ADEP: cuestionan medidas ordenadas por el juez Nieve

Alberto Nallar, abogado de la tesorera de ADEP, Marisa Pérez, cuestionó la decisión del juez Juan Carlos Nieve, de retirar de una de las oficinas de la ADEP a la secretaria de Hacienda del sindicato que denunció al secretario general del gremio, Mario Farfán, por malversación de fondos del gremio.
El abogado precisó que "acá lo que se produjo en es un allanamiento ordenando por el juez Nieve, con el objeto de retirar de una oficina de ADEP a la secretaria de Hacienda del sindicato".

"En realidad no da la impresión de que haya ningún delito cometido, porque de haber sido de esa manera lo que correspondía era que haya algún acusado o un delito específico del que se lo haya acusado y en este caso en particular lo que parece es un mero juicio de desalojo", señaló.

Acerca de las medidas que adoptarán, el letrado dijo que "vamos a consultar la causa y sobre esa base vamos a ver cuáles son las medidas que tomamos, porque entendemos que los jueces no pueden introducirse en un domicilio privado para sacar de una habitación a alguien".

Consultado sobre si había hecho uso de la fuerza para el desalojo el abogado afirmó que "se ha usado la fuerza pública. Hubo más de cuarenta policías. Los policías han venido a desalojar una habitación dentro de un domicilio privado".

"Ya no como abogado, sino como ciudadano -enfatizó Nallar- hubiera preferido verlos actuando en lugares más adecuados. La que se hizo presente acá en el lugar, concretamente es la división de trata de personas y leyes especiales. Esta división se hizo presente con cuarenta efectivos para desalojar una habitación dentro de un sindicato".

"Me parece que esto es judicializar la protesta, meterse en la vida interna de las instituciones y lo que es más grave, ya se había promovido una acción judicial, una medida cautelar ante los jueces del trabajo y los jueces del trabajo dijeron, frente a este mismo hecho, que los jueces no eran competentes sino el Ministerio de Trabajo", aseguró.

"Resulta que mientras los jueces laborales consideran, que esto es competencia del Ministerio de Trabajo, el juez penal lo toma como un virtual delito y manda cumplir la orden del secretario general del sindicato, que es simplemente desalojar el lugar donde se encuentra alojada la documentación en base a la cual, mis comitentes han promovido una denuncia por malversación de fondos del sindicato", explicó Nallar.

Consultado sobre el destino actual de la documentación, señaló que actualmente se encuentra "en poder de la persona a la cual se denunció, el señor Mario Farfán". Nallar recordó que "Mario Farfán y Marcelo Cañari han sido denunciados, por afiliados del sindicato, por malversación de fondo, en base a esta documentación que se encuentra precisamente en la Secretaría de Hacienda. En este momento se encuentra la documentación en poder de ellos poder disposición del juez".

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