Un acto de justicia: Los defensores públicos dejarán de ser gratuitos para algunos casos

A quince años de conformado el Poder Judicial, la actual presidenta del Superior Tribunal, María del Carmen Battaini, firmó una acordada poniendo fin a la gratuidad de los servicios de la Defensoría Pública en el fuero provincial, para aquellos en que es evidente que pueden afrontar los honorarios. Durante mucho tiempo ex funcionarios acusados de presunta corrupción e irregular manejo de fondos públicos se valieron de una defensa sin pagar.
RIO GRANDE.- Sólo en los casos donde se compruebe que no puede afrontar el pago de honorarios, los defensores públicos serán gratuitos. Así lo indica la Acordada 32/2009 emitida por la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, doctora María del Carmen Battaini.

Con esta resolución de la justicia fueguina -adoptada a casi quince años de vida del Poder Judicial- se termina una «suerte de privilegio» de la que gozaron algunos ex funcionarios, denunciados por casos de corrupción o por el irregular manejo de fondos públicos.

La acordada del Superior Tribunal dispone que, de ahora en más se regulen honorarios a los Defensores Públicos, «cuyos montos serán incorporados a los fondos propios del Poder Judicial».

La gratuidad se mantendrá, exclusivamente, en aquellos casos en que las personas que deban ser asistidas demuestren que no cuentan con recursos para afrontar el pago de honorarios.

En reiteradas oportunidades se ha podido ver cómo algunos ex funcionarios, que han debido responder ante los estrados judiciales por sospechas de corrupción o de mal manejo de fondos cuya responsabilidad estaba a su cargo, tuvieron defensa gratis, a pesar que sus ingresos les permitían la contratación de un abogado particular.

Uno de los recientes casos más llamativos fue el del ex concejal Pablo Wolaniuk, quien fue asistido en todo momento por el defensor ante el Superior Tribunal, doctor Gustavo Ariznabarreta; incluso hasta cuando el caso se ventiló en un juicio oral y público.

El año pasado, el ex funcionario de Jorge Colazo y ahora comerciante, Enzo Filosa, tuvo la asistencia de ese mismo letrado cuando se llevó adelante un juicio oral y público por un caso de presunto delito de peculado, durante su paso en la función pública en la intendencia de Río Grande.

Ariznabarreta también tuvo a su cargo el juicio contra ex funcionarios del Banco de Tierra del Fuego. Algunos de los casos lo obligaron a trasladarse a Río Grande, cuando su asiento natural es Ushuaia, por lo tanto, su presencia en el Tribunal del distrito norte importaba siempre el gasto de viáticos y traslado, afrontados todos por el Estado.

En todos los casos enumerados anteriormente, resultaba llamativo que las personas procesadas contaban y cuentan con ingresos suficientes para costear el pago de honorarios a un abogado de la matrícula.

Precisamente, es en estos hechos puntuales en que el Superior Tribunal hace justicia, al imponer la obligación de pagar honorarios por los servicios de la Defensoría Pública, sin por ello conculcar el derecho de defensa en juicio que garantiza la Constitución Provincial y Nacional.

PRINCIPALES PUNTOS DE LA ACORDADA

-La actuación de los Defensores Públicos en todo tipo de proceso dará lugar a la regulación de los honorarios respectivos, salvo en caso de intervención promiscua del Ministerio Pupilar.

-En cuestiones de índole civil o comercial y en caso de patrocinio de actores, los Defensores Públicos deberán evaluar la procedencia de la pretensión del requirente. Si fuera manifiestamente infundada el Defensor deberá dejar constancia en el registro de consultas las causales de la negativa a la intervención.

-En las causas de familia sin contenido patrimonial el patrocinio del Defensor Público tiene efecto de declaración judicial de pobreza.

-Cuando el Defensor Público deba intervenir en causa penal, a pedido del imputado o por falta de designación de abogado particular, informará, en la primera oportunidad, sobre la eventualidad de retribución del servicio de defensa pública si el imputado cuenta con medios suficientes para ello.

-El tribunal regulará los honorarios inherentes a la actuación profesional del Defensor Público conforme a lo establecido por la ley de aranceles, cuyo importe se depositará en la Cuenta General del Superior Tribunal de Justicia en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.

-Las sumas que se recauden por tal concepto, se incorporarán a los fondos propios del Poder Judicial y serán aplicados preferentemente a la atención de gastos de organización, funcionamiento y capacitación del Ministerio Público de la Defensa.

Comentá la nota