Admiten que el sistema penal de la Justicia “está en crisis”

En los fundamentos del proyecto de reforma al sistema penal, reconocen que existe “exceso de trabajo y falta de recursos económicos y humanos”. La iniciativa ingresó ayer en la sesión
El presidente del Tribunal Superior de Justicia, reconoce en el proyecto de reforma judicial que ayer ingresó a la Legislatura que "la justicia penal está en crisis, que los operadores judiciales se muestran impotentes, ante el exceso de trabajo, y que hay falta de recursos humanos y económicos".

La iniciativa de modificación de reforma al sistema penal, que lleva la firma del presidente del Tribunal Superior de Justicia y del fiscal General Claudio Ana, admite en sus fundamentos que el sistema mixto en la Provincia "no brinda respuestas a situaciones como la mora judicial, los casos no esclarecidos, no investigados, los que no se instruyen, o en el mejor de los casos la instrucción es una mera ratificación de las actas policiales, es decir, todo lo que signifique impunidad o la inversa de las personas que no pueden probar su inocencia".

El reconocimiento deja en claro que existe una ingeniería judicial obsoleta desde hace varios años y, sin embargo, surge luego del asesinato de la joven Cecilia González Córdoba. Fue la primera reacción del Gobierno que busca ahora modificar el sistema acusatorio y otorgar facultades a los fiscales para casos de flagrancia.

Juicio directo

La iniciativa, a la que tuvo acceso NUEVA RIOJA, plantea la modificación de 18 artículos del Código Procesal Penal.

Para los casos de flagrancia se plantea un juicio directo y se aplicará a la "persecución penal de los delitos dolosos de acción pública, cualquiera fuere la pena con que estén reprimidos, cuando fueren cometidos en flagrancia. Habrá flagrancia cuando el autor del delito sea sorprendido en el momento de intentarlo o cometerlo, o inmediatamente después, mientras sea perseguido o cuando tenga objetos o presente rastros que permitan sostener su participación en el delito".

Procedimiento

El procedimiento de flagrancia estará a cargo del fiscal, que practicará una investigación sumaria para reunir los elementos que sirvan de base para requerimiento de juicio.

Durante el desarrollo de la investigación fiscal, este podrá citar, interrogar y otorgar libertad del imputado. Y en caso que el imputado no resulte detenido y correspondiere esta medida judicial, el fiscal solicitará la orden del juez de Instrucción, quien deberá librarla o rechazarla en 24 horas.

El requerimiento de citación a juicio deberá ser presentado ante el Tribunal de juicio dentro de los 15 días a contar desde la detención del imputado. Si el imputado estuviere en libertad el plazo es de 30 días. Superado estos plazos, el fiscal informará al juez de Instrucción el motivo de la demora y solicitará una prórroga de 15 días como máximo.

En caso que el fiscal determine procedente el juicio solicitará al tribunal correspondiente el decreto de citación para formular luego el ofrecimiento a pruebas.

Concluida la investigación sumaria el procedimiento flagrancia o la instrucción judicial, conjuntamente con el pedido de elevación de la causa a juicio, el fiscal podrá solicitar al tribunal la aplicación del juicio abreviado.

Este procedimiento podrá aplicarse cuando el imputado admita el hecho y la pena acordada no supere los 10 años de privación de libertad o se trate de otra especie de pena.

Si el tribunal admite el juicio citará para audiencia a las partes que fundamentarán sus pretensiones y dictarán la resolución que corresponda.

Si existe condena, la pena que imponga el tribunal no podrá superar la acordada, sin perjuicio de aplicar una pena menor o de otro tipo. Podrá absolver con el fundamento de una calificación jurídica distinta; y si el juez estima que no se cumple con los requisitos legales, rechazará el procedimiento remitiendo el requerimiento al fiscal de juicio a otro juez para la realización de un juicio común.

Menores

El proyecto establece que no se aplicará este procedimiento de flagrancia cuando el asunto fuere de competencia del juez de Menores, existiere obstáculo constitucional, o el asunto fuere complejo o la duración de la diligencias fuere incompatible con el procedimiento de flagrancia.

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