Además de Alperovich, unos 160 dirigentes están impacientes por conocer una resolución judicial

Al igual que el gobernador, hay legisladores, intendentes, concejales y delegados rurales que cursan su segundo mandato consecutivo. En dos causas se objeta el artículo 159 de la Carta Magna, que permitiría al mandatario aspirar a una tercera gestión.
Cuando aún restan dos años para la finalización de los actuales mandatos, la ansiedad comenzó a apoderarse de la clase política tucumana. Casi la mitad de los dirigentes que ostentan algún cargo público electivo aguarda por un fallo judicial crucial para conocer qué será de su futuro político en el corto plazo.

Ocurre que la posibilidad de que el gobernador, José Alperovich, pueda acceder a un tercer período consecutivo al frente del Poder Ejecutivo eclipsó a los demás involucrados. Sin embargo, la suerte de las dos causas judiciales en las que se planteó la constitucionalidad del artículo 159 de la Constitución provincial (ver "Lo que dice.."), incorporado en la reforma de 2006, mantiene atados a unos 160 dirigentes.

Esa claúsula transitoria, objetada en forma puntual en los Tribunales por el dirigente radical Ariel García y, junto a otras disposiciones constitucionales, por el partido Bandera Blanca, establece que el actual mandato -iniciado en 2007- tanto del gobernador y del vicegobernador, como de los legisladores, de los intendentes, de los concejales y de los delegados comunales debe ser considerado como el primero. Por esa razón, el gobernador podría aspirar a continuar en el sillón de Lucas Córdoba por otros cuatro años más.

Pero no es el único; la expectativa también invade a 23 de los 49 legisladores, a 14 de los 19 intendentes municipales, a 39 de los 93 comisionados rurales y a casi un centenar de concejales de diferentes ciudades. Es decir, de los 374 tucumanos que hoy ocupan cargos electivos, casi la mitad aspira a que la cuestión se dirima cuanto antes.

En la Cámara, en rigor, son 24 los parlamentarios que cumplen con su segundo mandato. No obstante, hay casos particulares. Pedro Balceda asumió casi al finalizar la anterior gestión, para reemplazar al fallecido Roberto Castro, por lo que no tendría problemas en aspirar otra vez a ocupar un escaño. Distinta es la situación de Rolando Alfaro, quien asumió en su banca en 2007, aunque luego pidió licencia para conducir el Ente de Infraestructura Comunitaria. Del resto de los legisladores que cursan un segundo período ininterrumpido, sólo el radical José Cano y, ahora, Jorge Mendía, son opositores.

La gran mayoría de los intendentes también está en vilo por los cuestionamientos judiciales al artículo 159 de la Carta Magna. Sólo Daniel Toledo (Yerba Buena), el radical Luis González (Simoca) y Juan Orellana (Famaillá), ostentan sus primeros mandatos municipales. Si bien tampoco deben esperar por la resolución judicial para definir su futuro, Domingo Amaya (capital) y Enrique Bethencourt (Trancas) están al frente de sus municipios desde antes de la reforma de 2006. De hecho, ambos completaron mandatos ajenos entre 2003 y 2007, pero fueron elegidos por la voluntad popular sólo en la elección de agosto de 2007.

Aún restan exactamente dos años para los próximos comicios, pero el cuchicheo domina las charlas de café entre los políticos. El gobernador es el que lleva la voz cantante para que desde Tribunales llegue un guiño, pero en cada rincón de la provincia hay algún dirigente que hace votos por acabar con la incertidumbre.

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