La difusión del llamado a selección por concurso transparente, público y abierto a participación ciudadana se publicitó no solo en los medios de comunicación sino también a través de su página web (www.mpba.gov.ar), donde se fijaron las fechas de convocatoria a inscripción y examen a las instancias. Allí mismo se consignó también la importante remuneración para cada cargo a concursarse (material que aun figura en dicha página).

Abierta la inscripción el año pasado, esta se fue extendiendo por el escaso interés a los cargos, hasta que en los últimos tres meses se realizaron los exámenes, llegándose a la etapa de impugnación de las calificaciones obtenidas por los inscriptos, donde figuran respetados profesionales tales como jueces, fiscales, ayudantes de fiscales, instructores judiciales, policías y ex policías especialistas y profesores.

En ese marco, trascendió el profundo malestar por la baja calificación obtenida por los distintos especialistas, con trayectoria y amplia experiencia, quienes sospechan de un beneficio a otros colegas noveles y sin antecedentes, que contarían con un aval político de influencia que habría puesto bajo sospechas fundadas la transparencia y legalidad del concurso.

En la culminación de un concurso para designar a los futuros encargados de la Policía Judicial de la provincia a crearse, impulsado por la procuradora Falbo, con un jurado a cargo de Carlos León Arslanián, acontecieron irregularidades consistentes en:

1.- Sugestivamente obtuvo un puntaje descollante en su exposición oral (superando ampliamente a jueces, fiscales, ex policías y expertos en la temática) una novel abogada con escasa experiencia en el área de investigación de delitos, con exiguos antecedentes y cuyo única referencia evidente es su apellido Di Rocco, coincidentemente el mismo que Eduardo Di Rocco, quien fuera ministro de Justicia en la época en que Arslanián se desempeñaba como titular en el área de Seguridad durante la gestión de Felipe Sola. La amplia diferencia en su puntuación dio lugar a acciones de impugnación por el resto de los concursantes, que no obtuvieron resultado ni respuesta.

2.- Similar circunstancia ocurrió con el postulante Alejandro Roberto Batista, quien durante la gestión de Arslanián como ministro de Justicia y Seguridad se desempeñó como director provincial de Ejecución Penal, dando por cierto que no le resultaría desconocida la circunstancia o la persona y que, lejos de excusarse para calificarlo o emitir un juicio de valor, obtuvo el mayor puntaje por sobre el resto, pero en una forma evidentemente desproporcionada. Para el cargo postulado de secretario de Formación y Capacitación al que se presentara Batista, en los antecedentes académicos y pedagógicos, era ampliamente superado por el resto de los concursantes.

3.- Otra designación llamativa es la de Federico Nicolás Aliende, quien se postuló para secretario en Mar del Plata, ciudad donde reside, y sin experiencia ni antecedentes algunos obtuvo el mayor puntaje, a pesar de tener escasos cinco años de recibido. Casualmente Aliende trabaja en el ministerio Publico Fiscal de Mar del Plata, donde es fiscal general Fabián Fernández Garello, quien participó activamente en las instancias del armado del concurso, circunstancia que se puede acreditar en las actas de conformación.

4.- Al margen de estas anomalías, lo más sobresaliente fue la metodología de evaluación, corrección y calificación de los exámenes, proceso en el cual se cambiaron las normas y valor de las preguntas a posteriori de rendidos los mismos, un ejemplo claro fue el de la mayoría de los desaprobados, a los que no se les permitió ver su prueba ni la del resto para poder saber en qué se basaba su baja calificación y por qué se tomaron temas que no figuraban en el programa de estudios dado.

5.- El reglamento preveía cuestiones básicas pero no regulaba casos como la posibilidad de que quedara desierto algún cargo. Tampoco daba un determinado puntaje de aprobación o desaprobación. En síntesis, se aprobaba o no basándose en la discrecionalidad del jurado, circunstancia que sumada a lo apuntado más arriba. Esto hace sospechar una maniobra destinada a favorecer a determinados candidatos y perjudicar al resto, violando la igualdad de oportunidades y la transparencia que tan altos e importantes cargos requieren para beneficio de la sociedad en su conjunto, dado que no hay que olvidarse que la futura Policía Judicial de la Procuración, será el organismo que investigue la conducta de los funcionarios públicos que cometan delitos.

Como síntesis, no quedan al margen estas maniobras de los nombramientos masivos y de tramite urgente que realizó el gobierno saliente, tanto en provincia como en Nación y que hoy son revisados y cuestionados. Lo más significativo es que la creación de la Policía Judicial fue un anhelo posible tras muchos años de espera y en los últimos cuatro meses se aceleró todo el proceso de selección, que, como se apuntara, se sospecha que fue netamente acomodaticio.

Ahora, según supo REALPOLITIK, se esperan denuncias administrativas y penales contra los integrantes del jurado evaluador, presidido por el doctor León Arslanián, además de diputados, senadores y fiscales, entre otros.