Admiten que una banda vendía casas construidas por Vivienda

El Gobernador pidió a la Justicia que investigue y no descartó complicidad de funcionarios o empleados de la APVyU.
El gobernador Luis Beder Herrera se mostró sorprendido e indignado ayer al denunciar la existencia de una red delictiva que se dedicaba a vender viviendas construidas por el Estado, presuntamente con la complicidad de empleados o funcionarios de la Administración Provincial de la Vivienda y Urbanismo.

El mandatario pidió a la Justicia provincial que sea expeditiva en el caso y consideró que el juez debe investigar "a fondo" para terminar con estos hechos. También dijo que los responsables de estas maniobras son unos "sinvergüenzas", estimó que estas artimañas se venían perpetrando desde hace un tiempo y señaló que ya el Gobierno había efectuado denuncias de estas características.

El mandatario dijo que "tiene que haber presos y punto" y opinó que la única perjudicada ante esta situación es la gente.

Por este hecho, el juez Daniel Barría dispuso el lunes la detención de Luis Llanos (ver pág. 23) y en la investigación no se descarta que este sujeto haya contado con la colaboración de algún empleado o funcionario de este organismo estatal.

La denuncia de Beder Herrera cobra fuerza a partir de un convenio firmado, ante escribano público, se estima que serían unas 70 personas (que pretendieron comprar las casas en forma irregular) y el detenido, quien se comprometió a devolver el dinero en dos cuotas.

Los "damnificados" están recibiendo el asesoramiento de un conocido abogado del foro local, pero "ellos también saben que esas viviendas son del Estado y no se las puede comprar", afirmó Beder Herrera al aclarar que Llanos no es empleado del Estado provincial, sino un "embaucador, un estafador" que podría tener fuertes conexiones en la Administración de Vivienda.

Metodología

El detenido engañaba a los compradores mostrándoles las casas que prometía que iban a recibir -a las que habría tenido acceso, según las denuncias- lo que alimenta las sospechas de que existiría una conexión con la institución.

Los damnificados habrían abonado sumas que oscilan entre los 8 mil y los 30 mil pesos, dependiendo el costo de cada caso en particular.

Las maniobras de Llanos y sus presuntos colaboradores habrían quedado truncas cuando durante la última entrega de viviendas, el Gobernador ordenó que entre los adjudicatarios se priorice a las familias en situación de emergencia. Esto, sumado a un adelanto de "cuotas" por parte de los compradores a Llanos, habría obligado a este sujeto a firmar el citado convenio. "La presión era insostenible y eso hizo que no le entreguen las casas a esta gente", dijo.

Luego, añadió que el ministro de Infraestructura, Javier Tineo, radicó una denuncia penal por estos hechos y entendió que la Justicia cuenta con pruebas, certificadas por un escribano, para investigar el caso.

Seguir construyendo

Durante su exposición, el Gobernador reafirmó su compromiso de redoblar los esfuerzos en materia de construcción de viviendas para distintos sectores de la población, destacando los planes de erradicación de ranchos y la próxima construcción de casas para la clase media (con financiamiento de la ANSeS); y se comprometió a monitorear diariamente y en forma personal la gestión de la Administración de Vivienda.

"Tengo el fuerte compromiso de concretar la construcción de las viviendas y, por otro lado, ‘estos sinvergüenzas’, venden las cosas que son de la gente, del Estado", señaló.

Finalmente y en relación a aquellas personas que siguen esperando su vivienda, el Gobernador manifestó que seguirá luchando para que estas casas se hagan realidad. "Hoy es un día importante y pareciera que con esto vamos a terminar la corrupción en Vivienda", añadió.

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