Se espera que este martes el Senado trate el proyecto que modificará la composición del directorio de laInspección General de Seguridad (IGS) y de aprobarse este cambio el radicalismo tendrá el control del organismo. El proyecto del Ejecutivo vuelve a generar rispideces entre el oficialismo y la oposición: el malestar crece en el arco opositor porque al no tener mayoría en las cámaras no puede frenar ninguna iniciativa con la que no esté de acuerdo.

La IGS se creó en el año 1999 como órgano civil de control externo a las fuerzas de seguridad y se planteó como una política de Estado. Su misión es controlar las acciones del sistema de policías de la provincia, del servicio penitenciario y de los recursos humanos que la integren, para evitar abusos y corrupción. Además en la actualidad integra las juntas calificadoras que definen los ascensos del personal.

De aprobarse el proyecto –que modifica el artículo 28 de la ley Nº 6.721– el gobernador Alfredo Cornejopodrá manejar el organismo de control de la policía. Por el cambio que impulsa, el directorio quedará conformado por un miembro designado por el Poder Ejecutivo y dos por los partidos políticos con mayor representación parlamentaria de senadores y diputados.

De esta manera la UCR tendrá dos directores y el PJ solamente uno. El principal cuestionamiento de la oposición es que se “desnaturaliza” el órgano de contralor porque sería el Poder Ejecutivo el que controlaría las fuerzas de seguridad, haciendo una especie de “autocontrol".

Actualmente la ley establece que la IGS está a cargo de un directorio conformado por un director designado por el Ejecutivo, y un mínimo de dos directores vocales que son propuestos por la primera y segunda minoría de la oposición. Este número se puede extender a un máximo de cuatro directores vocales para aquellos partidos políticos que hayan obtenido al menos dos bancas en alguna de las cámaras legislativas.

La explicación del ministro de Seguridad, Gianni Venier, en cuanto a la disminución de los miembros ronda en torno a que el sistema está muy “lento”, de manera que al “ser menos personas en el directorio la decisión será más rápida”.

“No hay otro interés por debajo”, aclaró el funcionario.

Teniendo en cuenta los incrementos que se han registrado en la planta de personal también se prevé que el personal designado por los miembros del directorio como asesores tendrán una duración en el cargo intertanto dure en el cargo el director correspondiente y en ese sentido resaltan la disminución de los miembros del directorio, ya que eso implicará menos contratados.

Entendidos del tema aseguran que no se entiende el motivo de “celeridad” que argumenta el Gobierno al impulsar estos cambios, ya que la “agilidad” está dentro del proceso del sumario y no del directorio.

En cuanto a la duración del mandato, el director se mantendrá en el cargo el tiempo que disponga el Ejecutivo mientras que el resto, propuesto por los partidos políticos, tendrán un mandato de dos años como mínimo, dependiendo de su renovación de la composición legislativa.

Entre los argumentos, el proyecto indica que han tenido problemas con los abogados defensores de la policía que se han “valido de ciertas inconsistencias de la forma de elección y el quórum necesario para actuar”.

A raíz de esa situación otro cambio que se propone es que el directorio podrá sesionar cuando se logre la mayoría simple, a diferencia de la mayoría absoluta que estaba establecida. Por esto consideran que ese será otro punto que permitirá agilizar los procesos, ya que además se estipula que sesionen dos veces por semana.

A favor y en contra

Desde el Frente para la Victoria, Patricia Fadel, se mostró en contra de estos cambios y señaló que “un Instituto que tiene por finalidad el control pasa a ser hoy del Ejecutivo, nuevamente deja de tener la sustancia y la importancia de la inspección”. En ese sentido la legisladora consideró que no es bueno “que ellos mismos se controlen”. Para el PJ, con este cambio el gobernador logrará el “control total de la inspección y de la policía”, decidiendo a quien se le abre un sumario y a quien no.

El presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad, Mario Díaz, también cuestionó a Cornejo por este proyecto porque afirma que se pierde el “espíritu” por el cual fue creada la inspección. “El Gobierno avanza para poder tener el poder abosoluto de la policía, no está mal si considera que puede solo pero que no va a poder solo con todo esto, ningún gobierno pudo derrotar la inseguridad”, concluyó.

Por su parte, la diputada radical Analía Jaime, que integra la Bicameral de Seguridad -y fue integrante del gabinete de Cornejo cuando éste fue ministro del área-, defendió las intenciones del Ejecutivo.

“El proyecto intenta otorgar otorgar agilidad en la resolución de las causas”, añadió. Sin embargo sostuvo que el debate con los legisladores de la oposición no se dio porque el proyecto no generó “inconvenientes”. También el legislador de Libres del Sur, Ernesto Mancinelli, se mostró a favor de la propuesta. “La responsabilidad de llevar adelante la política de seguridad es del Ejecutivo, le da celeridad y no estará sujeto a chicanas políticas”, indicó.

El senador radical Miguel Bondino, que presidió el IGS desde su creación en el año 1999 hasta el 2003, indicó que la situación en la actualidad cambió “sustancialmente”. Entre los argumentos que dio para justificar los cambios señaló que el proyecto respeta los pilares de la ley de Responsabilidad Fiscal. “Esto va en consonancia con la política del gobernador de que todo gasto superfluo hay que achicarlo y la reducción del gasto político”.

Además señaló que es un “resorte del Poder Ejecutivo” ese control y defendió la presencia de un solo miembro de la oposición, ya que considera que otorga las “garantías” suficientes. En ese sentido consideró que para el control está la Bicameral de Seguridad que está presidida por un miembro de la oposición.