El acueducto de Esquel fue construido en el año 2006  con fondos aportados por el estado provincial.  Sin embargo, inmediatamente después de inaugurada dicha obra, la misma comenzó a exhibir defectos y roturas que a lo largo de los pasados 5 años comprometieron el normal funcionamiento del mismo, afectando sistemáticamente el normal abastecimiento y distribución de agua potable a la población.

Atento a  los reiterados problemas ocasionados en dicha obra, el propio gobernador Mario Das Neves, y a pedido del intendente Ongarato,  comprometió en febrero del corriente año recursos económicos suficientes como para realizar una nueva obra, complementaria de la actual, por un valor cercano a los 17 millones de pesos.

Cumpliendo con su promesa, la provincia licitó hace un mes atrás dicha obra, y resta aún resolver sobre qué empresa será la responsable de construir esta obra complementaría de la original.

La denuncia interpuesta ante la fiscalía local solicita que “se investigue la posible comisión de un delito de acción pública por estafa y/o incumplimiento de los deberes de funcionario público contra el o los responsables del control y aprobación de la Obra Acueducto Esquel, como asimismo de los responsables legales de la empresa que tuvieron a su cargo la realización de la obra en cuestión.”

Otro párrafo de la requisitoria expresa textualmente: “…cuando el Estado contrata la ejecución de una obra, y es debidamente pagada, la obra en cuestión debe responder efectivamente a lo requerido en cuanto a funcionalidad y niveles de terminación determinados.  De no ser así,  estamos en presencia de un engaño con el consiguiente perjuicio al Estado y por sobre todas las cosas un irreparable perjuicio al bolsillo de los contribuyentes que sostenemos con nuestros impuestos obras públicas de mala calidad, pagando como si estas fueran de optima calidad.

Es por ello que entiendo deberá investigarse el historial de las inspecciones de dicha obra durante el transcurso de su ejecución, que tanto el Contratista como el Estado a través de su Inspector de Obras o su Jefe de Obras estuvieron obligados a realizar y evidentemente no realizaron, incumpliendo por acción u omisión con sus deberes funcionales.”

Hasta el momento, la oficina local del ministerio público fiscal, a cargo de la doctora María Bottini no ha emitido información oficial alguna relativa a dicha denuncia, motivo por el cual se desconoce qué acciones emprenderá, cabiendo la posibilidad de que inicie acciones que tiendan al esclarecimiento de la supuesta estafa al Estado provincial, la archive, o la considere improcedente.