Aciar cuestionó a los consejeros que objetaron el decreto para la selección de los jueces

Los calificó de «un grupo reducido» que quiere una «selección de elite». En sus críticas encerró la decisión adoptada por la abogada Teresa Lopardi, quien representa a los letrados matriculados en la ciudad de Ushuaia. Otro que defendió el decreto es el secretario Legal y Técnico, Eduardo Olivero, el cual también tuvo «munición gruesa» contra los legisladores.
El presidente del Colegio de Abogados de Ushuaia, doctor Antonio Aciar, objetó la decisión de la representante de los letrados ante el Consejo de la Magistratura, doctora Teresa Lopardi, al haber apoyado al resto de los consejeros en el planteo de inconstitucionalidad al decreto que emitió la gobernadora Ríos sobre la selección de los jueces para el Superior Tribunal.

El doctor Aciar salió en defensa del decreto, contrariando la postura adoptada por la doctora Lopardi, considerando que la Constitución Provincial avala la decisión adoptada por la gobernadora Fabiana Ríos de tener la atribución de objetar al candidato que surja de la selección que efectúa el Consejo de la Magistratura.

El Abogado dijo que quienes se oponen al decreto «están del lado de la postura que no quieren más participación ni más control», subrayando que «quieren que esto sea una selección de elite, de un grupo reducido, no abierto a la gente».

Con esta postura, Aciar no parece tener en cuenta las últimas modificaciones a la reglamentación del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, mediante la cual se da una amplia participación a vecinos y entidades intermedias de poder hacer consultas a los candidatos.

Es más, todas las reuniones del Consejo, como también los procesos de selección, son públicos, dependiendo de la decisión propia de la gente de acudir o no a las mismas. Lo que resta transparentar a ese cuerpo colegiado es el cronograma de encuentros y la difusión de las reuniones con anticipación, de manera que todos aquellos interesados puedan participar de las mismas.

Otra defensa oficial

El secretario Legal y Técnico, Eduardo Olivero, también defendió el decreto que firmó la gobernadora Fabiana Ríos y no podía ser de otra manera, por cuanto este funcionario debe velar por la legalidad de las medidas que dicta el Ejecutivo.

«El Ejecutivo no se está entrometiendo en ningún proceso de selección de jueces, como manifiesta el Consejo de la Magistratura», aseguró Olivero.

El funcionario puso en tela de juicio a los consejeros, indicando que «buscan confundir» a la sociedad con sus planteos y los alentó a mantener un debate público sobre la polémica que se ha planteado en todo este asunto.

DURO CON LOS LEGISLADORES

El secretario Legal y Técnico, Eduardo Olivero, no sólo limitó sus críticas al Consejo de la Magistratura. También tuvo municiones de muy grueso calibre contra los legisladores indicando que no dan la apertura necesaria para que exista un debate sobre la reglamentación del funcionamiento de ese cuerpo colegiado.

El funcionario lamentó que estén «cerrados los espacios de debate en la Legislatura, en cuanto a las reformas que existen para la selección de magistrados» y que ello fue lo que obligó al Ejecutivo a dictar el decreto 723/09 que generó la polémica.

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