Adjudican por U$S 467.815,88 el sistema de videovigilancia.

Confidencialidad: la empresa SUTEC S.A. se hará cargo de un sistema que el Gobierno anunció a principios de 2007 como solución para los problemas delictivos en las ciudades más grandes de la provincia. Se firma un convenio de confidencialidad de las imágenes.
El mentado servicio de videovigilancia en Santa Rosa y General Pico le costará caro al Estado provincial: el Gobierno decidió adjudicar a la firma SUTEC S.A. por U$S 467.815,88, a la cotización que le adjudique a la moneda norteamericana el Banco Nación el día anterior a que se haga efectivo el pago.

En síntesis, la operación se concretará por una cifra cercana a $ 1.700.000.

El oficialismo publicó la adjudicación en el último Boletín Oficial. Se trata del Decreto Nº 80, firmado el 17 de enero de este año, en el que se aprueba el pedido de precios número 2/08, un trámite que llevó a cabo el Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad.

El servicio es el de provisión, instalación y puesta en marcha del sistema, bajo la modalidad de “llave en mano” de un sistema integral de videovigilancia urbana.

La idea del Gobierno provincial lleva bastante tiempo, pero se venía frustrando por diversas razones.

El decreto señala textualmente: “en consecuencia adjudíquese el mismo a la Empresa SUTEC S.A., por la suma de U$S 467.815,88, convertidos en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina, al cierre de las operaciones del día anterior a la fecha de efectivo pago; conforme lo establecido en el Decreto Nº 2871/08 y normado en el artículo 34 inciso c) apartado 2) de la Ley Nº 3 de Contabilidad- texto dado por la Norma Jurídica de Facto Nº 930.- (Expte Nº 8131/07)”.

Algo de historia

La idea de la videovigilancia surgió en los primeros días del año 2007, cuando el gobernador todavía era Carlos Verna y el ministro del área Rodolfo Gazia.

El Ejecutivo anunció la implementación -mediante sendos decretos- del sistema de videovigilancia con “el objeto de la prevención y esclarecimiento de ilícitos penales mediante la captación de imágenes de espacios públicos o abiertos al uso público”. Autorizó el llamado a licitación pública para la adquisición de dos equipos. Y aunque en marzo de ese año se presentaron 5 ofertas, la licitación quedó en la nada.

Las firmas fueron Damovo Argentina SA, Ilka Construcciones SRL, Ardalu SRL, Sutec SA y Telefónica Data SA.

El Gobierno incluyó el sistema como parte del llamado Programa de Protección Comunitaria. Las imágenes captadas a través de ese sistema serán almacenadas en soporte magnético en el Centro de Archivado y Procesamiento de Imágenes bajo el contralor de la autoridad de aplicación, por el plazo máximo de 60 días, cumplido el cual deberán borrarse automáticamente.

Uso de imágenes

En el artículo cuarto del Decreto 92/2007 se expresa textualmente que “dichas imágenes sólo podrán ser utilizadas por la autoridad policial a los efectos del ejercicio de su competencia legal y/o por la autoridad judicial competente”.

Según el oficialismo, en países avanzados en materia de seguridad comunitaria, “la puesta en funcionamiento de sistemas de este tipo han permitido mejorar sustancialmente la tarea preventiva y de esclarecimiento de hechos delictivos, dado que en tiempo real permitirá a la Policía, visualizar las posibles conductas preparatorias o ejecutivas de ilícitos penales”.

También se aclaró que con el propósito de abarcar integralmente todos los aspectos referidos a la seguridad y confidencialidad de las imágenes que el operador (la Policía) capte mediante el software, el Gobierno provincial dio intervención a la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, autoridad competente en el “habeas data”.

La Ley Nacional Nº 25.326 de Protección de datos Personales establece en su artículo segundo que se entiende por “datos personales”, la información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal, determinadas o determinables y por “archivo, registro, base o banco de datos” al conjunto organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento o procesamiento, electrónico o no, cualquiera fuere la modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso, no pudiendo tener los mismos finalidades contrarias a las leyes o a la moral público.

Por eso se determinaron medidas de protección y preservación de los derechos que la ley nacional contempla, entre ellas la celebración con el operador del sistema, de un convenio de confidencialidad.

Establece que las imágenes captadas por las cámaras que conforman el sistema se encontrarán visibles en un único Centro de Operación y Control ubicado en dependencias de la Jefatura de Policía, respecto de las cuales el operador efectuará su monitoreo y análisis a los fines de prevenir ilícitos penales.

Se filmará ininterrumpidamente la tarea del operador a los fines del contralor de las actividades encomendadas.

El operador otorgará a la información relevada el carácter de confidencial, del que sólo podrá ser relevado por expresa autorización del Ministerio, de autoridad judicial competencia y/o por mediar fundadas razones relativas a la seguridad pública, la defensa nacional o la salud pública.

El operador se compromete también a no utilizar los datos a los que tenga acceso, en beneficio propio, de familiares o terceros en general, ni utilizarlos con finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención.

En otra parte de ese convenio, se compromete a adoptar las medidas técnicas, administrativas u organizativas que individualmente pudieran corresponderle, para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales y evitar de ese modo su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado.

El acuerdo finalmente establece las medidas punitivas para la eventual violación por parte del operador del secreto profesional o la omisión en la toma de las medidas dispuestas.

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