Si no hay una propuesta concreta, otra posibilidad es que las partes vuelvan a pedir que se congele el proceso. Caso contrario, las actuaciones se reanudarán y los cortesanos deberán tomar una decisión.

A horas del vencimiento de la suspensión de los plazos procesales acordada entre el Gobierno y los municipios en el marco del conflicto en torno al criterio de aplicación de la ley provincial 648, la posibilidad de una salida negociada es prácticamente nula.

En función de ello, si las partes no presentan una propuesta concreta hoy en el Superior Tribunal de Justicia, el proceso se reanudará automáticamente y los jueces deberán decidir si el 25% del presupuesto general que se destina a Educación debe detraerse en forma previa al envío de la coparticipación a los Municipios, como sostiene el Ejecutivo provincial, o en todo caso tras la remesa de esos fondos, como argumentan los municipios y se viene aplicando en la actualidad.

Anoche, al cierre de esta edición, nada hacía indicar la posibilidad de que prospere algún tipo de acuerdo. De hecho, el secretario de la Jefatura de Gabinete del Gobierno, Daniel Ravaglia, afirmó en la mañana de ayer en declaraciones radiales que a poco menos de 24 horas del cónclave no había resultado positivo, y que era difícil alcanzarlo. En tanto, el férreo silencio que imperó en los últimos días en el Municipio capitalino es una señal de que, más allá de los contactos que hubo con el Gobierno, aún no se había llegado a consenso alguno.

Desde la Justicia dejaron en claro que las opciones de las partes son dos: que se pongan de acuerdo sobre alguno de los criterios en danza y desistan de la acción declarativa de certeza, o bien soliciten formalmente la continuidad de la suspensión de los plazos.

Caso contrario, los integrantes del Superior Tribunal de Justicia deberán decidir sobre la cuestión de fondo. En ese caso, una de las posibilidades es que el fallo salga a principios de 2013 tras la feria judicial. La otra, que haya una definición antes de fin de año teniendo en cuenta el impacto que la medida supondría, según para el lado que se incline la balanza, para el presupuesto provincial o los de los municipios.