El juez Mario Adaro les solicitó formalmente a su par Herman Salvini y al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Pedro Llorente, que sea el máximo tribunal en un fallo plenario el que decida finalmente sobre los planteos de inconstitucionalidad de la ley 7.722 que están bajo análisis, y no la Sala de la Corte que acumula en la actualidad las once causas que se tramitan para intentar hacer caer la denominada “ley antiminería”.

Adaro hizo estos planteos entre jueves y viernes, y los admitió al ser consultado por Diario UNO. “Es cierto, pedí formalmente un plenario de la Corte para resolver sobre la ley 7.722. Y lo hice por la importancia que tiene el tema de los recusos hídricos de la provincia y por la trascendencia de la discusión legal que se ha planteado. Estas discusiones deben ser resueltas por un plenario porque así el fallo no sólo tendrá más peso específico, sino también mayor transparencia”, reconoció el supremo.

La decisión final sobre la controvertida norma que frenó a la actividad minera en Mendoza está en manos de la Sala 2 de la Corte que, además de Adaro, está integrada por el juez Carlos Böhm y la preside Salvini.

Desde hace semanas son varios los pedidos para los siete miembros de la Corte y no los tres de la Sala 2 los que fallen sobre la 7.722 (la organización ambientalista OIKOS lo reclamó y también los legisladores nacionales de la UCR lo hicieron el lunes pasado) y circula fuerte en ámbitos de tribunales que Salvini, Adaro y Böhm podrían terminar dando curso a las demandas de la industria minera. A raíz de ello, sectores ambientalistas hicieron escraches en la calle a los jueces que tienen en sus manos el problema.

Llorente tomó el pedido de Adaro y no dio una respuesta en sentido alguno. A su par le habría dicho lo mismo que a los legisladores de la UCR que lo fueron a ver por el tema en una reunión reservada y de la que solo habló a través de Facebook el diputado Enrique Vaquié: “Será Salvini quien resuelva”.

En términos administrativos, quienes tienen atribuciones para decidir son el procurador de la Corte, Rodolfo González, y el presidente de la Sala, en este caso Salvini.

Todos están pendientes del fallo

La ley 7.722 fue sancionada durante el gobierno de Julio Cobos en 2007 al ritmo de los cortes de rutas y las protestas en el Valle de Uco, y provocó la caída de todos los proyectos de megaminería a cielo abierto de Mendoza.

En términos generales, prohíbe el uso de sustancias químicas como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico en la minería metalífera y establece que la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) de cada proceso extractivo debe ser ratificada por ley en la Legislatura.

En los meses posteriores a la sanción de la norma, se desencadenaron al menos once planteos de inconstitucionalidad (en su mayoría de empresas mineras) que están centrados en dos puntos. El primero: el sector considera discriminatorio que la minería no pueda utilizar sustancias como el cianuro o el ácido sulfúrico y otras actividades productivas sí. El segundo: entienden que hay una “confusión de poderes”, ya que la Legislatura tiene que aprobar la DIA cuando para otras autorizaciones ambientales, basta sólo con un decreto del Poder Ejecutivo.

Algo de esto último está planteado en el proyecto de ley para modificar la 7.722 que fue presentada por el intendente de Malargüe, Juan Antonio Agulles, y cuyo tratamiento el Poder Ejecutivo aplazó hasta que llegara la resolución judicial del caso.

Todos, mineros y antiminería, miran a la Corte y están alertas por el avance que están teniendo algunas de las demandas. Si bien el grueso de las once presentaciones todavía están en el período de sustanciación de pruebas, hay dos (Deprominsa y Agauco) que ya han superado la presentación de alegatos y en el corto plazo (si alguna de las partes lo solicita) podrían pedir que la Corte dicte sentencia en un plazo de 60 días hábiles.

El máximo tribunal deberá tomar dos decisiones políticas. Uno, si acepta o no el plenario tal como ya le reclamaron desde varios sectores, incluido uno de sus propios miembros.

Y el otro, si acumula las once causas para darle tiempo sobre todo, al gobierno de Francisco Pérez. Si las causas se unifican, la Corte no resolverá hasta que no se haya sustanciado la última prueba y en ese sentido el Poder Ejecutivo ya se presentó dos veces para solicitarlo: lo hizo en el gobierno de Celso Jaque y también durante el de Pérez.

El mejor de los escenarios para el gobernador es que Llorente le dé aire y postergue, vía acumulación de causas, cualquier definición hasta pasadas las elecciones de 2013.