El acuerdo con los ex bancarios costará 45 millones al Estado

La cifra fue estimada por el fiscal de Estado y sería pagadera en cuatro años. Se suceden las reuniones con los agentes y los estudios jurídicos que los defienden. Barraguirre fue en la última semana a la Comisión de Asuntos Laborales de Diputados, que analiza un proyecto de ley sobre el tema.
El Estado santafesino insiste en cerrar un acuerdo con los más de mil empleados que pasaron del liquidado Banco de Santa Fe al poder administrador, durante el proceso de privatización del agente financiero, y que vienen exigiendo se les reconozca la condición de bancarios. El Litoral anticipó días atrás que el acuerdo está muy cercano, con casi 800 de los agentes representados por dos estudios jurídicos. El fiscal de Estado, Jorge Barraguirre, admitió que la negociación con el sector está en una etapa de definiciones y que espera tenerla sellada en la primera quincena de noviembre.

El funcionario fue invitado a participar de la última reunión de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados que preside José Tessa, con el argumento de conocer la postura del Poder Ejecutivo sobre un proyecto de ley que le reconocería a esos agentes, el estatuto bancario. Un grupo de ellos esperó en la puerta de la Legislatura a Barraguirre, quien -como en otras ocasiones- los escuchó e intercambió opiniones.

El fiscal dibuja en un papel una ‘V’. El punto de unión de las dos rectas es el 2006. “En el tramo 1998-2006 los empleados fueron descendiendo y ahora hay que ascenderlos”. Ya está definida la compensación retroactiva hasta el 2006, que es del 88% : similar a las mejoras salariales obtenidas por los bancarios en ese lapso de tiempo. “En lugar de la recategorización, estamos pensando en una compensación por frustración del derecho a la carrera”, y cita un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia firmado -entre otros- por su padre y Decio Ulla, que impone la tesis del no automatismo cuando se invalida un acto administrativo. “La Corte dijo entonces: no hay automatismo, hay invalidez, pero no automatismo para reconstituir toda la relación jurídica del pasado. Si el estatuto en esos casos establece que se debe pagar, se paga, pero si el estatuto no establece, entonces no. Estoy revisando eso porque esto es automatismo inverso. La idea del no automatismo es la de tener un acercamiento, un aprouch razonable hacia la situación del particular, y no decir ‘hay derecho a la carrera, se paga. No hay, no se paga’. No es así automático, hay un juicio de balance y esto me permite reconstituirles el futuro, no el pasado”.

Puntos de negociación

Barraguirre señala que es imposible reconstituir cuatro categorías ‘de golpe’ a un agente, pero se debe negociar en cada caso. “La demora les frustró el derecho a la carrera. Al no estar recategorizados, durante años no pudieron concursar cargos; esta es la compensación futura por frustración del derecho a la carrera”.

Enseguida se explaya para señalar que el objetivo central del gobierno “es reconstruirles la carrera como si fuera una indemnización. Estamos hablando de juicios. El otro tema es la jubilación. Nos vamos a sentar con autoridades de la Caja porque una posibilidad es disminuir el pago en efectivo de la deuda y capitalizar al organismo previsional para que les tomen cargos fictos”. Es que la mayoría de esos mil agentes, en 5 o 6 años podrá acceder al beneficio jubilatorio. Como dice el diputado Tessa, “tienen un problema de futuro, cómo organizar su futuro”.

Mientras se discute en Diputados un proyecto de ley similar al vetado por la administración de Jorge Obeid, el fiscal dice estar “convencido de la justicia transaccional que tiene esto. Ellos pueden sentir que no es justo y alguien objetar que pagamos juicios sin sentencia. Queremos transar, hay situación de conflicto social y de justicia que hay que atender. Es lo que llamo justicia transaccional: adoptar un punto de equilibrio en una negociación que deje satisfecha a las partes. Hemos trabajado en estos cuatro meses en algo justo en términos transaccionales, no en términos absolutos”.

Dice que el arreglo se hará con todos los agentes que quieran hacerlo “sin comprometer la posición judicial de la provincia”. A la pregunta del costo, lo estimado por los equipos técnicos del gobierno es de 45 millones de pesos en cuatro años, para atender el reclamo de los mil agentes.

El fiscal actual, ex funcionarios y legisladores se enfrentaron a ex bancarios llorando, depresivos por esta situación. “Existe un deber moral y constitucional de arreglar esto”, afirma Barraguirre. “No adhiero a la posición del positivismo legal extremo que considera que es posible definir al derecho sin parámetros morales. Está en nuestras constituciones ese valor jurídico. Hay un deber moral que se traduce en un deber legal de llegar a un punto razonable para las partes. ¿ Cuál es la ganancia de la Provincia por demorar cinco años más ? ... ”

Enseguida añade que “hay pleitos que los estados no pueden llevar adelante ya que los ponen por debajo de la línea de la decencia y eso no es permisible jurídicamente. El Estado está sujeto a ciertos requisitos como el principio de legalidad que te obliga a actuar moralmente, sos una persona moral. El Estado no es cualquier persona y por eso hay que contestar los reclamos, no patearlos hacia adelante, no hay que jugar con la denegatoria tácita o presunta del derecho postulado en virtud del silencio de la administración”.

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