Activan reforma: golpe al PJ, transición regulada y debate

Activan reforma: golpe al PJ, transición regulada y debate

Son tres proyectos para cambiar el Código Electoral. Cepo a contrataciones de Gobierno saliente. Traspaso de mando desde la 0 hora del 10/12/2019.

¿Cuando finaliza el mandato de Mauricio Macri y a qué hora comenzará la presidencia de su sucesor/a? ¿Qué pasa si un candidato se niega a debatir? ¿Hasta cuándo puede el Gobierno saliente contratar personal para la administración pública? Todos estos interrogantes ya tienen respuesta y comenzarán a ser debatidos el 4 de agosto en la Cámara de Diputados con la presencia de Rogelio Frigerio y Adrián Pérez en el marco de la reforma electoral que incluye la implementación de la boleta única electrónica (BUE) a partir de las elecciones legislativas del próximo año.

En el Gobierno nacional "hay premura", según confesaron desde Casa Rosada, para convertir en ley los dos proyectos que ingresaron a Diputados -BUE y transición presidencial- y al Senado -debate presidencial obligatorio- antes del receso de invierno. Frigerio y Pérez expondrán en un plenario que tiene a la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el macrista Pablo Tonelli, como cabecera. Si bien las iniciativas sufrirán modificaciones, ya existe un preacuerdo con el Frente Renovador de Sergio Massa y el Bloque Justicialista de Oscar Romero para aprobar las iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo. 

Las reformas electorales demandan una mayoría especial y deben ser aprobadas por la mitad más un voto de la totalidad de ambas Cámaras. La resistencia está encabezada por el kirchnerista Frente para la Victoria que en su última reunión de bloque se alarmó ante la advertencia de Jorge Landau, apoderado del Partido Justicialista: "Es una reforma pensada a medida del peronismo, pero para desintegrar el poder territorial del peronismo".

Landau, exdiputado del Frente para la Victoria y dueño de la firma del partido, encendió las alarmas en el FpV. La reforma que propone Cambiemos barre con una fuente laboral precarizada: el puntero político. 

Con la boleta única electrónica desaparece el colectivo cargado de votantes con la boleta papel en el bolsillo para ir a votar. También extingue el delivery de boletas, un clásico de los intendentes del conurbano que, con tal de preservar sus municipios, ya cuentan con una maquinaria aceitada para acercar las boletas puerta a puerta. Ya sea que se trate de la boleta completa 

de su agrupación, o boleta cortada con el tramo de su candidatura pegada al postulante que haya salido primero en las primarias, ya sea compañero o adversario.

Al barrer con el territorio, el oficialismo reinante con los recursos del Estado está en mejores condiciones de fidelizar votantes incluso por encima de los intendentes o punteros políticos, peronistas o radicales. Los dos principales partidos de la Argentina, el PJ y la UCR, cuentan con un capital político y estructura partidaria que el PRO aún no tiene. Esa falencia también se suple con la BUE al eliminar ese peso territorial del peronismo y el radicalismo, socio y adversario de Cambiemos en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. 

Pero la BUE no es la única estocada política al peronismo. La reforma presentada por la Secretaría de Asuntos Políticos y Fortalecimiento Institucional del Ministerio del Interior incluye un cepo al PJ. Se trata de la prohibición de combinar candidatos de distintos frentes electorales. Hasta ahora, el elector podía cruzar frentes electorales en las PASO. Es decir, estaba habilitado a votar, por ejemplo, a un candidato de Cambiemos en la categoría diputados y un candidato del Frente para la Victoria para la categoría senadores. Esa libertad desaparece con la reforma. Y apunta a agravar la dispersión y división del peronismo luego de la derrota de Daniel Scioli.

Lo que el oficialismo persigue con esa prohibición de frentes cruzados es, en realidad, que no se combinen distintos candidatos del panperonismo. Quien participe en la PASO del Frente Renovador de Sergio Massa no podría combinar candidatos con el FpV ni con el Justicialismo de Diego Bossio o con una eventual boleta de Florencio Randazzo.

Si bien el Gobierno nacional tiene "premura" en aprobar los tres proyectos -BUE, transición regulada y debate presidencial obligatorio-, el tratamiento en Diputados no será "exprés". El apuro apunta principalmente al tiempo que demorará su implementación teniendo en cuenta que se deberán licitar las máquinas y softwares para emitir el voto. A las exposiciones 

de Frigerio y Pérez se sumarán jueces electorales y representantes de partidos políticos que ya fueron recibidos por el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior. 

Durante el debate en comisiones habrá un flashback de la última elección. El proyecto que regula específicamente la transición presidencial fija pautas para evitar el conflicto que protagonizaron Cristina de Kirchner y Mauricio Macri en la previa de la ceremonia de asunción y de la Asamblea Legislativa. Por eso la iniciativa establece que el ejercicio de la Presidencia de la Nación comienza a las 00.00 hora del 10 de diciembre, antes de la jura en Casa Rosada y también de la Asamblea Legislativa en el Congreso. Además establece un cepo a las contrataciones de personal del Gobierno saliente que sólo podrá ampliar la planta permanente, transitoria o contratar hasta el día previo a las elecciones generales. Esa disposición se aplicará también para licitaciones. Además, se fija la obligación de realizar una reunión entre el gabinete entrante y el saliente, así como el deber de informar las ejecuciones presupuestarias áreas por área.

En cuanto al debate presidencial obligatorio, el proyecto ingresó por el Senado y establece el intercambio imperativo de propuestas de Gobierno entre los postulantes antes de la elección general. La iniciativa también remite a Scioli y a todos aquellos candidatos que, presumiendo que ganarán los comicios sobre la base de encuestas, se niegan a debatir. Si el proyecto se convierte en ley, en la campaña presidencial 2019 se fijará una sanción para el candidato que no se presente: la quita de los espacios de publicidad audiovisual gratuitos que el Estado otorga a cada competidor.

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