No hay acuerdo en la oposición

La divergencia de criterios entre las bancadas opositoras está centrada en el tratamiento de las autorizaciones planteadas en el proyecto gubernamental para obtener financiamiento. Para el bloque del FPV estos artículos deben ser eliminados del Presupuesto y tratados por leyes especiales. Para el MPF, bastaría modificar los textos originales, para dejar establecido que cada operatoria deberá ser autorizada previamente por la Legislatura.
A 15 días de que finalice el período de sesiones ordinarias, no se han registrado avances significativos en el tratamiento en comisión sobre el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio 2010.

Por el momento, la única definición política que se conoce es la intención de los bloques de la oposición de aprobar antes de fin de año la norma para evitar así una nueva reconducción del presupuesto 2007.

Si para mediados de mes no se aprueba la ley de leyes, por imperio del artículo 110 de la Constitución fueguina, las sesiones legislativas se considerarán automáticamente prorrogadas por el tiempo necesario para el pronunciamiento sobre el presupuesto.

Al día de hoy no existe todavía dentro de la oposición una postura uniforme sobre la propuesta elaborada por el Ejecutivo.

La diferencia sustancial radicaría el tratamiento a dar a los artículos que prevén la toma de endeudamiento por parte del estado fueguino. Desde la bancada del Frente para la Victoria se postula la eliminación del proyecto de los artículos 16 y 17, en atención a que el artículo 70 de la Constitución establece que "la captación de empréstitos o la emisión de títulos públicos" deben ser autorizadas por leyes especiales aprobadas con el voto de los 2/3 de los legisladores.

De imponerse este criterio, el Parlamento debería reformular el proyecto gubernamental para adecuar los egresos a los recursos corrientes y de capital previstos para el año entrante, de manera tal que la provincia cuente, por lo menos en los papeles, con un presupuesto equilibrado, o no deficitario.

Como contrapartida, desde el bloque del Movimiento Popular Fueguino se evalúa la conveniencia de aprobar las necesidades de financiamiento contempladas en el proyecto presentado por el Ejecutivo, pero reformulando la redacción de los artículos pertinentes a fin de que queda claramente definido que se trata de autorizaciones para gestionar endeudamiento, pero que cada operación en particular deberá ser autorizada por el parlamento, en los términos previsto en la carta magna local.

Esta postura le evitaría a la Legislatura tener que usar "el lápiz rojo" y resolver sobre que partidas deben practicarse los ajustes necesarios para equilibrar ingresos y gastos.

En lo que ya hay coincidencia

Al margen de la postura que prime respecto del tema financiamiento, entre estas dos bancadas de la oposición hay acuerdo en cuanto a eliminar del proyecto de presupuesto el artículo 18, que busca hacer efectiva la manda constitucional que determina que ningún agente o funcionario del Estado provincial puede percibir por todo concepto una remuneración que supere a la fijada por ley para el titular del Poder Ejecutivo.

También hay plena coincidencia en desechar el artículo 21, mediante el que se pretende establecer, con carácter permanente, "la libre disponibilidad de los fondos de afectación específica del Poder Ejecutivo como así también de los organismos descentralizados de la Administración Pública y su inmediata incorporación al Tesoro de la Provincia, con excepción de los fondos nacionales con destino específico y los fondos de la ley 774 (venta directa de gas de Regalías)".

Otro de los artículos que sería pretensión de la oposición que desaparezca de la ley de presupuesto, es aquél que propone la creación de una "Comisión Especial de Evaluación de la 676" (reconocimiento de la deuda histórica con el sistema provisional), que entre otras obligaciones deberá, dentro de los 90 días posteriores a la promulgación del presupuesto 2010, "emitir dictamen fundado sobre la continuidad o reformulación de la norma". Es de suponer que la postura sustentada desde el FPV y el MPF cosechará el respaldo de algunos de los parlamentarios del oficialismo, por lo menos de aquellos que como legisladores o integrantes del IPAUSS fueron, durante 2005, impulsores de la aprobación de la norma en cuestión.

En lo que aún existen algunas indefiniciones es sobre la postura que se adoptará respecto del artículo 19. Ello por cuanto existen dudas sobre la autorización requerida por el Ejecutivo a renegociar contratos, en aquellos casos en lo que no hubiere transcurrido más de la mitad del plazo de concesión original, por cuanto esto podría implicar que la Legislatura quedes al margen de la rediscusión por la prórroga de los contratos de explotación de hidrocarburos.

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