De acusar represores a vigilar policías

De acusar represores a vigilar policías
El ministro de Seguridad le ofreció la Secretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad de Santa Fe al fiscal que acusó a militares de la dictadura.
El ministro de Seguridad provincial, Daniel Cuenca, le hizo llegar al abogado rosarino Gonzalo Armas la propuesta de encabezar la Secretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad, el organismo cuya creación había apurado en marzo tras la divulgación de circuitos de recaudación ilegal y corrupción en la Policía y que desde entonces había quedado sin más novedades.

Armas fue hasta la semana pasada el fiscal ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, y quien preparó la acusación en los juicios contra la represión de la dictadura militar en la capital provincial. Pero por razones que el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, no explicó, Armas fue removido de su cargo en vísperas del inicio del primer juicio oral, el que tendrá en el banquillo al ex miembro de inteligencia del Ejército, Horacio "Quique" Barcos.

La Secretaría de Control fue el anuncio con el que el Ministerio de Seguridad salió a contrapesar el revuelo desatado por las denuncias del oficial Juan José Raffo en marzo pasado. Este policía repitió hasta el hartazgo la existencia de cajas negras en las que la cúpula policial (acusó al ex subjefe de la Unidad Regional II, Miguel Ángel Rodríguez, y al ex jefe de Orden Público, David Benavente, desplazados por ello) de ordenar a subalternos cobros periódicos y tarifados sobre garitos de apuestas ilegales, desarmaderos y otras actividades prohibidas por ley.

Por esos días, la UR II lo había puesto en disponibilidad a Raffo por estar procesado en la investigación por comprar, supuestamente, una puerta robada a una pensión. En rigor, la causa venía desde antes, pero se activó en Tribunales cuando el oficial prendió el ventilador. La semana pasada, el juez de Sentencia Julio Kesuani condenó finalmente a Raffo a un año de prisión en suspenso. Los abogados de Raffo apelaron el fallo porque el juez "ignoró un peritaje oficial que demuestra que la puerta señalada en la casa de Raffo no es la que fue robada de la pensión".

En el medio del escándalo, el ministro Daniel Cuenca anunció la creación de una repartición específica para supervisar la conducta de policías y agentes del servicio penitenciario, a pesar de que esa función la viene realizando hasta ahora la Dirección de Asuntos Internos, dependiente del Ministerio, pero integrada por policías. Cuenca había dicho a Crítica de Santa Fe que la cabeza de esa nueva oficina sería "un conocedor del sistema penal, pero ajeno a la Policía".

Trascendió que Cuenca sondeó desde entonces a dos reconocidos criminólogos para asumir en ese cargo: el santafesino Máximo Sosso y el rosarino Enrique Font. Ni uno ni otro aceptó el convite.

Tras la hermética y sorpresiva salida de Gonzalo Armas del Ministerio Público Fiscal esta semana, Cuenca le acercó el viernes a este abogado rosarino, de 38 años, la propuesta de encabezar la Secretaría para combatir la corrupción policial. El ofrecimiento, esta vez, fue sobre la cresta del escándalo que significó el asesinato del agente Emanuel Del Mastro, el jueves a la noche, cuando hacía guardia en un departamento del centro rosarino donde se ejerce la prostitución.

Armas quedó en analizar la oferta y en el transcurso de la semana contestará por sí o por no. Mientras tanto, la versión echó a rodar este lunes desde las filas del propio Ministerio de Seguridad.

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