraron 115 secuestros en la Capital y en la provincia de Buenos Aires, mientras que en el mismo período del año pasado se denunciaron 137 hechos, de acuerdo a cifras de la Procuración General de la Nación.

 

Según las cifras que desagregó la ministra, de los 115 secuestros registrados en el año, 95 se produjeron en la provincia de Buenos Aires y 20 en la Capital. Entre enero y mayo de 2015 hubo 121 episodios en la provincia y 16 en la Capital, agregó Bullrich, según informa La Nación.

No obstante, en esa estadística sólo incluye los hechos en los que intervino alguna fuerza de seguridad en pleno desarrollo del secuestro y en los que la fiscalía solicitó las intervenciones telefónicas. Esta circunstancia es una característica de los secuestros que duraron más de tres horas. No figuran en la lista los episodios en los que si bien hubo privación ilegal de la libertad y una extorsión, se denunciaron después de que fue liberada la víctima y se clasificaron con otra calificación delictiva.

 

Por otro lado, Massa presentó dos proyectos a la ministra, uno referido a los secuestros. Se trata de la Ley de Geolocalización, que según explicó “sigue los modelos mexicanos y peruanos, y consiste en seis pasos: Establece el procedimiento para geolocalizar en forma urgente un teléfono celular en caso de Secuestro, y permite al Fiscal ver en tiempo real todo el recorrido de la víctima, los captores o cómplices que usen teléfonos móviles, incluso reconstruir el circuito histórico”.

El mismo, precisó, “opera en casos de delitos flagrantes, que tengan pena superior a los cuatro años, y donde el acceso al teléfono móvil sea necesario para la investigación. Asimismo, obliga a las concesionarias de telefonía a designar un sujeto responsable para operar la geolocalización de los teléfonos y prohíbe el uso de celulares en las cárceles. Como beneficio adicional –detalló-, obliga al Ministerio de Justicia a modernizar el sistema de emergencias 911 para la localización precisa de quién denuncia y a la implementación de botones y aplicaciones de pánico gratuitas”.

 

 

Por otra parte, también presentó el proyecto de Ley Nacional de Prófugos y Evadidos, que sigue el modelo chileno, e incluye “la creación de una base única de registro que cada juez cargara desde su despacho a través de un software de tres botones: prófugos, evadidos y rebeldes. Las Provincias que adhieran a esta Ley de Orden Público, instrumentaran dentro de sus Ministerios de Seguridad, la áreas para localizar a los prófugos y evadidos”.

 

 

“La importancia de este proyecto es que le quita a las policías el manejo de la información y lo coloca en el ámbito del poder judicial a través de un mecanismo nacional, ágil y veloz”, concluyó Massa.