El derrumbe del muelle continental del Puerto Ibicuy tuvo un fuerte contenido simbólico. Mientras la provincia intentaba perfilarse como un actor central en la matriz productiva del Mercosur, su mejor puerto natural se iba al fondo del río, colapsado por el peso de las montañas de mineral de hierro que irresponsablemente se habían levantado a metros del muelle sin control alguno.

El derrumbe fue un duro golpe a la gestión de Sergio Urribarri, y a los planes productivos de la provincia. Para colmo, la situación era compleja desde lo legal. La responsable del hecho fue la empresa Transporte Ibicuy Sociedad Anónima (TISA), una persona jurídica insolvente para responder por el daño; pese que está conformada por socios de indudable capacidad financiera.

La integran como accionistas Argenmar SA, una empresa nacional de transporte marítimo y fluvial; pero también InterBarge, una transportadora internacional que a su vez está integrada al holding Seacor, que es el que realiza el 80% del flete del mineral de hierro a la poderosa VALE ( Companhia Vale do Rio Doce), de capitales brasileños. También participa en TISA la constructora SASA. TISA existe porque en algún momento la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que formaban sus solventes accionistas reemplazada por una sociedad anónima de escaso capital. A ello se sumaba que la compañía de seguros Noble -especializada en responsabilidad profesional- tampoco reconocía el siniestro.

Si bien, apenas ocurrido el derrumbe, TISA había aceptado su responsabilidad en el hecho, llegando incluso a asistir con alimentos a las familias afectadas por la falta de empleo derivada del accidente; una resolución del Instituto Portuario de Entre Ríos de 2012 dejó sin efecto todo lo actuado hasta el momento, incluyendo el reconocimiento de TISA de su responsabilidad.

El tema, justo es decirlo, venía como anillo al dedo a la oposición en la campaña electoral de 2011. El muelle estaba en el fondo del río y la posibilidad de llevar a juicio al permisionario era incierta ya que, por ejemplo, el ente portuario nunca había dicho nada sobre la acumulación excesiva del mineral de hierro.

 La designación de Tentor

El 26 de diciembre de 2012 Urribarri sorprendió a algunos designando el frente del Ente Autárquico Puerto Ibicuy (EAPI) a Edgardo Tentor, un contador que formaba parte de la planta permanente del Tribunal de Cuentas de la Provincia y que asumió efectivamente en febrero del año siguiente.

Una de las primeras decisiones que tomó fue promover una acción judicial que, pese al escenario adverso, tenía como objetivo presionar a TISA y a VALE a sentarse a negociar. Allí comenzó a jugar un rol decisivo un abogado de la Fiscalía de Estado a quien el fiscal (Julio Rodríguez Signes) encomendó específicamente para una negociación. Integrantes del gremio de los panaderos todavía recuerdan un encuentro realizado en la sede sindical entre Tentor y el abogado Lisandro Minigutti, al que cada uno de los socios de TISA envió tres o cuatro abogados. En total, eran más de 30, incluidos por ejemplo los del estudio jurídico Marval O’Farrell Mairal, esos que cobran 480 dólares la hora de asesoramiento, en el punto de reunión más sobrio que Tentor pudo conseguir.

 Un acuerdo condicionado

Si el viejo muelle estaba 20 metros bajo agua, la Provincia estaba 20 metros bajo tierra en esa negociación. Incluso el objetivo de la misma era de cumplimiento imposible. ¿Cómo pedir que se restituya un muelle construido con una tecnología de hace un siglo?

Las posibilidades de la parte estatal estaban atadas al interés de TISA por seguir operando el negocio. Ya en 2010 las empresas que forman TISA (en ese momento eran una UTE) habían anunciado la inversión de 23 millones de pesos para construir una central de trasvasamiento de carga que, tras la caída del muelle, permitió que el puerto siguiera operativo, aunque muy menguado obviamente en su capacidad.

Lo que había que negociar era un acuerdo que combinara la indemnización a la Provincia con la reconstrucción del muelle. En ese momento la mejor indemnización a la que se podía aspirar no cubría ni la mitad del costo de la reedificación.

Y para terminar de complicarla, algunos socios de TISA querían una cosa, y otros, una distinta. Para ser claros, a InterBage no le interesaba demasiado la reconstrucción porque podía operar desde cualquier otro puerto (el de Rosario, por ejemplo) con un resultado económico similar; mientras que SASA impulsaba acordar la reconstrucción porque se iba a encargar del desarrollo de las obras. Es decir que TISA, de la cual SASA es accionista, iba a contratar a su vez a SASA para los trabajos.

Pero TISA no tenía capacidad económica para hacerlo, por lo que la demanda judicial apuntó a la aseguradora Noble (y sus reaseguradores) que nunca habían pagado un monto de la magnitud del que ofrecían: 2,5 millones de dólares; y menos aún del que terminaron pagando, de 4 millones de dólares, que actualmente están depositados en la cuenta de EAPI en el Nuevo Bersa.

Para pagar, la asegurado pidió que en un plazo no mayor a 40 días la Fiscalía de Estado emitiera un dictamen avalando la negociación (donde incluso valorara como razonables la sumas acordadas), y que este dictamen fuera ratificado por un decreto de Urribarri, y publicado en el Boletín Oficial. Noble cerraba de este modo la puerta a nuevos reclamos por parte del Estado entrerriano. Y el gobierno aceptó, teniendo en cuenta especialmente el oscuro escenario de la demanda judicial.

Lejos de representar una solución en sí misma, el acuerdo por los 4 millones de dólares disparó una negociación histórica, al menos en la Provincia, con un grupo de empresas de enorme poder de lobby en todo el mundo.

La aseguradora Noble y TISA aceptaron aplicar el monto del seguro a un proceso de indemnización y reconstrucción del muelle si se garantizaban a la vez, primero, quedar indemnes frente a futuros reclamos judiciales; y segundo, se les mantenía el permiso de uso para lograr amortizar la inversión realizada en el nuevo muelle. La Provincia, por su parte, se garantizaba la indemnización de 4 millones de dólares y el compromiso de reconstrucción del muelle, que era mucho más que lo que tenía al principio de la discusión.

 Más complicaciones

Si bien ese acuerdo se firmó en abril de 2014, corrió riesgo porque TISA y Noble reclamaron que los fondos no fueran administrados por el Estado directamente, por temor a que se desviaran del objetivo de la reconstrucción del muelle. El Estado no le generaba confianza a los privados. La negociación, encabezada por Tentor, acordó la figura del fideicomiso, depositando los 4 millones verdes en una cuenta fiduciaria. El problema fue que los privados pretendían las administración de la cuenta, lo que no resultaba tan descabellado teniendo en cuenta que la reconstrucción del muelle no era una obra pública convencional, sino parte de un acuerdo transaccional en el marco de un litigio.

Después de mucho negociar -e incluso dejar entrever la posibilidad de acotar el permiso de uso- la cuenta terminó manejada por el Estado -representando en Tentor- con expresos criterios de razonabilidad en el gasto; lo que le permitió incluso establecer que el costo de la supervisión técnica de la obra, con profesionales contratados por el Estado, será pagada por los privados. Se trata de unos 30.000 pesos mensuales de honorarios y algún viático.

A partir de allí debía discutirse cómo realizar la reconstrucción. Se acordó utilizar los 4 millones de dólares del seguro y que Tisa aportaría otros 4 millones. Se trabajaría de acuerdo a un anteproyecto elaborado por TISA y aprobado por el ente portuario provincial. Para garantizar el aporte de TISA la Provincia requirió un seguro de caución, pero ese requisito se convirtió en un obstáculo para el permisionario, ya que su escaso patrimonio no resultaba convincente para ninguna aseguradora.

El acuerdo estaba otra vez en riesgo. Se decidió -después de meses de reuniones- que TISA no debería presentar el seguro de caución por 4 millones de dólares, pero que deberían invertirse primero los 4 millones comprometidos por TISA y, recién después, se utilizarían los 4 del seguro .

Con la zanahoria del permiso de uso, el representante estatal consiguió que TISA y Noble se comprometieran a constituir un seguro de caución de 700.000 dólares para amortizar el final de obra si, por efecto de la inflación -ya que el plazo de ejecución es dos año- al final del proceso falta algo de dinero. E incluso, de los 4 millones en manos del Estado, el EAPI retendrá un 5% por igual criterio hasta finalizada la obra.

Solo a título anecdótico, sirve contar que en el primer borrador de acuerdo propuesto por TISA decía que si sobraba algo de los 8 millones de dólares, le sería reintegrado a la empresa. Lo más probable es que no sobre nada; pero es una muestra de las pretensiones que suelen imponérsele sin más trámites al Estado.

 En el sprint final

Sobre el final de la negociación, los representantes estatales consiguieron otra ventaja; o si se quiere, revirtieron otra desventaja, producto de un privilegio oportunamente cedido por el flexible manejo estatal.

Al momento del derrumbe, TISA tenía la exclusividad del manejo del mineral de hierro en las instalaciones portuarias. Aunque parezca extraño, era así. Incluso, en 2013, cuando el gobierno entrerriano anunció que se negociaba con Bolivia la eventual salida por el Puerto de Ibicuy de ese mineral proveniente del cerro Mutún (el yacimiento de hierro más grande del mundo), seguía vigente ese acuerdo de exclusividad.

Negociando la extensión del permiso de uso, se logró que TISA renuncie a esa prerrogativa.

En cuanto al permiso de uso, que originalmente era por 10 años, se decidió suspender su desarrollo desde el momento del derrumbe hasta la finalización del plazo de dos años que tiene la ejecución de la obra. Ese plazo se cuenta desde el miércoles pasado, cuando se firmó el inicio de obra. Es decir que en setiembre de 2016 se retomará el conteo de la década de uso que fue suspendido a julio de 2011, estimándose así que TISA mantiene la posibilidad de amortizar la inversión realizada.

En el medio se negoció también la situación del 25% del muelle que no se derrumbó. TISA pretendía dejarlo como está y la Provincia sostenía que debía garantizarse que ese tramo (unos 30 metros) tuviera la misma resistencia del muelle nuevo. Su reconstrucción encarecería la obra en no menos de 1 millón de dólares. Finalmente la empresa aceptó costear el testeo de cada uno de los pilares (bajo la supervisión del Estado), para reparar los que estuvieran dañados, y luego realizar una nueva cubierta.

Cuando la reconstrucción del muelle continental se haya finalizado, en los términos previstos, recién comenzará la transformación del Puerto de Ibicuy. Será el primer paso para convertirlo en una opción real de salida para la producción entrerriana, argentina y de países limítrofes.

Si se considera la negociación desde febrero de 2013 (realizada por Tentor, Minigutti y sus colaboradores), el balance será positivo. No era una negociación libre, sino que se trataba con una empresa casi insolvente y el proceso judicial no era una alternativa viable.

Si en cambio se toma en cuenta el manejo del puerto incluso desde antes del derrumbe, podrá considerarse que se corrigieron algunas de las antiguas distorsiones. Otras, será mejor que sigan bajo agua. Y que se aprenda de la experiencia.

 El puerto se mantuvo activo

La negociación tenía por objetivo resolver el conflicto con la empresa TISA y lograr que se hiciera cargo del daño en el muelle. Pero debía realizarse de tal modo que, antes de reparar el daño, el puerto volviera a estar operable, para mantener el negocio y la generación de puestos de trabajo. Por eso el primer acuerdo, en marzo de 2013, implicó la realización de un muelle para barcazas que permitiera realizar las operaciones de carga y descarga de mineral de hierro.

De esta forma, las barcazas pudieron cargar los buques Panamax, que tienen una capacidad de 45.000 toneladas. En 2013 se cargaron 11 buques con un promedio de carga de 40.000 toneladas cada uno. Y en lo que va de 2014 se cargaron ocho.

Esta actividad generó unos 90 puestos de trabajo para la operatoria portuaria contratados por la empresa TISA, que se suma a la mano de obra generada en la reconstrucción del predio que implica el barcacero, el muelle continental -tal como era antes- de 156 metros por 14 de ancho, que soporte 2,5 toneladas por metro cuadrado, más el tablestacado y la obras complementarias, como el alumbrado y la red de prevención de incendios.

 La minera VALE

VALE es una empresa multinacional brasileña que opera en los sectores de minería, logística, energía siderúrgica y petróleo, y es uno de los mayores operadores logísticos de Brasil. Es también la segunda compañía minera más grande del mundo y el mayor productor mundial de hierro y segundo en níquel.