Se acumulan las violaciones a la moratoria sobre desmontes: elevan a 130 millones estimación de multas

Con fuertes multas que son reforzadas con la imposibilidad de transferir inmuebles a quienes cometieran el delito de depredación del monte chaqueño, y con leyes que tratan de poner frenos a la explotación clandestina, desde las órbitas oficiales de la provincia del Chaco, se trata de revertir esta complicada situación que generó la aplicación de multas por más de 130.000.000 de pesos.
Sin embargo, NORTE está en condiciones de apuntar que se sigue observando el paso de topadoras por rutas y caminos vecinales, en momentos en que están prohibidos los desmontes.

"Se trata de aplicar todo el peso de la ley", le dijo ayer a NORTE el subsecretario de Recursos Naturales, Mario Bejarano, quien hizo referencia a que el Decreto 1671, es claro en cuanto a que hasta tanto la Cámara de Diputados del Chaco apruebe el Ordenamiento Territorial de Bosques se deben adoptar otros instrumentos que desalienten las actividades ilegales y el uso inapropiado de los recursos forestales, conforme los principios de prevención y precaución establecidos por normas nacionales.

Pero también, los inspectores detectaron que existen casos donde se compra un campo a nombre de un tercero y lo desmontan; y cuando se los sorprende violando el régimen forestal lo venden en el transcurso que la causa se va desarrollando, para evadir la penalización.

Los miran con satélite

Bejarano asegura que se utiliza la infraestructura puesta por el gobierno provincial a través del Centro de Geoinformación instalado en Sáenz Peña, "los estamos mirando con satélite" a quienes depredan el monte chaqueño.

Con el sistema de imágenes satelitales, se dieron cuenta de que en los últimos meses, en una vasta zona de los departamentos Almirante Brown y Maipú, que estaban realizando tala indiscriminada de árboles nativos de manera ilegal, y no descartó que algunos responsables de esos desmontes hayan incurrido en la reiteración ó reincidencia de la falta, por lo que se van labrando las actas correspondientes con multas que van entre los 20 y hasta los 25 millones de pesos a cada responsable de estos ilícitos.

Conservar el monte es una obligación

Con las firmas de Eduardo Aguilar, ministro de Economía y Producción, y de Rodolfo Ruiz Díaz, director de Contralor y Normativa legislativa, el decreto 1671 del Poder Ejecutivo, en los considerandos, expresa que el Centro de Geoinformación dependiente de la Subsecretaría de Recursos Naturales detectó e informó sobre desmontes sin permiso de la autoridad de aplicación de la ley de bosques provincial. Además, reconoce que realizaron el ordenamiento territorial de los bosques nativos como instrumento del aprovechamiento de los recursos forestales; pero hasta tanto la Legislatura no lo apruebe se deben adoptar otros instrumentos que desalienten las actividades ilegales, el uso inapropiado de los recursos forestales. Para esto el gobierno declaró que sea obligatorio la solicitud del certificado de conservación del monte nativo de todo inmueble rural ubicado en la provincia, con el fin de lograr la protección ambiental para la restauración, conservación y manejo sostenible de los bosques.

Este certificado de conservación del monte será extendido por la Dirección de Bosques como constancia de acreditación de la inexistencia de desmontes ilegales, violatorios del régimen forestal de la provincia. Éste deberá ser tramitado por el titular del inmueble o un notario autorizado. Además, se dispone que el Registro de la Propiedad Inmueble, el Instituto de Colonización y la Dirección Provincial de Catastro podrán ser solicitantes de este certificado para los actos que en el ámbito de sus competencias deben cumplir.

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