Aconsejan que dos causas contra la re-reelección se tramiten juntas.

La fiscala ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo concluyó que las demandas iniciadas por García y por Avila Gallo guardan conexión.
Una importante conclusión se desprende del dictamen pronunciado por la fiscala ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Elena Sangenis de Terraf. Esta aconsejó que la Sala I de dicha Cámara (y no la II) sea la encargada de resolver la candente demanda entablada por el dirigente radical Ariel García, quien cuestiona la constitucionalidad del artículo 159 de la Carta Magna de 2006, que autoriza a que el gobernador, José Alperovich, pueda aspirar a una nueva reelección en 2011.

Si bien su opinión no tiene carácter vinculante, Sangenis de Terraf sugirió que la causa sea girada a la Sala I (la integran Salvador Ruiz y Horacio Castellanos) por guardar conexidad con la que impulsa Exequiel Avila Gallo (presidente del partido Defensa Provincial Bandera Blanca), que está radicada ante aquel tribunal.

La fiscala intervino porque el 1 de octubre del año pasado Carlos Giovanniello, a cargo de la Sala II, en la que recayó la acción de inconstitucionalidad planteada por García, había solicitado que dictaminara frente a una posible conexidad con la causa caratulada “Defensa Provincial Bandera Blanca”. Esta se tramita ante la Sala I desde antes de que García promoviera la suya.

Sólidos argumentos

Después de haber cotejado que Avila Gallo también cuestiona (entre otras normas de la Carta Magna reformada en 2006) la constitucionalidad del artículo 159, que permite la re-reelección, Sangenis de Terraf concluyó que la Sala I debe entender en el planteo de García. Argumentó que los artículos 19, 57 y 74 del Código Procesal Constitucional obligan a que, respecto de acciones judiciales por las que se cuestionan actos similares que afectan a varias personas, actúe el tribunal que ha prevenido; en este caso, la Sala I.

La fiscala fue terminante. “Del objeto perseguido por ambas demandas deviene la necesidad de que sea un mismo tribunal el que prevenga en los dos juicios atento al peligro del dictado de sentencias contradictorias”, justificó. De acuerdo con Sangenis de Terraf, entre las dos demandas contra la re-reelección (las articuladas por Avila Gallo y por García) se configura una doble conexidad: objetiva e instrumental (por similitud de las cuestiones discutidas en ellas). “En ambas se pretende el amparo jurisdiccional por una lesión originada en un mismo hecho o acto, la normativa constitucional sancionada por la Convención Constituyente de 2006, cuya vigencia se pretende enervar”, aseveró.

Se descuenta que, a partir del dictamen de la fiscala, Giovanniello se declarará incompetente y girará la causa caratulada “García” a la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

La Sala II, que también conforma Rodolfo Novillo, es la que el 5 de febrero de 2008 pronunció una histórica sentencia. Ese día, el tribunal declaró inconstitucionales varias disposiciones de la reforma constitucional concretada por el oficialismo en 2006; entre ellas la que permitía que el Poder Ejecutivo organizara discrecionalmente -mediante decreto- el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), instituto previsto para que se encargara de la selección de los futuros jueces inferiores de la provincia.

Aquel fallo de la Sala II también bloqueó la posibilidad de que en el futuro hubiera reformas de la Carta Magna por medio del flexible sistema de enmiendas legislativas. Ambas decisiones fueron confirmadas por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia.

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