Sin acuerdo en el conflicto entre General Motors y Smata

Los representantes de la automotriz no se presentaron a la audiencia pactada con el Gobierno de Santa Fe; así, las negociaciones por el futuro laboral de más de 400 empleados quedaron estancadas.
La automotriz General Motors faltó ayer a la audiencia pactada por el Gobierno de Santa Fe con representantes del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata), por lo que las negociaciones por consensuar las suspensiones de los trabajadores quedaron en punto muerto.

La reunión se frustró luego de que las autoridades de la empresa decidieran no concurrir a la cita pautada en la sede rosarina del Ministerio de Trabajo provincial.

Después de dos horas de espera, los dirigentes gremiales de Smata, quienes estuvieron acompañados por el secretario gremial nacional, Ricardo Piñarelli, y el secretario adjunto, Mario Manrique, decidieron dar por terminada la reunión y abandonaron el lugar.

Por otra parte, desde General Motors confirmaron que sus representantes demoraron su llegada a la audiencia debido a que no "estaban garantizadas las condiciones de seguridad" por la existencia de una manifestación de un grupo de trabajadores frente al edificio escogido para la reunión.

El ministro de Trabajo provincial, Carlos Rodríguez, ya había advertido a las partes que la ampliación del período de conciliación obligatoria se extiende hasta el 2 de diciembre. "Es la última instancia que tienen las partes" ya que "una vez superado ese plazo" las partes "quedarán libradas a su suerte", dictaminó.

No obstante, y pese a la frustración del encuentro, ambas partes dejaron asentado ante el ministerio de Trabajo sus nuevas propuestas para acercarse a una solución definitiva del conflicto.

Por un lado, Smata ratificó su postura de que las suspensiones sean rotativas a todos los trabajadores (2300) aunque propuso reducir una hora la jornada laboral (de 9 a 8) garantizando así los mismos niveles de producción, dejando abierta también la posibilidad de aceptar una reducción en los salarios.

La empresa, en cambio, propone retrotraer todos los despidos pero insiste en suspender solamente a 160 empleados durante diciembre, enero y febrero pagando la totalidad de los sueldos, y en marzo, tras las vacaciones, sentarse nuevamente a negociar analizando la demanda internacional de la fábrica.

Ante este panorama, el ministerio de Trabajo santafesino llamó a una nueva reunión para el jueves a la mañana con el fin de buscar una solución al conflicto iniciado el 17 de octubre pasado.

No habrá rebajas de sueldo

Durante su última reunión de Comisión Directiva, la Unión Industrial de Santa Fe (UISF) confirmó que no analiza una rebaja en los salarios de los trabajadores como "variable" a la crisis financiera que afecta a ciertos sectores productivos.

El presidente de la UISF, Norberto Velasco, precisó que "estamos pensando en una alternativa distintas antes de rebajar los salarios. Nuestra producción se vuelca al mercado interno. El mercado interno necesita salarios para poder consumir y, si queremos mantener la producción, el salario no puede ser la variable". En tanto, el referente del sector industrial indicó que "se están pidiendo medidas tributarias, pero no está en el sector empezar con la rebaja del salario".

Por otra parte, Velasco trazó un panorama del sector y especificó que "en general hay una sensible pérdida de consumo. Hay menos órdenes de trabajo (para la parte de manufacturas) y de consumo (para la parte de gaseosas y alimentos). Se nota una clara disminución del consumo. Esto es objetivo, pero la idea es mantener con el personal esta producción que hemos logrado hasta ahora y que el índice no baje los niveles que conseguimos hasta hora".

Por último, y con respecto a los Procesos Preventivos de Crisis (PPC), el titular de la Unión Industrial de Santa Fe afirmó que "está dentro de la herramientas legales. Hay una responsabilidad empresaria para usarlo en caso que sea inevitable. No hay una intencionalidad en el sector empresario de castigar al sector de sus trabajadores. No podemos universalizar la situación, hay casos puntuales, sectores puntuales, actividades con características especiales, pero los PPC son una alternativa que está ofrecida por a ley".

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