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08-09-2010 I OPI Santa Cuz I Santa Cruz I Política Bookmark and Share

“Te lo adjudico, pero este pedazo es mío”

Esta frase se la habría expresado un funcionario municipal de Caleta Olivia a un comerciante que recurrió a la comuna para que le adjudicaran un terreno con fin de realizar un emprendimiento. La situación por la venta ilegal de tierras desnudó una trama secreta de corrupción entre privados y funcionarios municipales que la justicia estaría investigando. Los Concejales pidieron datos al Intendente Cotillo y éste se ha negado a comunicárselo al Cuerpo

La venta ilegal de tierras en Caleta Olivia sigue dando que hablar en la sociedad del norte santacruceño y se recalienta el tema toda vez que los datos que aportan testigos y damnificados directos apuntan a un sector de funcionarios municipales que estarían en combinación que algunos particulares para facilitar la comercialización de tierras fiescales.

Actualmente ya son tres los vecinos de esa ciudad que radicaron la denuncia por la estafa y de acuerdo a las fuentes judiciales consultadas en al menos uno de los casos se nombraría a una persona de apellido Morón. Sin que hasta el momento se pueda establecer fehacientemente que se trata de la misma persona, coincidentemente el funcionario a cargo de las adjudicaciones de las tierras en zona de chacras y en Desarrollo Industrial es del mismo apellido.

Precisamente esta persona fue entrevistada la semana pasada por el programa Vamos que venimos de Radio 21 de esa ciudad y el conductor Javier Rivarola le dio lugar al Sr. Morón para que le informara al público qué metodología utilizaban para realizar las adjudicaciones

El funcionario comenzó explicando cuales eran los requisitos. De acuerdo a su exposición el interesado en adquirir un terreno en esa zona, debe presentar junto con la solicitud de tierra un proyecto de inversiones a ejecutar en un plazo de dos años, en la Secretaría desarrollo industrial, se hace un estudio de factibilidades y de ser viable se realiza la adjudicación y se promueve un seguimiento para lograr que efectivamente se cumpla con el compromiso asumido por el emprendedor.

Durante la semana pasada luego de que saliera al aire el funcionario a cargo del área de desarrollo industrial, explicando los requisitos que se solicitan desde su secretaría para adjudicar un terreno fiscal en el barrio industrial de esa localidad norteña, en OPI recibimos al menos tres e-mail de varios emprendedores, denunciando el modus operandi de un funcionario de alto rango (que no nombraron) a la hora de adjudicar tierras fiscales a aquellos que buscan llevar a cabo un proyecto de desarrollo industrial.

Puntualmente uno de los comerciantes al que contactamos, porque nos pareció realmente llamativa la descripción que hacía de su caso, nos relató que como propietario de una pequeña empresa de carpintería que se va a dedicar a la construcción de casas prefabricadas en Caleta Olivia, cuando fue a recibir la adjudicación del terreno hace un par de semanas atrás un funcionario le dijo: “te lo adjudico pero éste pedazo es mío”, y el carpintero por miedo a perder el terreno, aceptó las condiciones establecidas.

Otro lindero indignado nos comentaba que por cada terreno que adjudica en esa zona, el funcionario municipal que no fue nombrado por los denunciantes, se queda con una parte del predio y remató señalando “de esta manera se va a quedar con el parque industrial”.

Consultados los vecinos caletenses si acudirían a la justicia, dijeron que en las actuales condiciones no hay seguridad jurídica para ellos y temen que de hacerlo público con nombre y apellido ante la justicia se queden sin la propiedad, donde ya han desarrollado sus proyectos e invertido dinero.

También los consultamos sobre esta doble condición de “denunciante y cómplice”, dado que aparentemente, tal como se revelan las denuncias, los adquirentes sabían de antemano que existían irregularidades manifiestas en la entrega de tierras. En los dos casos en los que entrevistamos a los emprendedores expresaron que lo único que hicieron es ajustarse a las condiciones que les exigía el funcionario “era aceptar o quedarse sin nada”, admitieron.

Luego que estalló este escándalo salió a luz un pedido que le hizo hace un año atrás el Concejo Deliberante de Caleta al Intendente Cotillo, impulsado por el Concejal Facundo Preades (UCR) pero avalado por todo el Cuerpo, para que el Ejecutivo informara detalladamente cómo cuántos y cuáles terrenos se han entregado durante los dos mandatos del actual jefe comunal, teniendo en cuenta que por ordenanza Nº 4563 es el propio Intendente quien dispone la entrega de tierras en forma directa sin pasar por la aprobación del HCD.

“A pesar de las reiteradas notas que le hemos cursado al Intendente durante todos estos meses pidiéndole que enviara la información requerida al Concejo Deliberante, aún no hemos recibido ni una sola contestación del Ejecutivo, por esta razón hoy radiqué un recurso de amparo ante la justicia para que se nos reconozca el derecho a la información”, dijo Prades quien reafirmó que todos los concejales, independientemente del partido al que pertenecen solicitan los mismo


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