No se admite un régimen de coparticipación que no asigne recursos

Especialmente invitado por el presidente del Departamento de Política Tributaria de la Unión Industrial Argentina (UIA), Carlos Abeledo, el ministro de Hacienda y Finanzas de Corrientes, Sergio Tressens, participó en carácter de expositor, de la jornada titulada Coparticipación Federal de Impuestos, un debate impostergable.
Integró un panel con la misión de trazar un enfoque provincial acerca del régimen de reparto, y en ese marco dejó en claro que es una necesidad "la discusión de lo que llamamos el modelo federal".

"La Argentina ha optado por un régimen de coparticipación porque ha decidido políticamente, desde la estructura fiscal, la reasignación territorial de los recursos.

Se puede discutir si tales políticas son racionales o no, buenas o malas, excesivas, distorsivas, etc. Lo que no se puede admitir es tener un régimen de coparticipación que no reasigne e ignore este principio, porque entonces el pilar más importante del régimen caería", remarcó el ministro de Hacienda.

Tressens fue todavía un poco más y ante un selecto auditorio, conformado por asociados de la UIA, académicos y profesionales de distintos ámbitos políticos y empresariales, dijo que "los cálculos que evidencian la reasignación de recursos pueden tener cualquier lectura, incluso algunos puntos pueden hasta parecer grotescos, pero en cualquier caso, la facultad distributiva está en la base del sistema previsto en la propia Constitución Nacional", aseguró.

Tressens estuvo acompañado de su par de la provincia de Salta, Carlos Parodi, quien además graficó la situación de inferioridad general en la que se encuentran las provincias ante la voracidad del Estado Nacional, que se queda con hasta el 75 por ciento de los recursos del Estado.

Salta tardaría unos 140 años en alcanzar los niveles de crecimiento de las zonas más favorecidas por la coparticipación, situación que no es ajena a Corrientes.

Por esta razón el ministro de Hacienda, como en su momento también el gobernador Arturo Colombi, activaron un debate en la Provincia sobre la necesidad de rediscutir el régimen de coparticipación federal de impuestos.

De hecho, la reforma constitucional de 1994 otorgó rango constitucional a la coparticipación tributaria entre la Nación y las provincias, indicando que una nueva ley debía sancionarse y entrar en vigencia en marzo de 1996, situación que a la fecha no se ha cristalizado en los hechos.

Por ello y porque un buen sistema de transferencias debería nivelar las diferencias de capacidad y necesidad fiscal entre jurisdicciones, de manera tal de garantizar que cada habitante del país, independientemente del lugar donde resida, tenga acceso a un determinado flujo de servicios del Estado, el ministro Tressens remarcó que se trata de una "decisión política seguir con el régimen actual".

No obstante dejó en claro que "esto implica que necesariamente hagamos una discusión más profunda sobre el mismo y sobre la actuación del Estado nacional en el territorio". "Y Corrientes tiene como fundamentar en este punto", acotó.

El titular del Ministerio de Hacienda también sostuvo como prioritario profundizar la discusión sobre la coparticipación municipal.

"En Corrientes hemos avanzado, en la reforma constitucional del año pasado, elevando el rango constitucional y el porcentaje de distribución, pasando de un 12 al 15 por ciento.

Como consecuencia de todo esto, sostengo que en Corrientes está mucho mejor financiado el régimen municipal que el provincial, por lo que existe una concepción al menos más efectiva de lo que significa el federalismo y la propia autonomía", definió.

Esta situación se contrapone con la realidad nacional, que sostiene la actual ley de coparticipación, norma que ha quedado superada por la realidad económica y social del país, no resultando efectiva como herramienta de distribución equitativa en la asignación de los recursos públicos.

Según la UIA, esto no ha permitido poner límites a los excesos tributarios que han generado incertidumbre a todos los agentes económicos, atentando contra la competitividad y la seguridad jurídica necesarias para el desarrollo sostenido de las actividades económicas.

En este punto el ministro Tressens prefirió hablar de "desprolijidades tributarias", dejando a salvo de todas maneras que "es atendible la preocupación de los actores económicos" por lo que llamó "desvíos tributarios", más como consecuencia "de una mala arquitectura que de una vocación recaudatoria excesiva".

Atendiendo a ello finalmente remarcó que "mas bien deberíamos pensar en las obligaciones de los gobiernos locales y su financiamiento antes que hablar de excesos", y de ese modo cerró su conferencia.

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