Adelantan los comicios “para garantizar la gobernabilidad”.

Con ese argumento, los diputados oficialistas Gerónimo Vargas Aignasse y Alfredo Dato defendieron el proyecto que enviará hoy la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La polémica determinación de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de enviar al Congreso un proyecto de ley para modificar el Código Electoral Nacional (CEN), a los fines de que los comicios legislativos nacionales, inicialmente convocados para octubre, se realicen el próximo 28 de junio, sigue despertando tantas críticas como elogios.

Los representantes tucumanos del oficialismo en el Congreso de la Nación, Gerónimo Vargas Aignasse y Alfredo Carlos Dato, reivindicaron la iniciativa del PEN, tanto desde el punto de vista jurídico como político, asegurando que la medida solo apunta a garantizar la gobernabilidad del país, frente a la crisis económica imperante.

El diputado Vargas Aignasse recordó que fijar la fecha para las elecciones es una prerrogativa que el CEN le otorga al Poder Ejecutivo, siempre y cuando se respeten los plazos que el mismo establece que la convocatoria se concrete 90 días antes de los comicios.

"Si por ley se modifica la fecha determinada por ley (el último domingo de octubre) y se respetan los plazos del CEN, no existe reproche jurídico ni institucional a la decisión", precisó el parlamentario kirchnerista.

Vargas Aignasse aseguró que "todas las críticas y objeciones son de carácter político y nutridos de un interés indisimulable por parte de la oposición".

El conflicto con el campo

En ese contexto, admitió que la decisión adoptada por Cristina está vinculada al interminable conflicto que el Gobierno nacional mantiene con el campo, al cual se refirió como "un sector patronal rural que se ha politizado profundamente".

"Hoy, en los piquetes rurales, se habla más de candidaturas que de soluciones al sector", disparó.

Prosiguió con sus críticas a los ruralistas asegurando que, pese a los argumentos del sector, desde octubre de 2007, cuando se fijó en un 35 por ciento las retenciones hoy vigentes "por el voto 'no positivo' de Julio Cobos", hasta la actualidad, los productores han mejorado sus ingresos, por la suba en el precio de la soja, "en una franja que va de 500 pesos a 1.100 pesos por hectárea, dependiendo de las zonas de producción, propietarios y arrendatarios".

Según consideró el diputado tucumano, "hoy el país vive un intenso conflicto político, que solo puede descomprimirse con democracia, problema al cual también se suma una crisis económica internacional que va impactando en nuestra economía".

A la hora de reforzar su defensa a los cambios en el calendario electoral, Vargas Aignasse recordó que "Raúl Alfonsín, en su momento, no solo adelantó elecciones, sino hasta la entrega del poder, al igual que lo hicieron Fernando De La Rúa y Eduardo Duhalde. La gobernabilidad es patrimonio de todos los argentinos y defenderla obligación de oficialismo y oposición", reflexionó.

"No habrá trasgreción legal"

Por su parte, el también diputado nacional oficialista por Tucumán, Alfredo Dato, sostuvo que con la decisión de la Nación "las reglas de juego que mandan los plazos electorales quedarán intactas, porque solamente habrá un adelantamiento de cuatro meses respecto a la fecha inicialmente dispuesta para los comicios". En el mismo sentido, enfatizó que "de ser aprobado por el Congreso, con mayoría especial, como fija la Constitución, el proyecto del PEN para modificar el calendario electoral no implicara ninguna trasgresión legal".

El ex presidente de la Corte Suprema de Justicia también defendió la iniciativa presidencial desde el punto de vista político, asegurando que "es positiva la decisión de no extender durante varios meses el año, como sería el hecho de ir a elecciones recién en octubre, un estado comicial o eleccionario permanente, en el cual, se distraería la atención de los problemas reales de la sociedad, en un contexto de crisis internacional que tiene desconcertados, incluso, a quienes más saben de la materia".

El parlamentario oficialista reforzó su postura advirtiendo que "evidentemente, el país será tocado por los cimbronazos de la crisis, por lo que es más oportuno afrontar esta situación sin que haya un proceso electoral permanente".

En ese sentido, opinó que "la decisión de la Presidenta evitará que las campañas electorales agredan la gobernabilidad, porque en función de intereses electorales se dicen y se hacen cosas que pueden perjudicar al país. Se crea una suerte de estado deliberativo permanente que debe terminarse en el plazo más corto posible", subrayó.

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